Primera edición, Bogotá, D.C., marzo de 2011

Coordinación Editorial: Departamento de Comunicaciones y Marketing CESA

Corrección de Estilo: Jenny A. Jiménez M.

Diagramación y Diseño: Diego Esteban Romero Varón

© 2011 Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA

© 2011 Francisco Mejía Vélez

© 2011 Juan Santiago Correa (Editor)

ISBN: 978-958-8722-06-1

Comunicaciones

Cra. 6 No. 35 -28 Casa Lleras

comunicaciones@cesa.edu.co

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E-pub x Publidisa

330.9861

M516p

2011. Mejía Vélez, Francisco. ¡Para recordar!: Algunos planteamientos que dejaron huella en su momento / Francisco MejíaVélez. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración -CESA-. Departamento de Comunicaciones y Marketing, 2011. 148p.

PRÓLOGO

Tuve la suerte de conocer a Francisco Mejía Vélez cuando Mauricio Posada Mejía me lo presentó en la oficina de la sub-gerencia de la Compañía Colombiana de Cerámica, S.A., empresa fabricante de los azulejos Corona, en donde los dos trabajaban. Corría el año de 1952 y ya Pacho, ejercía su profesión de economista de la Universidad de Antioquia como sub-gerente de esa empresa, y Mauricio lo hacía como administrador de la fábrica, situada en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Tres años después yo me vincularía a la misma empresa como Secretario General.

Desde entonces se inició entre los dos una empatía que habría de convertirse en una sólida y franca amistad de la cual surgió una verdadera hermandad basada en el permanente respeto y en una firme lealtad entre los dos. Han sido más de cincuenta y cinco años durante los cuales hemos actuado y trabajado en múltiples actividades, hechos y sucesos relacionados con nuestros cargos en la Organización Corona, en donde durante quince años Pacho fue mi jefe inmediato con una característica no muy común: nunca se comportó conmigo, ni con los demás ejecutivos del Grupo Corona, como un superior jerárquico. Lo hacía como un compañero de equipo, siempre cordial, sincero, consejero y formador. Su lúcida y singular inteligencia, su sentido práctico para medir y resolver los problemas, su habilidad para dirigir a sus colaboradores y su enorme capacidad para tomar las decisiones acertadas, lo condujeron a convertirse en el alma de la Organización Corona y en su presidente por más de treinta años.

Esa experiencia sumada a sus conocimientos permanentemente incrementados por su interés en ser partícipe en el estudio y la solución de los grandes problemas nacionales, lo llevaron a convertirse no sólo en un empresario ejemplar sino en un consejero necesario y siempre atento, en las entidades e instituciones, privadas y públicas, donde en todas ellas dejó su inconfundible huella de orientador y dirigente de proyección nacional, como miembro de sus juntas directivas.

Es por todo ese valioso “bagaje” acumulado durante su meritoria existencia, por lo que ahora el país recibe el regalo de sus “planteamientos que dejaron huella en su momento”, como él decidió titular sus vivencias y su participación en la vida económica y empresarial colombiana. Y, también “para recordar”mucho de lo que pasó, se propuso y se realizó en el país, gracias a su visión, a su capacidad analítica y a su sentido práctico.

“Pacho”, como le decimos todos quienes lo queremos y nos beneficiamos de su sincera y desinteresada generosidad, quiere despertar en sus lectores la memoria para meditar y reflexionar sobre temas tan importantes y de permanente actualidad, como la devaluación del peso y la economía colombiana; sus pros y sus contras, lo que ella ha significado para los exportadores, los importadores y los consumidores, incluyendo en esos tres grupos (como es obvio) a los productores de renglones agropecuarios y de productos manufacturados. En “La Descentralización; una necesidad” se refiere a la preocupación y a las intenciones del gobierno de ese entonces, de llevar a cabo una verdadera y necesaria descentralización. Quienes sentimos este proceso como una necesidad inaplazable, nos alegra que los planteamientos de Mejía Vélez se agiten de nuevo en la actualidad para que nos sorprendamos de todo lo que en este aspecto requiere el país y en lo quedado que está para darle una solución adecuada con el fin de que sus resultados permanezcan y contribuyan al desarrollo y progreso equilibrado de todas las regiones nacionales.

Los siguientes textos contienen un buen número de inquietudes, propuestas y soluciones a una problemática que siempre ha preocupado a “Pacho”: la cuestión social. La educación, el empleo, los salarios, la salud, la vivienda y la seguridad social, son todos temas que él expone y explica con la propiedad de un empresario que, fuera de ser economista profesional, domina los alcances, significados y repercusiones que los problemas sociales significan dentro del proceso económico, político y cultural de la Nación.

Me parece necesario destacar que aunque sus reminiscencias alrededor de lo social las refiere al año 1977, esto no quiere decir que no le preocupara antes ni que todavía sea motivo de sus inquietudes patrióticas permanentes.

He experimentado gran alegría y complacencia al leer las fuertes pero juiciosas arremetidas del autor contra el conjunto de perjuicios que en muchas ocasiones les hacen las entidades oficiales, las que dilapidan y malgastan los recursos financieros que con dura brega ha creado con su esfuerzo productivo el sector empresarial privado. Particularmente atractivos e interesantes son “El Reto para el Nuevo Gobierno”: “Hacer la Perestroika Colombiana”; “El Porqué de la Apertura”; “Frente a la Pérdida de Competitividad Externa”;

“Mis Vivencias en la Andi”; y, “Carta al Ministerio de Hacienda Doctor Oscar Iván Zuluaga”. Y muchos más temas llamados a sensibilizar y a reflexionar responsablemente a todos los líderes nacionales, acerca de la situación presente, de las posibilidades en un futuro próximo o lejano, no sólo de toda la Nación sino de su población expectante y confiada en que sus descendientes lograrán una vida y un bienestar muy superiores a los actuales.

En nuestra Patria, en donde infortunadamente todavía se debaten en medio de la pobreza y la indigencia alrededor de dieciocho millones de colombianos, es evidente e imperioso que necesitemos análisis, tesis, argumentos y propuestas como los que se encuentran en el libro de Francisco Mejía Vélez y todo lo cual amerita una divulgación amplia y generalizada.

Extiendo una cordial invitación a quienes estén leyendo estos párrafos, para que se adentren con regocijo e interés en unos “planteamientos” que, a no dudarlo, les harán un enorme bien intelectual y los prepararán para que con juicioso patriotismo, emprendan la batalla por nuestro desarrollo económico y social, por la reducción al mínimo posible de la pobreza y por la erradicación de la miseria y la desigualdad. En definitiva, Francisco Mejía Vélez piensa, como pensamos muchos, que las políticas públicas y macroeconómicas pueden ser más que unas teorías académicas, unas herramientas efectivas para que nuestra sociedad, el sector gubernamental y los gremios empresariales privados colaboren y participen activamente en la búsqueda de un país más justo y más próspero.

Ignacio Aguilar Zuluaga

1963

LA DEVALUACIÓN Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Intervención de Francisco Mejía en el primer Congreso Nacional de Economistas – Expositor invitado doctor Carlos Lleras Restrepo

Ha sido constante preocupación de quienes hacemos parte del actual Consejo Directivo de la Sociedad de Economistas, el que esta intervenga de forma activa en el planteamiento de soluciones a los más importantes problemas nacionales, con el fin de que aquellas no continúen siendo el fruto de la improvisación o la necesidad de medidas que tratan solo de salvar dificultades de momento.

Y es que la teoría económica no puede seguir siendo ignorada, ni menos despreciada, bajo la creencia a la cual vamos acostumbrándonos, (infortunadamente aún en los niveles más altos de nuestra clase dirigente), de que en nuestro medio las cosas son diferentes, de que aquí las leyes económicas no operan. Y bajo esta creencia falsa hacemos locuras, cometemos arbitrariedades e improvisamos, hasta el punto de que llevamos al país de tumbo en tumbo, solo por esa falta de consistencia, de derroteros fijos, de creer que la experiencia que han vivido otros no nos sirve a nosotros.

En un reciente e interesante artículo sobre Colombia anotaba el doctor Norman Baley, profesor de la Universidad de Nueva York:

Las leyes económicas son claras y sencillas y puede comprenderlas sin dificultad cualquier persona inteligente. No hay ningún misterio en ellas. El misterio está creado por ciertas personas con fines demagógicos o para reforzar su sentimiento de importancia personal, creyendo que tiene las llaves de la sabiduría negada a la mayoría de la gente. No solamente son sencillas las leyes económicas, sino además, son como las leyes físicas, es decir, van más allá de la voluntad humana. Si un día pasara el Congreso de Colombia una ley diciendo que de ahora en adelante el sol va a levantarse al Norte, el sol, a pesar de la voluntad del Congreso Colombiano, va a continuar levantándose por el Oriente. Lo mismo pasa con la leyes económicas.

En nuestro medio todos creemos entender de economía y, no obstante, no nos tomamos el tiempo para analizar algo tan racional y sencillo como es la teoría cuantitativa de la moneda, según la cual “los precios de los artículos tienden a variar en proporción al medio circulante”; ya que de antemano presumimos que aquí esa u otras teorías no operan y lo que es peor, actuamos como si ellas en realidad no tuvieran aplicación.

Siguiendo los principios de la “Ecuación de Cambio” de Irving Fisher, supongamos que en un momento determinado tenemos un índice de precios de 100 y un medio circulante de 500 millones. Si posteriormente los medios de pago se incrementan a 1.000 millones, sin un aumento proporcional en la producción y con la misma velocidad en la circulación de la moneda, el índice de precios será de 200. Tal vez la proporción no sea exacta, pero la tendencia indudablemente será esa. En Colombia las estadísticas de los últimos años son muy claras y comprueban ampliamente lo anterior.

Veámoslo:

En 1951 se devaluó el peso en Colombia de $1,95 a $2,51 por dólar. La siguiente devaluación se hizo en junio de 1957 a tipo de cambio inicial de $4,85 por dólar, la cual fue incrementándose hasta estabilizarse a $6,40 por dólar en 1958, como promedio en ese año. Es decir, el incremento fue del orden de 155% entre los años 1951 y 1958. El aumento general de precios en el mismo período fue del 60% y los medios de pago aumentaron en 224%, crecimiento éste que solo en parte muy limitada sirvió para atender al incremento de la producción, pero que en más alto grado causó la elevación de los precios y el aumento en el valor del dólar.

Si consideramos el período de 1958 a octubre de 1962, tenemos que el incremento en el medio circulante fue del 58%, al pasar de 3.460 millones a 5.466 millones. A la vez el aumento en el costo de vida fue de 25%. Ante esta expansión de los medios de pago, con la consecuente alza del costo de vida, el peso colombiano sufrió una nueva pérdida de valor, hecho que fue consagrado con la devaluación de fines de 1962 al modificar el tipo de cambio del 6,70 al 9,00, lo cual significó esta vez un reajuste del 34%.

¿Por qué los economistas hemos sostenido que en octubre pasado la devaluación estaba ya hecha? Sencillamente porque el efecto natural del incremento en los medios de pago se traduce en un aumento simultáneo del nivel general de precios, si no hay un crecimiento proporcional en la producción; el valor del dólar participa de ese aumento como cualquier otro artículo que es demandado. El costo de vida y el valor del dólar son dos efectos de la misma causa y por lo tanto el aumento de uno de estos factores no tiene por qué incidir necesariamente, y en forma directa, en el aumento del otro.

Así mismo, nos hemos hecho a la creencia de que en Colombia la ley de la oferta y la demanda no tiene aplicación. El hecho es que, aunque así lo pensemos, los artículos seguirán teniendo demanda según el precio. Un artículo tendrá la mitad de demanda a $ 10 que a $ 5, aunque en la práctica la proporción varíe según la elasticidad de dicha demanda. Si bien es cierto que todavía a un precio mayor del dólar muchos industriales seguirán demandando las materias primas que necesitan, igual que muchas otras cosas de demanda inelástica, también es cierto que si mantenemos bajo, a la fuerza, el precio del dólar para artículos importados, la propensión a consumir esos otros artículos irá en aumento, en razón al incremento general de precios, puesto que, como lo anotamos, el dólar guarda una estrecha correlación con el nivel general de precios del país. Si no fuera así, no habría necesidad de crearnos el problema de hacer devaluaciones que buscan frenar la demanda de artículos importados y fomentar las exportaciones. Lo grave de las devaluaciones es que por falta de una política económica estable y técnica, nos vemos obligados a hacerlas a tirones, causando graves traumatismos al dar saltos tan grandes como del 155% entre 1957 y 1958, y del 34% en noviembre pasado. Lo sensato es tener una política monetaria que no nos obligue a dar esos saltos, pero si ella no existe, como no ha existido en los últimos años, lo ideal es que el dólar se ajuste automáticamente al nivel general de precios.

De 1951 a 1962 el tipo de cambio pasó de $2,51 al $9 por dólar, lo cual equivale a una devaluación del 12% anual. Cabe preguntar entonces, ¿qué es mejor? si asimilar paulatinamente el remedio que este desajuste necesita, o tomarlo a grandes dosis cada tres o cuatro años.

Cuando se deja establecer el desequilibrio el problema está en que el gobierno no tiene otras medidas diferentes de las que se enumeran enseguida, para frenar la demanda de divisas:

a. Reducir drásticamente el medio circulante, causando en esta forma una deflación, con consecuencias graves para el país entero.

b. Distribuir los dólares disponibles en forma de cupos, sin ninguna ventaja apreciable y con todas las arbitrariedades, exceso de utilidades, tráfico de influencias y demás defectos que ya conocimos con anterioridad a 1962.

c. Mantener una tasa real de cambio, lo cual equivale a permitir variaciones en el precio del dólar. Ello puede hacerse en forma directa o indirecta a través de impuestos de aduana, timbres, depósitos previos, etc. Haciéndolo directamente es más lógico, aunque impopular, como la experiencia misma lo demuestra, puesto que el público no entiende que la devaluación es un efecto de la política monetaria mal manejada y de la deficiencia de la producción frente a la creciente demanda de los consumidores; tanto para artículos nacionales como para importados. En esta forma, es necesario que la opinión pública abandone la falsa creencia de que los males posteriores que resultan después de una devaluación son consecuencia de esta, cuando precisamente por razón de esos males se hace necesaria la devaluación.

En los últimos meses hemos visto cómo se ha especulado con la última devaluación, hasta el punto de que no va a ser factible, al menos en varios años, volver a poner las cosas en orden, y cuando tratemos de hacerlo posiblemente tendremos un descalabro fatal porque el salto va a ser demasiado grande, si es que no entramos por los caminos de la razón, de la técnica y de la sensatez.

Ahora bien, ¿por qué los economistas afirmamos que la devaluación anunciada en noviembre no afectará en más del 5% el nivel general de precios? y ¿por qué en la realidad este ha sido superior al 30%?

Las razones son claras, aunque el país no se ha detenido a estudiarlas, al menos para capitalizar experiencias en el futuro. Porque si éstas nos sirvieran de algo bastaría recordar que la devaluación de 1957, cinco veces mayor que la última, no trajo al país las graves consecuencias que se le atribuyen a esta última devaluación. La diferencia podemos encontrarla en los planteamientos que se hicieron y en las medidas adicionales que se tomaron en ambas ocasiones.

Por otra parte, sabemos que el Producto Nacional Bruto es del orden de los 30.000 millones de pesos al año. Sabemos también que las mercancías que se importan son del orden de 3.700 millones al año, o sea que los artículos importados representan el 12% del Producto Nacional. Si el valor de las importaciones se afectó en un 34% por concepto de la devaluación quiere decir que ésta no debió haber incidido en más de un 5% en el nivel general de precios.

La causa de que, en lugar de un 5%, los precios se hayan afectado en más de un 30% se debe a varias razones, cinco de las cuales son en mi concepto las siguientes:

1. El factor psicológico en la economía es trascendental, más de lo que a simple vista parece. Este factor psicológico no se tuvo muy presente cuando se anunció la devaluación. Nadie podrá decir que esta medida fue bien presentada a la opinión pública por parte del gobierno y por parte de los organismos naturales de difusión. Un país, así sea Colombia, no resiste seis meses de psicosis discutiendo las ventajas y desventajas de un problema de esta naturaleza. Una devaluación no se anuncia, se hace. No se le da trascendencia, se le resta trascendencia.

2. La devaluación perseguía limitar el consumo de los artículos importados. No obstante, de noviembre de 1962 a marzo de 1963 las consecuencias fueron totalmente inversas y los consumos se aceleraron en forma muy apreciable, ante la perspectiva de un aumento en los precios que el gobierno erradamente se empeñó en aplazar, llevando a la práctica una inconveniente política de no afrontar los problemas con criterio realista. Además, el deseo de mantener un control sobre los precios acentuó la crisis; creó un principio de pánico entre vendedores y compradores; y, en no pocas ocasiones, como consecuencia de esa expectativa, hizo su aparición el acaparamiento y la especulación de quienes no tienen recato en aprovechar las oportunidades y las situaciones de indecisión.

3. Dos aumentos sucesivos de salarios, en agosto de 1962 y en enero de 1963 causaron, como se había previsto y como era lógico esperarlo, un incremento en el nivel general de precios no inferior al 20%. Este incremento apreciable no solo creó un aumento substancial en los costos de producción sino que, por otra parte, los mayores ingresos de la clase trabajadora provenientes del aumento de salarios no pudieron emplearse en la compra adicional de nuevos artículos que no existían en el mercado, porque un aumento general de salarios, por sí solo, no produce un aumento en la producción del país. A su vez, el alza de los salarios que fue improvisada y antitécnica, causó desempleo en escala apreciable, hizo su mayor impacto en la clase media y contribuyó a la mediocridad en el trabajo al suavizar y al aproximar las diferencias en las curvas de salario de las empresas.

4. El gobierno se ha visto enfrentado a una serie de problemas de difícil solución por la presión de muchos de los gremios que, ante las consecuencias de las medidas económicas, han tratado, con razón o sin ella, de corregir errores del pasado que nada tienen que ver con la devaluación misma o de mejorar sencillamente su posición en relación con el resto de los sectores de la economía.

5. El peor de los errores cometidos en el último año ha sido el de la emisión realizada en los últimos meses de 1962, que ascendió a $1.100.000. Este solo impacto en la economía elevó los medios de pago de 5.169.000. en julio de 1962 a 6.835.000 en diciembre, cifra que ha disminuido a 6.630.000 en julio pasado, a costa de sacrificar la capacidad financiera de las empresas por el traslado de recursos que se ha operado del sector privado al sector público, y la cual será aún mayor en los próximos meses con la emisión de bonos de absorción obligatoria por parte de los bancos si no se rebajan los encajes; y, en este caso, los efectos serán los mismos de una nueva emisión. La realidad es que los medios de pago se han incrementado entre julio de 1962 y julio de 1963 en un 28%. A la vez, el costo de vida ha subido en igual período en un 30%, de seguir en esta forma estaremos envueltos definitivamente en la espiral inflacionista con todas sus graves repercusiones y efectos desalentadores, de la cual es muy difícil salir bien librados.

No debemos engañarnos más al auto convencernos de que la devaluación es la causa de la actual situación. No. Seamos francos, la causa de nuestros males esta en nuestra incapacidad para resolver los problemas; en nuestra incapacidad de prever las consecuencias de lo que hacemos; en nuestra incapacidad para mantener una política económica recomendable, técnica y estable; y en nuestra negligencia para aumentar la producción y la productividad nacionales. La causa de nuestros males está en los errores que hemos cometido y los más sobresalientes son el incremento de los salarios por ley y las emisiones incontroladas para cubrir gastos públicos.

Lo grave es que hemos hecho creer al país que la causante de todo es la devaluación. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando, como consecuencia de los errores que seguimos cometiendo, nos veamos enfrentados a la continua pérdida de poder de compra de nuestra moneda? Será muy difícil para entonces convencer al país de que nuevamente habrá necesidad de tomar medidas drásticas o usar sistemas indirectos como aumento de los aranceles, depósitos de importación, licencias previas, etc.; debido a los compromisos que hemos adquirido con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.

No debemos acumular problemas que le causen traumatismos graves al país en un futuro inmediato y, en tal caso no debiéramos hacer cosa distinta a dejar que el dólar de importación participe libremente de las oscilaciones de los precios en el mercado y sea termómetro que mida los aciertos o desaciertos de la política económica del país. Si queremosevitar cambios bruscos en su cotización, limitemos esa oscilación a más o menos el 1% mensual, que al fin y al cabo es el valor del interés bancario, y en esta forma se evitara la propensión a importar más de lo necesario y se conseguirán los ajustes automáticos de nuestra economía, sin bruscas oscilaciones ni sobresaltos que ponderan y agravan más las circunstancias y los fenómenos económicos.

Si queremos salir del subdesarrollo tenemos que dar fe a las leyes económicas; tenemos que ponerlas en práctica sin temor; tenemos que estabilizar-nos a costa de sacrificios; tenemos que frenar la inflación con decisión; tenemos que incrementar la producción creando incentivos. Porque mientras el país siga viviendo de la improvisación no podremos ambicionar más de lo que hoy tenemos.1

1 Nota del Autor: En términos generales esto fue lo fundamental de la estrategia adoptada por el Estatuto Cambiario (Ley 444) con la devaluación “gota a gota” en la crisis cambiaria del año 1966, a pesar de la posición negativa en esta intervención del doctor Lleras Restrepo. Como sabemos, los problemas cambiarios se despejaron. En la primera década del nuevo siglo, y con énfasis en sus últimos años, las cosas han sido un tanto diferentes, por la pérdida del poder adquisitivo del dólar en los mercados internacionales y, especialmente, por la influencia en la balanza de pagos de las divisas provenientes de las drogas ilícitas, que se han filtrado por todas las rendijas de nuestra economía. Por estas razones se ha causado una apreciable revaluación del peso, la cual ha conducido a que nuestra mano de obra sea mucho menos competitiva en los mercados internacionales. Mientras el peso se ha revaluado entre enero/03 y febrero/10 en 33%, (es decir, las cosas importadas cuestan menos), el valor del salario mínimo se ha incrementado en un 55% en pesos, esto significa que la mano de obra de nuestros artículos exportados se ha hecho 129% más costosa (ver Reflexiones sobre el Empleo 2010).

1966

LA DESCENTRALIZACIÓN: UNA NECESIDAD

Ponencia presentada en la reunión con el doctor Hernando Agudelo Villa, en La Ceja, como miembro del Grupo Integración

Una de las razones por las cuales nuestro desarrollo es cada día más complejo se debe a la tendencia, también cada vez más pronunciada, de concentrar los problemas nacionales y la solución de ellos en unas pocas personas y en una determinada región, con el agravante de que la gente de provincia y su clase dirigente han acabado por ser indiferentes ante tal hecho.

A medida que la explosión demográfica incrementa aceleradamente la población del país y a medida que la civilización nos crea nuevas necesidades, los problemas comunes se tornan más complejos y el gobierno tiende a intervenir en campos que antes no atraían su atención y su entusiasmo. Ello se justificaría si nos dirigiésemos a alguna parte, si esos problemas lograran solución, si el país estuviera creciendo en forma integral y estable (y no a manera de un monstruo de cuya enorme cabeza brotan los ojos ávidos en nuevos campos en que intervenir, mientras sus extremidades raquíticas se atrofian). Pero no, lo único que logramos es una centralización que al crecer paralelamente con la intervención del gobierno asfixia al país con la proliferación de organismos y acaba por resignarlo a la mediocridad. A esa mediocridad de que hoy gozamos.

Al centralizar toda la intervención estatal en la capital del país los mejores hombres de las generaciones jóvenes de provincia se ven forzados a desplazarse hacia ésta en busca de campos donde puedan sobresalir. Igual ocurre con las nuevas promociones de estudiantes que tienen que terminar sus estudios universitarios lejos de su tierra y que no vuelven a ella por falta de oportunidades para ejercer su profesión. Lógicamente el hecho de que los mejores recursos humanos se encuentren en Bogotá acelera la centralización en las nuevas actividades que se inician, tanto en el campo privado como en el público.

Esa misma centralización desenfrenada, −concebida más con el ánimo de dar empleo improductivo a una burocracia−, ha hecho que los objetivos que la motivaran en varias oportunidades se tornen inoperantes a la larga y se produzca un desorden y un caos que conducen al país a perder el entusiasmo en los negocios que incrementan la producción, la productividad, el empleo productivo y por ende el ingreso per cápita. Las pocas energías disponibles se malgastan en la actualidad llenando papeleos oficiales, convenciendo a funcionarios del gobierno o, sencillamente, lo que es más simple, a la caza de negocios especulativos que tienen menos riesgo que estar bajo la tensión de las continuas reformas a las legislaciones impositiva y laboral.

La descentralización ha sido una de esas ideas románticas que todos soñamos, sobre la cual mucho hablamos y bien poco hacemos para lograrla. Son las fuerzas vivas de la nación, las que trabajan de sol a sol en provincia, las que tienen que despertar y organizarse, pedir y exigir hasta lograr una autonomía propia para sus regiones. Porque si queremos acelerar los procesos de cambio y lograr una transformación, esta tendrá que venir desde la provincia y no aguardar inútilmente a que llegue desde la Capital.

La reforma de Núñez en la que definió como ideal la “Centralización Política y la Descentralización Administrativa” desafortunadamente no ha podido lograrse en este último campo. En lo administrativo nos falta un complemento que podrá ser: centralización en las políticas y en el control y descentralización en la ejecución. Sobre esta base y con un sentido práctico e idealista a la vez, pienso que convendría plantear la discusión de los siguientes temas:

Concebir un Estado armónico, ordenado y con criterio claro de las prioridades. Para ello debemos emprender un estudio de cuáles son las funciones y los servicios esenciales que la Nación, los Departamentos y los Municipios deben atender con toda prioridad; y cuáles los controles indirectos fundamentales que será necesario implantar o mantener para lograr que esos objetivos considerados como primordiales se realicen. Una vez definido esto, cada entidad debe concentrarse exclusivamente en llevar a cabo los programas que se ha impuesto, con prioridad sobre cualquier nueva idea y utilizando todas sus capacidades humanas y económicas disponibles. Simultáneamente será necesario eliminar de un tajo todos los controles o requisitos que no hayan sido considerados en el programa fundamental, para evitar que la economía se vea entrabada en el futuro, como sucede en la actualidad, por un sinnúmero de disposiciones innecesarias e ilógicas, que congelan el desarrollo y desplazan la iniciativa hacia la búsqueda de andamiajes que sólo conducen al despilfarro de nuestros escasos recursos.

Como paso siguiente, los funcionarios públicos deberán ser sometidos a un completo reentrenamiento para acostumbrarlos a hacer su trabajo en forma racional, eficiente, sistemática y organizada, a la vez para hacerles tomar conciencia de que representa una pérdida para nuestra enclenque economía el tiempo transcurrido mientras ellos o no estudian los problemas o aplazan indefinidamente su solución.

Se les deberá concientizar que su función primordial es servir a los ciudadanos y de que en lugar de desorientadores pasivos deben esforzarse por ayudar a solucionar las dificultades, así sean insignificantes, en la forma más rápida y eficiente posible.

Foros de Administración para alcaldes, personeros, secretarios y aun para tramitadores, serán de gran importancia para fin de lograr un intercambio de ideas y de experiencias en beneficio de una administración más eficiente. En estos aspectos, desafortunadamente, el Servicio Civil no ha sido otra cosa que un lastre para la Administración Oficial; y la Escuela de Administración Pública llamada a llenar ese gran vacío existente, no ha podido ir más allá de los planteamientos teóricos.

Implantar en la administración pública el principio de que los problemas se resuelvan en lo posible desde los planos inferiores. Esto llevará a fortalecer la actual estructura de los municipios, a convertirlos en la base de todo nuestro sistema social y a responsabilizar a sus vecinos por solucionar sus problemas directos, como son educación primaria, cultura, seguridad e higiene.

Para iniciar será necesario hacer una precisa definición y redistribución de funciones, gastos y rentas entre la nación, los departamentos y los municipios.

Si por instinto paternal no damos el paso de permitir autonomía a los municipios para resolver sus propios problemas dentro de determinados lineamientos y con una política de control a escala nacional, vamos a frenar aún más el escaso desarrollo y la iniciativa individual, y seguiremos viviendo con la misma indiferencia de hoy ante el cúmulo de dificultades que pesan sobre nosotros.

Al descentralizar la ejecución de los programas, a escala municipal, será indispensable fijar por medio de leyes de alcance nacional, los derroteros y las políticas generales que permitan llevar a cabo en todo el país un desarrollo articulado, dentro de un sistema de planeación integral y de prioridades claramente definidas. Ello demandará lógicamente una reforma sobre el funcionamiento de los Concejos y de las Asambleas, orientando el trabajo de los primeros hacia la ejecución de los programas, y a suprimir definitivamente las segundas, reemplazándolas por unos Consejos Asesores.

En cuanto a la educación, la primaria y la secundaria deberán ser responsabilidad exclusiva de los municipios, y la universitaria deberá estar a cargo de los departamentos.

En lo que corresponde a las rentas, estas deben ser cuidadosamente distribuidas y respetadas en su recaudo. Fundamentalmente las rentas de la nación deberían depender de las aduanas, del impuesto a la renta, de las ventas, de la gasolina, de los peajes, entre otros. Los presupuestos departamentales se integrarán con los impuestos sobre consumos de cerveza, licores y cigarrillos, y los impuestos a loterías y vehículos. Los fiscos municipales deberán recibir los impuestos: predial, de industria y comercio, el de espectáculos públicos y el impuesto de ventas, en parte que le debería transferir la nación. Muchos otros impuestos sin importancia y con muchas dificultades en la recolección deberán ser suprimidos.

La Administración Pública necesita descentralizarse, no en el sentido de que en cada organismo exista una oficina por cada capital de departamento, sino en forma tal que la cabeza y la política general de determinado servicio se haga desde la ciudad o región más indicada para ello. Así por ejemplo, en una ciudad de estirpe como es Manizales podrán estar los máximos tribunales de la Administración de Justicia. Otra tendrá con el Instituto de Crédito Territorial la responsabilidad de solucionar a los colombianos el problema de vivienda, y así con todos los demás servicios o institutos como Fomento Municipal, Fomento Eléctrico, Puertos, INA, SENA, Turismo, etc. En este caso especial, es fundamental dar un decidido apoyo a la descentralización universitaria, con estímulos a centros de estudio especializados en diferentes ciudades, de acuerdo con los servicios más importantes establecidos en ellas y procurando a toda costa no tener en Bogotá una congestión de Universidades más allá de lo recomendable. La Universidad Nacional de esta ciudad por ejemplo tiene actualmente innumerables estudiantes de provincia con problemas muy complejos de alojamiento, alimentación y transporte.

Así, en el ejemplo dado, Manizales deberá contar con las mejores Universidades de Derecho. Donde se encuentren localizados los organismos encargados de solucionar el problema de vivienda deberán estar las principales facultades de Arquitectura; y en Barranquilla o Cartagena deberían estudiarse las Ciencias del Mar y no en la Universidad Jorge Tadeo Lozano del interior, como hoy sucede.

Para comenzar, se deberá prohibir que con domicilio en Bogotá se funden nuevos Institutos o Asociaciones y que poco a poco los ya establecidos se fueran trasladando donde se encuentren los problemas de sus asociados. Así como la Asociación Nacional de Industriales se encuentra en Medellín, la Federación de Algodoneros deberá de estar en Valledupar, etc. Al asignar a una región la responsabilidad de administrar y de solucionar uno de los muchos problemas nacionales se estimulará el espíritu cívico, se logrará que el desarrollo de cada servicio se convierta en motivo de orgullo y emulación regional entre las distintas ciudades del país, se tendrá un factor multiplicador de progreso y se alcanzará con el transcurso del tiempo la continuidad de los programas y la especialización de las gentes en campos concretos.

Esta idea no tiene nada de original. Alemania Occidental es un ejemplo de eficiencia y de descentralización administrativa, hasta el punto de que en Bonn sólo residen los poderes centrales del gobierno; en Frankfurt está el Tribunal Federal de Cuentas o Cuarto Poder; la Administración Central de los Ferrocarriles en Karlsruhe; el Tribunal Federal de Garantías Constitucionales, en Colonia; la Federación de la Industria Alemana, la Asociación de Banca Privada y la Asociación de Empresas Públicas del Transporte, en Stuttgart; la Comunidad de Trabajo de los Aeropuertos; y en Hamburgo la Asociación de Navieros.

Descentralización industrial a base de tarifas diferenciales en los impuestos de renta, de industria y especialmente en el de ventas. Sería conveniente tratar de que la industria y otras instituciones se localizaran en las ciudades de mediano y menor tamaño, lo cual no solamente haría que éstas entraran al fin a hacer parte de la vida económica del país, sino que le restaría fuerza al gravísimo problema de la concentración que están empezando a vivir nuestras más grandes ciudades; problema que será muchísimo más agudo en los próximos años con el crecimiento acelerado que hoy llevamos, hasta el punto de que no lograremos solucionar adecuadamente las necesidades más apremiantes si no se implanta desde ahora un reglamento rígido que desestimule a la industria el establecerse en ellas. Si queremos cambiar el “cinturón de miseria” que hoy circunda nuestras grandes ciudades por una vida más tranquila y organizada, debemos crear estímulos y desestímulos que nos permitan lograr indirectamente no tener ciudades mayores de dos o tres millones de habitantes, pues de allí en adelante se hace casi imposible mantener el pleno control de los problemas de crecimiento.

En este aspecto las ciudades de la Costa, utilizando el Plan Vallejo2 y la Zona Franca, están llamadas a cumplir un papel trascendental en el futuro del país, si es que nos decidimos a entrar de lleno a competir en los mercados internacionales. Las industrias que quieran establecerse y ensancharse con esta mira en el futuro deberán hacerlo precisamente en las ciudades del Litoral, con el objeto de eliminar costos internos de transporte, que si en el caso particular del mercado nacional no son graves, sí son un factor importante en la competencia de los mercados internacionales. Por otra parte, sabido es que los países con escasez de mano de obra están montando fábricas en otras regiones, llevan a éstas sus materias primas y luego importan los artículos ya terminados para su propio consumo; es el caso de Alemania que transporta, por ejemplo, telas a España para utilizar la mano de obra abundante en este país y luego importa camisas ya manufacturadas. Una integración de nuestras ciudades de la costa, con fabricantes de naciones escasas de mano de obra, será de beneficios incalculables para Colombia.

Al concentrar la atención sobre estas consideraciones, quiero resaltar la idea de que lo que necesitamos es acelerar el proceso de cambio, a base de que la producción crezca rápida y eficientemente por todos los rincones del país para que ella llegue cada día a un mayor número de colombianos. Nada nos ganamos con seguir produciendo al mismo ritmo de los últimos cinco años y administrándonos la pobreza a través de oficinas centralizadas que reparten cuotas, fijan precios, estudian balances, consolidan estadísticas, toman declaraciones o dan consejos. Lo que necesita Colombia es más productividad, más empleo productivo, una administración más racional, menos reglamentaciones, y para ello es fundamental un clima propicio, una relativa estabilidad en todos los campos, especialmente en el laboral y en el impositivo, una libertad para poder trabajar sin traumatismos, una descentralización en las realizaciones del gobierno para que todo el país se sienta responsable y animado a participar en la solución de los problemas que nos están apabullando, y una integración de las regiones al desarrollo nacional sobre una base firmemente cimentada en la autónoma de unos municipios fuertes.

Pero lo importante no es la motivación en estas ideas, lo importante es lograr la descentralización en los distintos aspectos anotados. Para alcanzar esa transformación es indispensable contar con el apoyo, con el convencimiento y con la decisión política del gobierno. Simultáneamente se requiere la participación activa e intensa de cada una de las regiones, de cada uno de sus representantes y de cada uno de nosotros. El esfuerzo solidario de todos es la clave para lograr el crecimiento sincronizado del país, mejorar el nivel de vida de las gentes y tener una patria con un futuro mejor.

2 Nota del Editor: El Plan Vallejo fue creado en 1957 por el ministro de Fomento Joaquín Vallejo Arbeláez, pero se implementó a cabalidad durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, diez años más tarde. El principio fundamental del Plan, es servir de estímulo y promoción al comercio exterior, mediante la reducción o eliminación de los tributos que se deben pagar por la importación de materias primas, insumos, maquinarias, repuestos, etc., que van a ser utilizados en la fabricación de bienes orientados a la exportación. En su historia ha sido reformado en 1967, 1981 y 1985 y, actualmente tiene un alto grado de discrecionalidad con el fin de poder orientarlo a sectores estratégicos o prioritarios.

CONCLUSIONES

1. La centralización aumenta a medida que crece la intervención del gobierno en las actividades económicas.

2. La localización en la capital de la mayoría de los organismos rectores de la actividad económica, produce como resultado la absorción de los mejores recursos humanos del país y a la vez acelera el proceso de concentración.

3. La administración pública debe descentralizarse en forma tal que determinados servicios y su política general se haga desde la ciudad más indicada para ello.

4. Es fundamental dar un decidido apoyo a la descentralización universitaria con estímulos a centros especializados en cada ciudad.

5. El volumen de las decisiones debe tomarse en los niveles más bajos de la administración que sea posible.

6. Antes de dar la necesaria autonomía a los Municipios y a los Departamentos será necesario determinar políticas, establecer controles, fijar el monto y el sistema operativo de los impuesto, etc., a través de leyes de aplicación general, y en forma tal, que las normas estén centralizadas y su ejecución descentralizada.

7. Es indispensable hacer una completa redistribución de responsabilidades, de gastos y de rentas entre la nación, los departamentos y los municipios.

8. Los bienes y las rentas de la nación, los departamentos y los municipios deben ser claramente definidos y respetados.

9. Para financiar obras de infraestructura deben establecerse tarifas costeables en los servicios públicos. Es necesario extender y aplicar en toda la nación el impuesto de valorización para financiar obras públicas. El peaje y la gasolina deben ser fuente apreciable para el sostenimiento de tales obras.

10. Con tarifas diferenciales en algunos impuestos y en los servicios públicos debe promoverse que la industria se localice en ciudades pequeñas, lo cual no solamente hace que éstas entren al fin a hacer parte de la vida económica del país, sino que se soluciona el gravísimo problema de concentración que están empezando a vivir las grandes urbes.3

3 Nota del Autor: A la descentralización solo se le puso atención 25 años más tarde y hasta cierto punto, en la nueva Constitución. El doctor López hizo en su gobierno el ensayo de trasladar a Cali la sede del Banco Popular y a Medellín el Instituto de Desarrollo Eléctrico. Sin embargo fue algo aislado, no una política estructurada y coherente.

Mayo de 1968

EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Intervención en la Sociedad de Amigos del País –con la participación del señor Presidente Carlos Lleras Restrepo y del señor Ministro de Trabajo doctor Augusto Noriega–

El sector privado es consciente de las muchas realizaciones positivas del actual gobierno y reiteradamente las ha respaldado con entusiasmo. Por ello no dudamos en aceptar las invitaciones del Presidente Lleras para discutir en público los problemas nacionales y sus soluciones más adecuadas. Naturalmente la posición más honesta está en apoyar decididamente lo que nos parece bien y en expresar con claridad las dudas sobre lo que creemos deba estudiarse de nuevo. Al menos así debemos proceder con los amigos que más apreciamos, y esta es precisamente una reunión de Amigos del País. Tratemos pues de ser claros al recoger las opiniones que se han dado por parte del sector empresarial sobre el Fondo Nacional del Ahorro.

En el mundo moderno, nadie discute la necesidad de un gobierno fuerte e intervencionista. Intervencionista para impulsar el desarrollo, para determinar los esquemas y los derroteros de cómo, dentro de determinadas prioridades, debe realizarse ese desarrollo y encausarlo de acuerdo con la política trazada. Una cosa muy distinta es el Estado empresario, el “Estado todero”, que tiene que cargar con la responsabilidad de “todo” y tener pronta la solución para cada una y para todas las dificultades.

Al programar el desarrollo hay algo muy importante que no se puede descuidar, y es estimular la iniciativa de los individuos y motivarla al máximo para que bajo su responsabilidad ellos organicen directamente el equipo de producción que el crecimiento del país demanda. Esa iniciativa de las personas, diligente, vigorosa y activa, es una de las fuerzas más poderosa que no es posible desaprovechar.

Por ello tenemos que definir el camino entre una economía planificada o una economía de mercado, en la cual la iniciativa de los individuos se conjugue con el progreso social, sobre la base de una empresa libre, dinámica y activa, bajo la intervención reguladora del Estado. Nos decía el Profesor Erhard, hace poco en Bogotá, que“sin libertad económica no es posible conservar la libertad política”.

Mi primera premisa es pues que tenemos que amoldarnos a los requisitos que impone una Economía Social de Mercado. La segunda es la necesidad de incrementar sustancialmente el ahorro, estimulándolo por todos los medios y aun haciéndolo obligatorio, si es que queremos acelerar el desarrollo en beneficio de todos los colombianos. En esto coincidimos plenamente con los planteamientos del gobierno.

El Profesor Rosenstein-Rodan, quien invitado por Planeación nos visitó hace poco, sostiene que:

Un mínimo elevado de inversión exige un elevado volumen de ahorros, que es difícil obtener en los países subdesarrollados. La manera de salir del círculo vicioso es obtener primero un aumento en los ingresos y proporcionar mecanismos que aseguren que en la segunda etapa la tasa marginal de ahorro será mucho mayor que la tasa promedio.

Al analizar cuál ha sido en el país la formación interna bruta de capital, encontramos que a precios constantes fue de 4.924 millones en l955 y pasó, una década después, en 1965, a 5.114 millones. Es decir que, en términos globales, la formación de capital per cápita fue de $410 en el año 1955 y 10 años después había disminuido a $284 per cápita.

En un sistema de empresa privada, solo ahorran los individuos, las empresas y el Estado. Dada una capacidad total de ahorro, mientras más capitaliza el Estado menos capitaliza la actividad privada y, por lo mismo, hay menos productividad y menos artículos a disposición de los consumidores a cambio de más obras públicas.

En un reciente estudio sobre el ahorro, la ANDI señaló que a partir de 1961 el ahorro anual promedio de personas y familias colombianas, medido a precios constantes, se ha reducido en la relación aproximada de 10 a 1. El ahorro del sector gubernamental se ha triplicado y el ahorro empresarial se ha mantenido a un nivel casi constante. En tal virtud, el sector público como ahorrador excede mucho al sector privado, constituido por personas y empresas reunidas.

En 1966 las familias y las personas en Colombia, después de gastar $54.424 millones (cerca de $2.800 por persona en promedio), solo pudieron ahorrar 118 millones. Algo así como $6 por persona al año, lo cual significa que por cada $1.000 gastados, solo ahorraron $2. La capacidad de ahorro de los individuos está pues prácticamente postrada. La inflación es el factor que más decisivamente ha contribuido a disuadir de ahorrar a las personas y a acabar con sus posibilidades de hacerlo. En los años de más fuerte inflación, 1963 y 1964, el ahorro de las personas fue insignificante. Afortunadamente, hay que destacar el empeño del actual gobierno por corregir este mal y el éxito que ha logrado a corto plazo.

Ahora bien, no hay duda de que el Fondo Nacional del Ahorro para los sectores público y privado irá a constituir una concentración de riqueza realmente muy apreciable, con ingresos no inferiores a mil millones de pesos al año. El cálculo es muy simple: si todas las personas que devengan estuvieran obligadas a contribuir, teniendo en cuenta que las remuneraciones por trabajo fueron superiores a 26.000 millones de pesos en el año 1966, los ingresos del Fondo sumarían 2.165 millones de pesos al año, sin contar el traslado de las reservas actuales de las cesantías. Un cálculo aproximado pues, podrá ser un poco menos de la mitad, o sea 1.000 millones de pesos para empezar. Para tener una idea más clara de lo que esto representa: en 1966, como se anota, el ahorro personal y familiar, solo ascendió a 118 millones de pesos. Las sociedades ahorraron 2.013 millones de pesos y el gobierno 3.447 millones de pesos, a precios corrientes.

En esta forma, el Fondo Nacional del Ahorro será simultáneamente una concentración de poder demasiado importante, pero fundamentalmente, una responsabilidad tremenda si su administración no es eficiente.

Lo cierto es que la experiencia nuestra y la de los países latinoamericanos, (en el correr de los años, con breves excepciones), es que la Administración Pública no ha sido ningún modelo en el manejo administrativo y en la adecuada inversión de los dineros de la comunidad. Claro que en este momento aquí estamos viviendo una experiencia distinta, debido a un gobierno que está empeñado en poner orden dentro de la Constitución; pero ¿qué seguridad tendremos en el futuro cuando la consagración de los gobernantes sea otra? y ¿cuál ha sido la experiencia que nos indique que las cosas han de cambiar en forma permanente?

Tal vez porque se duda de una administración eficiente, es la razón por la que se ha puesto tanto énfasis en la composición de la Junta Administradora del Fondo. Demasiado énfasis si analizamos la experiencia de tantos otros institutos, donde las juntas son más nominales que otra cosa. ¿Podrá acaso la junta definir autónomamente las inversiones? o ¿podrá obligar al sector público a realizar oportunamente los aportes que le correspondan?

 ¿Cuánta cantidad de este dinero, fruto de tantos esfuerzos, se tendrá que ir en administración, en nueva nómina que antes no era necesaria? Porque el hecho de llevarle una cuenta personal, con liquidación periódica de intereses a más de 800.000 colombianos es cosa compleja que demanda parte apreciable de esos ahorros. Claro está que los cerebros electrónicos podrán ayudar mucho, pero de la experiencia pública actual con estas máquinas habla claro nuestra Administración de Impuestos.

Una intranquilidad que será permanente es: ¿en qué se van a invertir esos fondos?, ¿cuál será su productividad? y ¿cuáles las prioridades que se van a seguir? Dice el artículo 20 del proyecto ya aprobado por la Comisión III del Senado que, dichos fondos, se invertirán en obligaciones del Banco Central, del Instituto de Crédito Territorial, de la Caja de Crédito Agrario, del Instituto de Fomento Industrial, del Incora, del Instituto de Fomento Municipal, de Electroaguas, del INA, o en otros organismos que lleguen a crearse, para inversiones en la industria de construcción, o en otras destinadas a acelerar el desarrollo económico y social del país. Queda así, en la misma ley, una incertidumbre muy amplia sobre el destino que se va a dar al dinero, muchas veces a merced del programa político que prime en determinado momento y de acuerdo con las circunstancias del mismo. Se ha querido dar un impulso a la construcción de viviendas, porque esa es una de las necesidades más apremiantes del momento y sin lugar a dudas ese objetivo es recomendable y deseable por todos. Pero se va a dejar la puerta abierta para que esos fondos se puedan invertir, posiblemente en proyectos, algunos muy importantes, o para que se esfumen en cosas que quizás no tengan ninguna prioridad o ningún valor.

La dificultad vendrá cuando se empiecen a forzar los planes masivos de vivienda, si no se han desarrollado simultáneamente las industrias complementarias en forma tal que puedan atender oportunamente las nuevas demandas, sin presionar los precios. Porque indudablemente, si tratamos de hacer más viviendas de las que el equipo de construcción está en capacidad de atender lo que lograremos será el encarecimiento de las que se alcancen a construir.

Aún nos inquieta la duda sobre la adecuada rentabilidad de las inversiones, porque el sacrificio que significa este ahorro debería servir para generar nuevas utilidades. Y nos preocupa la liquidez de los fondos invertidos, para el momento en el cual los dueños empiecen a demandarlos, sencillamente porque la ley los autoriza o porque reclaman el derecho a sus viviendas.

Una de las objeciones que se le han hecho al Fondo Nacional del Ahorro, es que concentra el manejo y la decisión, sobre la utilización de parte muy importante del ahorro, en unas pocas personas, acentuando así el debilitamiento de las provincias. Cuando el tema del momento es la descentralización y la necesidad de que los individuos participen cada vez más en las decisiones, el nivel más bajo posible, la tendencia propuesta es precisamente la contraria, hacia la concentración, hacia el centralismo. En el artículo 20 del proyecto se dice, al hablar de la distribución de los recursos, que debe hacerse en forma que “asegure el equilibrado y armónico desarrollo de todas las regiones del país”, frase que indudablemente corresponde a un buen deseo, pero que no podrá comprometer las decisiones que se tomen.

El distinguido grupo de parlamentarios de La Ceja, con el posterior apoyo de la empresa privada, presentó a la discusión, sin que se haya estudiado, la posibilidad de crear en su lugar varios fondos de ahorro, como Fondos Mutuos, inclusive con aportes mayores, para financiar planes de construcción y proveer el capital necesario para desarrollar simultáneamente el equipo de producción. Se buscaba en esta forma, además de activar la iniciativa de las personas, darle una participación mucho más amplia a la clase trabajadora en la propiedad de las empresas. Así mismo, se quería que existiera la libertad de escoger el fondo mejor manejado, el más líquido, el más serio, el más eficiente; y con ello establecer una sana competencia. Los trabajadores tendrán a su nombre un certificado de inversión, no negociable, en lugar de un saldo congelado en una cuenta. En otras palabras, se trataba de aplicar un principio de elemental organización social, al proporcionar al individuo un sentimiento de pertenecer, puesto que los Fondos Mutuos se constituirán a base de individuos, en contraste con el Fondo Nacional del Ahorro que es “impersonal”. Esos Fondos Mutuos cumplirán la misma función social que el gobierno se ha propuesto, o sea, forzar el ahorro y llevar a cabo determinados programas concretos con otras características. Y es que, siendo propio del hombre errar, serán menos graves los errores en pequeño, que un error, cuando todos los ahorros estén concentrados en un solo Fondo.

Pero el Fondo Nacional del Ahorro parece ser ya una realidad, tal como ha sido propuesto originalmente. Aunque compartimos con el gobierno sus ideas sobre la necesidad de incrementar el ahorro, de solucionar los problemas de vivienda y de definir a las empresas y al mismo Estado el pasivo incierto de las cesantías; también nos preocupa seriamente el futuro, por los interrogantes anotados y por muchos otros que la brevedad del tiempo no permite tratar.

Especialmente nos preocupa que cada día se desprecie más al individuo en su capacidad de decidir y la cada vez más escasa capacidad de ahorro, que va quedando en poder de las familias y de las empresas como factores fundamentales para lograr un desarrollo armónico dentro de una Economía Social de Mercado.

Dios quiera que no tengamos razón en estos planteamientos, pues está comprometido un esfuerzo muy grande de muchos compatriotas, que no dudaran después de analizarlos, en hacer un acto de fe y de absoluta confianza si el doctor Lleras fuera nuestro capitán y nuestro guardián de todo momento.4

4 Nota del Autor: A pesar de que las votaciones en los primeros debates en el Congreso fueron favorables, este proyecto se logró frenar en lo relativo al sector privado. Y al fin, después de 22 años, en el gobierno el Presidente César Gaviria se aprobaron los Fondos Privados de Cesantías, de acuerdo al anteproyecto que le entregamos un grupo de amigos días antes de asumir el poder.

Diciembre de 1970

CORRECCIÓN MONETARIA

Memorando entregado al doctor Luis Fernando Echavarría, Ministro de Hacienda

1. Debería ser obligatorio hacer cada año la corrección monetaria en los Balances de todas las sociedades, excepto para las que se encuentren en quiebra o en liquidación.

2. La corrección se haría únicamente sobre activos inmovilizados (maquinaria y equipo), que se destinen a la explotación del objeto social y que se encuentren en periodo de amortización.

3. Operaría como un registro contable sobre los valores originales de los bienes adquiridos en cada año, con base en un coeficiente que fijaría anualmente la Administración de Impuestos Nacionales, en relación a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda entre el promedio del año y el promedio de cada uno de los años anteriores.

4. La corrección deberá incluirse dentro del año gravable. Para ello se incrementará el valor de la maquinaria, en una cuenta complementaria del Activo fijo según se dice en el numeral anterior, y el valor que resulte se llevará a una cuenta especial en el Pasivo que se llamará “Superávit por Corrección Monetaria”.

5. El tratamiento contable y fiscal será como un Superávit de Capital, no distribuible entre los socios, ni gravable como renta en ningún caso. En el momento de liquidación de la compañía será objeto de distribución, como mayor valor de los correspondientes activos; este incremento no se tomará como renta gravable para los socios. En el caso de venta de un activo se tomará como costo el valor histórico del mismo, más la valorización y menos las depreciaciones, reajustadas ambas. La utilidad o la pérdida que resulte será gravable o deducible de la renta.

6. La depreciación se hará con base en el valor de la maquinara actualizadas con la corrección monetaria. El tratamiento de la depreciación será igual al de un activo adquirido, o sea que la depreciación se hará en determinado número de años a partir de haber sido hecha la corrección monetaria.5

5 Nota del Autor: La corrección monetaria en los balances de las empresas se estableció 18 años más tarde, a partir del gobierno del Presidente Virgilio Barco. Sin embargo desapareció años después, al disminuir el problema de la inflación

Agosto de 1977

LA CUESTIÓN SOCIAL

Intervención en la Asamblea Nacional de la ANDI en Medellín

Cualquiera que sea el momento histórico, o cualquiera que sea el grado de desarrollo de un país, necesariamente existirá la división social del trabajo, mediante la cual unos se organizarán para producir los bienes y servicios necesarios para lograr el bienestar de esa comunidad. La producción de esos bienes y servicios compromete de manera ineludible a los empresarios con el bienestar mismo de la sociedad, y hace que los intereses de aquellos y de ésta no marchen en contravía, y que cualquier línea que pretendiera dividir sus objetivos se desdibuje para coincidir en la búsqueda de una vida mejor, que por igual nos compete a todos.

Es así como los deberes sociales no quedan tras la puerta de la fábrica cuando el empresario termina sus actos de gestión cada día, porque las interrelaciones entre la empresa y la comunidad crean una urdimbre de intereses comunes que constituyen precisamente el ambiente propicio y necesario para que una y otra se desarrollen.

El bienestar es un objetivo que supone una tarea permanente de producción que hace dinámica a la sociedad. Implica una lucha por la consecución de mejores condiciones económicas y espirituales para sus miembros. No un conflicto. El bienestar supone la búsqueda de una ordenación jurídica en la cual no tenga cabida la injusticia y unas instituciones capaces de evolucionar al ritmo que imponen los requerimientos sociales, económicos y políticos, en forma tal que la paz no sea una mera contingencia, un producto del azar.

Solamente un orden social y económico basado en la suficiente generación de empleo productivo y en la justa remuneración del trabajo propicia el bienestar.

Dentro de este marco de ideas debemos preguntarnos ¿qué está sucediendo en Colombia con el grupo de personas jóvenes que año tras año llegan a demandar empleo en condiciones que le permitan niveles de subsistencia dignos, y con la esperanza de convertirse en elementos creativos de la sociedad y no en un ejército de inconformes que atentan contra la paz social y contra la estabilidad de las instituciones?

Algunas de esas personas han conseguido empleo productivo pero otras por fuerza de la necesidad se han ido a engrosar la creciente burocracia oficial, lastre social de nuestros tiempos, que absorbió los efectos de una reforma impositiva cuya pretensión era modificar la estructura del ingreso en el país.

Cada año llegan cerca de 250.000 personas nuevas a demandar empleo en Colombia. La industria incorpora solamente 29.000 trabajadores anuales según el promedio de los últimos 10 años. Simultáneamente, 48.000 personas adicionales son colocadas en posiciones burocráticas por el gobierno nacional, sin contar los departamentos, los municipios y sus empresas. Se destaca el año 1976, en el cual cuando la industria empleó 33.000 personas nuevas, el incremento en los empleados públicos nacionales fue de 69.000 personas, para llegar en tal año a superar a la industria en el número total de personas empleadas, sin incluir personal militar, 566.000 y 490.000 respectivamente. En otras palabras, mientras el empleo industrial crece al 5% anual, la tasa de crecimiento de la burocracia en el gobierno a escala nacional es del 22%. Estas cifras arrojan la relación alarmante, de que por cada nuevo trabajador productivo el Estado emplea casi tres personas, cuyo oficio en muchos casos se convierte en estorbar y en justificar inútiles tareas, que a la postre constituyen procedimientos dilatorios, duplicidades altamente costosas y actuaciones enrevesadas que necesariamente estimulan la proliferación de intermediarios de dudosa actuación. Sería distinto si parte de esa fuerza de trabajo se utilizara en la tarea de brindar a los colombianos una vida más amable, si gozaran de más seguridad, mejor educación, eficiente atención a la salud, un mayor número de parques y jardines para recreación, mejores servicios públicos, etc. Pero por el contrario; todo esto, que es responsabilidad del Estado, se ha deteriorado con el tiempo o se hace cada vez más inexistente.

¿Tendrán los demás sectores de la economía la capacidad de dar empleo a los 180.000 compatriotas que no alcanzan a ingresar al gobierno o la industria cada año? Lamentablemente la respuesta es negativa, de allí que según el promedio de las encuestas del DANE de los últimos 3 años, para las 7 ciudades principales, existe un desempleo de 11.1% y un subempleo del 16.4%. Si aplicamos estos porcentajes a la clase económicamente activa del país nos encontramos con que actualmente un poco más de 2 millones de habitantes necesitan empleo o deben mejorarlo. Esto quiere decir que si siguiéramos con un crecimiento demográfico del 2.8% anual, para el año 2.000, o sea dentro de 23 años solamente, cuando el país tendrá que albergar cerca de 50 millones de habitantes, habremos tenido que desarrollar tantos empleos adicionales como todos los que ya hoy tenemos; y si se mantienen las tasas de desempleo y subempleo el país tendrá entre 4 y 5 millones de personas sin trabajo o que necesitan mejorarlo.

Meditemos sobre lo que dice el señor T. Wang de Naciones Unidas: Ningún sistema económico podrá sobrevivir a menos que sea capaz de satisfacer la más elemental condición de proveer un mínimo vital para las masas. Cuando una proporción significativa y creciente de la población no puede hallar trabajo entonces la validez del sistema será severamente puesta a prueba.

Pero no basta con crear empleo, el cual no se produce por generación espontánea. Debe ser productivo, es decir que por virtud de él se incremente el volumen y se mejore la calidad de los bienes y servicios a disposición de la comunidad. Además, el empleo productivo debe estar justamente remunerado, lo que equivale a decir que debe ser suficiente la retribución para que cubra no solo la propia subsistencia del trabajador y la de su familia, sino que les permita disfrutar de una vida digna y agradable.

A pesar de que los enunciados anteriores constituyen parte sustantiva de la responsabilidad empresarial, no hemos podido plasmarlos en la realidad porque ésta se encuentra interferida y atada por la acción del Estado y de las instituciones que le sirven de soporte. Un ejemplo lo constituye la profusa e incongruente legislación laboral que, como veremos, representa un freno a la generación de empleo y una espada de Damocles sobre la remuneración al trabajo.

Con el bienestar también tiene mucho que ver la certidumbre en el futuro, o sea la convicción del trabajador de que en la medida en que sea eficiente permanecerá vinculado a las fuentes de trabajo. Nada puede atentar tanto contra el bienestar como la institucionalización de la inamovilidad en el trabajo en virtud a una legislación que premia la ineficiencia, que obliga al conformismo, que NO fuerza el progreso. La inamovilidad en el trabajo, producto de la coerción legal, hace que las gentes pierdan la vitalidad en la lucha, que implica riesgos, por obtener promociones y ascensos. Impide a la persona realizarse en otros campos más propicios, ante el temor de perder un derecho que la vincula de por vida a una empresa. Es un ingrediente que no permite al trabajador buscar nuevas satisfacciones y lo condena a vivir por debajo de un promedio aceptable, con mengua y repercusión directa en su propia condición y en la eficiencia misma de la empresa a la cual sirve.

Una rara paradoja legislativa ha permitido que quienes mayor beneficio obtengan de los sistemas de protección a la estabilidad no sean precisamente los más débiles, sino algunos funcionarios de alto nivel, quienes por el monto de las remuneraciones y la permanencia prolongada en cargos de confianza acuden a controversias litigiosas que muchas veces hacen posible cuasi-enriquecimientos sin causa, con las graves secuelas de ir creando jurisprudencias que ponen en peligro la estabilidad económica de la empresa.

La reforma al sistema de estabilidad y una aproximación necesaria al salario integral, debería empezar precisamente por quienes somos empleados de confianza y manejo, de cierto nivel.

BIENESTAR FAMILIAR

No puede existir una economía sana sobre el precario esfuerzo de un pueblo enfermo, víctima de la desnutrición y la ignorancia. En la niñez se encuentra la fuerza laboral del futuro. Por eso, como empresarios hemos dirigido buena parte de nuestros esfuerzos, en el pasado, a crear condiciones adecuadas y dignas que faciliten el desarrollo integral de aquellos niños que por circunstancias familiares, económicas o sociales se encuentran casi al margen de la sociedad. Como empresarios expresamos nuestra solidaridad y dimos testimonio de ello con la creación de numerosas salacunas en todo el territorio nacional. Muchas de nuestras esposas dedicaron afecto, cariño y amor a estas obras sociales con total desinterés.

El Estado, pretendiendo suplantar nuestras responsabilidades, sustituyó por un tributo nuestro sentido de solidaridad, sin evaluar su capacidad de administrador, para hacerse cargo del problema de la niñez desamparada. De paso eliminó las fuentes de recursos privados de que vivían muchos Jardines Infantiles, para someterlos al criterio de una burocracia cada vez más sedienta de ejecutar políticas que tienen mucho de despilfarro y poco de constructivo.

El Código Sustantivo del Trabajo había recogido en su artículo 245 una legítima aspiración de la clase trabajadora. Allí se establecía que las empresas, donde prestaran servicios más de 50 trabajadoras, tenían la obligación de crear y sostener una salacuna destinada a atender a los hijos menores de tales empleadas.

La norma en referencia establecía igualmente que para facilitar el cumplimiento de dicha obligación los patronos de diferentes fábricas, (bien fuera por la proximidad geográfica, bien por sus nexos en el proceso de producción), podían asociarse para la fundación de salacunas centrales. Así se crearon muchos establecimientos, que bajo la dirección, asesoría y coordinación de las empresas privadas, constituyeron modelos de organización y administración, así como de calidad en la prestación del servicio social.

Debido a la circunstancia especial de que se producían algunos incumplimientos de la obligación legal, se buscó hacerla más efectiva mediante la reestructuración del artículo 245 en referencia. El producto de los debates parlamentarios quedó consignado en la Ley 27 de 1974, la cual derogó la norma anterior del Código. La nueva Ley relevó totalmente a los patronos y a las empresas de la obligación anterior, para darles ahora la simple categoría de liquidadores del 2% de la nómina mensual, con obligación de entregarlo periódicamente al Instituto de Bienestar Familiar.

Este aporte vino a constituirse en un impuesto más al empleo. Los empresarios quedaron reducidos a la posición de simples “contribuyentes” a programas invisibles de asistencia pública en cuya preparación y formulación no tienen prácticamente ninguna participación, aunque en alguna norma, de precaria eficacia, se establece que trabajadores y empresarios cuentan con la posibilidad de intervenir en la ejecución de los programas.

Por lo anterior creemos que deben introducirse modificaciones a la Ley 27. Existe un clamor de grupos de trabajadores de las empresas y de las propias salacunas, para que se permita a los patronos continuar colaborando directamente con tales centros asistenciales. Ello no implicará en ningún caso eludir la obligación legal de aportar al Instituto de Bienestar Familiar el 2% del valor de la nómina mensual o lo que será preferible, a las Cajas de Subsidio Familiar, para que tales entidades asuman en forma eficiente la prestación de este servicio. Será pues apenas de elemental justicia consagrar la posibilidad de que las empresas descontaren directamente del aporte del 2% las sumas que para atender los centros y jardines destinen, por supuesto con el debido control por parte del Estado.

LA SEGURIDAD SOCIAL

Otro aspecto que atañe de manera directa a la certidumbre en el futuro es el de la seguridad social. Ella debe ser producto de la justicia contractual en lo laboral y de la intervención del Estado en procura del bienestar colectivo. La seguridad social involucra dos tareas diferentes: la salud de los trabajadores y el régimen de jubilaciones.

Un servicio de salud eficiente es un derecho que tienen todos los trabajadores, porque además lo están costeando con parte substancial de su salario. De allí que la clase dirigente y especialmente los empresarios, debamos seguir insistiendo hasta el cansancio en la necesidad de que se corrijan los abusos y se brinde a los trabajadores algo que es substancial e imprescindible para su bienestar y el de su familia.

Históricamente surgió primero el seguro individual, por el cual una persona pretendía adquirir certidumbre económica ante el evento de cualquier riesgo. Para cubrir las contingencias y asegurar esa certidumbre económica se crearon las compañías privadas de seguros. Con posterioridad, cuando el Estado como instrumento al servicio del hombre para alcanzar el bienestar, asumió la obligación de velar por la protección de los más débiles, (precisamente como expresión de la solidaridad social), generalizó que lo que era bueno para un individuo lo era también para la colectividad. Así surgió el Seguro Social.

Cuando unas personas suscriben una póliza de seguros se produce una solidaridad en la cual las cargas se equilibran y los riesgos se dispersan.

Pero frente a desigualdades de principio, como en el caso del trabajador soltero respecto del casado, del que goza de buena salud en relación con el enfermo, del que tiene hijos y el que no los tiene, pero también en presencia de riesgos comunes respecto de los cuales todos los trabajadores son iguales, verbigracia el riesgo de vejez, el Estado en forma coercitiva estableció la solidaridad mediante la seguridad social obligatoria.

Dentro del régimen de seguridad social encontramos como entidad prominente la pensión de jubilación. Constituye ella un derecho de naturaleza especial ordenado a permitir una forma de vida racional a los trabajadores que después de haber servido cierto tiempo y haber alcanzado determinada edad ya no están en condiciones de participar en la actividad laboral. Lo que equivale a decir que ya no disponen de las energías requeridas por la industria, ni pueden lograr un salario suficiente por razón de su actividad personal y en consecuencia están en condiciones económicas inferiores a los demás trabajadores. Involucra a gentes que cuando poseyeron dentro del inexorable ciclo biológico aptitud laboral se desgastaron y dieron lo mejor de sí, con la convicción de alcanzar una certidumbre y una seguridad en el futuro. La administración de los riesgos de vejez es compleja porque con ella se tratan de manejar hechos futuros mediante rendimientos derivados de altas o bajas cotizaciones, que han de permitir crear un sistema de capitalización o de reparto.

Es de capitalización el sistema en el cual las cotizaciones son lo suficientemente altas como para crear un capital. Esto es, una acumulación de riquezas que produzca un rendimiento suficiente para pagar con él los beneficios futuros de los asegurados. Por lo tanto, los resultados en el manejo de estas inversiones por parte del Estado solo se sabrán al cabo de muchos años, y cuando la responsabilidad por el pago de las jubilaciones esté en otras personas distintas de aquellas que recaudaron las cuotas e hicieron las inversiones.

El sistema de reparto es aquel en el cual las cotizaciones, ajustables regularmente y de por sí más bajas, son aproximadamente las requeridas para pagar los beneficios del período. En la práctica los trabajadores activos están pagando la pensión a los retirados.

El sistema de capitalización constituye la base de operación de una compañía privada de seguros, pero no es exacto que éste sea aplicable a la seguridad social en su conjunto si lo maneja el Estado. Una compañía de seguros toma las cotizaciones del asegurado quien se ha abstenido de gastar y las capitaliza. Las invierte en valores principalmente de compañías productoras de bienes o servicios. El capital así acumulado debe rentar lo necesario para amparar los futuros siniestros.

Pero a nivel de seguridad social, el dinero que aportan las empresas como cotización es dinero que éstas dejan de capitalizar a través de las reservas. En la hipótesis de que el Seguro Social invierta tales dineros en empresas productoras de bienes y servicios y que los invierta tan eficientemente como lo hubieran hecho las empresas contribuyentes, a lo sumo se habrá logrado una simple transferencia de capitalización. En el pasado, las inversiones del Seguro Social realizadas por tal transferencia de capitalización en empresas del Estado, en buena parte, constituyeron rotundos fracasos. Es obvio que si adicionalmente los dineros recibidos por contribución se invierten en condiciones de rentabilidad inferiores al índice de inflación, ya no operaría una transferencia de capital sino todo lo contrario: una descapitalización.

Cuando tenemos un sector de jubilados, es decir aquel que no tiene obligación de trabajar y de producir, lo que hace la comunidad es poner a un lado parte de sus bienes y servicios, producidos por aquellos que sí trabajan, para destinarlos al consumo de los que no lo hacen. Ante la opinión pública, los empresarios aparecemos como los que sostenemos con nuestras contribuciones a los jubilados, pero la realidad es que el pago lo están soportando los que producen, o sea quienes se niegan parte de alimentos, vestido y vivienda, para que otros puedan tenerlos. Esta es la auténtica realidad del bienestar por la vía de la solidaridad, en la cual todos debemos estar comprometidos pero a sabiendas de las consecuencias en las decisiones que tomamos.

Estando actualmente la seguridad social en manos del Gobierno, parece más aconsejable definirnos de una vez por el sistema de seguro de reparto, en forma tal que el Estado, al determinar cuáles son las prestaciones a que los ancianos e inválidos tienen derecho, calcule el costo de esta prestación cada año teniendo en cuenta que las expectativas de una vida más larga aumentan y determine cuánto le cuesta a los trabajadores activos sostener a aquellos que ya cumplieron con el país.

LA CESANTÍA Y LA ESTABILIDAD

Hoy tienen plena vigencia unas conquistas, que en el pasado se tomaron con la mejor intención, pero que de no ser revisadas a corto plazo imposibilitarán el logro solidario del bienestar colectivo y seguirán siendo un obstáculo insalvable, una verdadera “Muralla china”, para la generación masiva de empleo. En mi sentir las más graves y nocivas son: la retroactividad de la cesantía y el régimen de indemnizaciones por despido, porque han perdido su dimensión o no cumplen los fines para los cuales fueron creadas. Además de que son discriminatorias, ya que no se aplican por igual a los trabajadores públicos y privados.

El decreto 2351 de 1965 descongeló las cesantías desde el 1o. de enero de 1963, lo cual significa que todo reajuste de salario repercute con retroactividad hasta por 15 o más años. Ello hace complejo para las empresas el cálculo de reservas racionales y ciertas, frente al desproporcionado incremento que día a día va adquiriendo esta prestación, y seguramente muchos empresarios imprevisivos encontrarán un buen día que su único patrimonio es el pasivo que tienen contraído con sus trabajadores.

La forma incierta como aumenta esta prestación y las magnitudes que alcanza no dejan otra alternativa diferente al empresario organizado que incorporarla al costo de producción, por lo cual, paradójicamente la comunidad, los consumidores y los trabajadores, resultan sufragando un sobrecosto cada vez mayor, sobre lo que se produjo en años pasados. Además, es un ingrediente que activa y acelera la inflación en forma continua y permanente. Así, cuando en el sector privado se hacen ajustes salariales a trabajadores con más de 15 años de servicio, del orden del 20% anual, es necesario recargar los gastos en un porcentaje adicional por concepto de la retroactividad de las cesantías, situación que no existe con los servidores públicos.

El mecanismo de liquidación de la cesantía se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para los aumentos salariales, anteponiéndose como un dique a la justa remuneración y generalmente es causa de aguda controversia en el proceso de las negociaciones colectivas. Frecuentemente es la razón de que personas nuevas que vienen de otras empresas ingresen con salarios más altos, ante el malestar de los antiguos servidores de la propia compañía. Por otra parte condena al personal a la casi imposibilidad de ser promovido.

En primer lugar se hace necesario precisar definitivamente el monto de la obligación y de los costos. Al examinar con equidad la situación, creemos que la cesantía debe ser igual al 10% de todas las sumas que devenguen por concepto de salario.

La retroactividad podrá ser compensada mediante la consignación de dicho 10% en una de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, sin necesidad de crear otras entidades, en donde se llevará una cuenta individual para cada trabajador. Así, la corrección monetaria mantendrá el valor adquisitivo de la prestación y permitirá a las empresas despreocuparse de un pasivo, que en las actuales circunstancias es incierto y que gravita como un pesado lastre sobre sus finanzas, amenazando incluso su propia estabilidad.

Las corporaciones de Ahorro y Vivienda estarán obligadas a destinar parte de esos recursos al desarrollo de vivienda para las clases populares y media. Otra parte sustancial se destinará a créditos de desarrollo para el incremento de la producción en general.

Y sobre el problema de la estabilidad debe pensarse igualmente en un sistema más racional para los nuevos trabajadores. Así por ejemplo, en caso de rompimiento unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono, sin justa causa comprobada, respecto de aquellos trabajadores a quienes cobije el sistema a partir de determinada fecha, no deberán pagarse las indemnizaciones de que trata el decreto 2351 de 1965, ni de las demás normas o arreglos laborales que sobre el particular se hubieran celebrado.

En sustitución de tales indemnizaciones se podrá establecer la obligación para los patronos de consignar en la misma Corporación de Ahorro y Vivienda, a favor de cada trabajador, junto con el valor de la cesantía una cantidad equivalente al 5% adicional, de todas las sumas que el trabajador perciba por concepto de salario, las cuales gozarán también de reajuste por corrección monetaria e intereses.

Este 5% y su rendimiento se entregarán al trabajador a partir del momento en que termine por cualquier causa el contrato de trabajo, en cuotas mensuales equivalentes al 50% del salario que devengaba, pero tan solo durante el tiempo en que permanezca cesante y hasta concurrencia del saldo a su favor. Este sistema sí estimulará en forma efectiva al trabajador a ser eficiente y a permanecer en el trabajo. El actual de indemnizaciones, progresivamente más oneroso en la medida en que transcurre el tiempo de la relación laboral, ha degenerado en un mecanismo que consagra la inamovilidad del trabajador, pese a la ineficiencia en el desempeño de sus labores.

Las inquietudes que hemos expuesto a título de simple aproximación a una reforma de la retroactividad de las cesantías y al régimen de estabilidad conforman no solamente un mecanismo que promoverá el ahorro individual del trabajador, sino además serán elementos que han de nutrir a la empresa de recursos para incrementar la producción, para crecer y hacer su desarrollo, aspectos que hoy Colombia demanda con urgencia. Igualmente abren las puertas a nuevos e importantes contingentes de trabajadores, sin perjudicar los derechos ya adquiridos por los actuales.

HACIA EL PLENO EMPLEO

El desempleo y el subempleo constituyen una forma de desorganización de la sociedad, que riñe con el más elemental concepto de bienestar porque lesiona a todos los sectores de la comunidad vulnerando lo que para ellos es fundamental: sus ingresos. El desempleo y el subempleo son factores de perturbación grave que se infiltran hasta en los más recónditos aspectos de la personalidad, porque inducen a la desesperación. En una sociedad en donde campea la falta de empleo, la autoridad, la justicia y la equidad, no pasan de ser simples expectativas que se van convirtiendo, inevitablemente, en frustración nacional.

Pero para que un Estado ordenado social y económicamente pueda realizar de manera adecuada el bienestar debe poseer los instrumentos y los medios que hagan factible el cumplimiento de sus fines. Una legislación laboral contradictoria, que ha creado arbitrarias desigualdades, que discrimina entre el trabajador del Estado y el privado, entre el nuevo y el que envejece laborando, y que obliga a cerrar las puertas para quienes aspiran a incorporar su capacidad a una empresa, constituye un factor negativo en el proceso dinámico de crecer, producir y lograr mejores ingresos.

Como empresarios y, aunque no es responsabilidad exclusiva nuestra, debemos comprometernos a propiciar una cruzada para que los poderes públicos adquieran plena conciencia de que en Colombia el problema prioritario, el de mayor envergadura, es la falta de empleo productivo.

Sobre nosotros existen cargas laborales que atacan directamente la generación de empleo, como son la retroactividad de las cesantías y la inamovilidad en el trabajo. Mientras estos dos lastre subsistan, nadie que sea sensato proyectará el crecimiento de su empresa con base en la contratación agresiva de nuevas gentes, sino que pondrá todo el énfasis en la mecanización, así ésta resulte más costosa. Entre tanto, la población continuará creciendo y la oferta de mano de obra estéril y malograda asfixiará al país y derrumbará el sistema.

Como las empresas están condenadas a no poder crecer, a no generar empleo productivo, algunos privilegiados lograron seguirse enquistando dentro de la burocracia que nada produce y que nada aporta.

Si no se logra una profunda transformación en la legislación laboral, con miras a realizar una política agresiva de empleo productivo a corto plazo, el derecho a trabajar y la libertad de trabajo, (que a todos, trabajadores, empresarios y gobernantes, interesa por igual), serán en Colombia simples derechos escritos sin otra fuerza que el respaldo de la letra muerta.6

6 Nota del Autor: La Ley 50/90 reformó el Régimen laboral y la retroactividad de las cesantías con base en un proyecto que le entregamos al Presidente electo, doctor César Gaviria, en Mayo/90. La Ley quedó con un defecto y es la facilidad de retirarla de los Fondos, lo cual desestimula el ahorro. El artículo 28 de la Ley 789 de 2002 modificó el Código del Trabajo, en caso de terminación unilateral sin justa causa por parte del empleador, disminuyendo el número de días a indemnizar. Finalmente, la Ley 100 de 1993 y posteriores reformas al sistema pensional, le dieron un vuelco importante al régimen de pensiones, pero aún están en mora de introducir algunos ajustes que permitan estabilizar el sistema.

Septiembre 28 de 1984

CARTA AL SEÑOR PRESIDENTE BELISARIO BETANCUR CUARTAS

Después de un desayuno en la Casa de Nariño con un reducido grupo de amigos

El país requiere, sin duda alguna, de la paz. Requiere así mismo de cambios sustanciales, algunos de los cuales el gobierno ya está en camino de realizar. Sin embargo, para lograr consolidar la paz y los cambios necesarios, también se requiere a todos los niveles sociales y en especial si se trata de la clase dirigente, de un clima de seguridad y de confianza, no solo en lo personal, sino con más énfasis, aun cuando toca con las instituciones, como soportes que son de nuestro sistema democrático y libre, el cual queremos conservar a toda costa en su esencia.

Se dice que hay en el momento actual desasosiego, expectativas o inquietudes de las gentes, mayores según su grado de responsabilidad en la problemática o en el desarrollo del país.

Inquieta cómo el juego de la democracia se pueda desarrollar en un futuro teniendo de una parte a dos partidos burocratizados, sin ideas definidas, y de la otra, a grupos nuevos que además de ideas y objetivos precisos puedan llegar a respaldarse en armas para consolidar su poder, desvirtuando así la libertad de decisión del pueblo.

Inquieta lo débil que puede ser nuestra democracia, si no cuenta con un sistema organizado que aplique la pronta y recta justicia.

Inquieta que pueda llegar a faltar en algunas regiones la autoridad o presencia protectora del gobierno para todos los ciudadanos por igual. Pero sobre esto, inquieta aún más, que los ciudadanos empiecen en un momento dado a organizar sus propias fuerzas protectoras; lo cual podría llegar a convertirse en una guerra de hermanos, como está ocurriendo en otros países muy cercanos a nosotros, cuya experiencia no quisiéramos tener que vivir.

En lo económico, inquieta la falta de un enfoque de conjunto que permita un crecimiento armónico con lo político y con lo social.

Inquieta el alto déficit del gobierno central como consecuencia de los gastos excesivos y a veces fuera de control. Y ante la incapacidad del equipo productivo para incrementar los impuestos, inquieta que se vean venir las emisiones monetarias. Al entrar por este camino, las dosis, igual que la droga, serán cada vez mayores. Si miramos la experiencia triste de los países del cono sur, tales emisiones acabarán por hacernos perder todo el control monetario, todo el control cambiario y en consecuencia, el costo de vida crecerá desmedidamente, castigando aún más duro al consumidor colombiano.

Inquieta la compleja y a veces alta tributación, aun para compañías que están en pérdida, que no son pocas. Según la revista Estrategia de junio de 1984, las 40 compañías más grandes del país perdieron en el año 1983 $ 2.000 millones en total y supongo yo, tuvieron que pagar no obstante, impuesto de renta presuntiva sobre un patrimonio de $ 102.000 millones.

Inquieta el desempleo creciente debido en parte a una legislación laboral caduca, que en definitiva significa el que muchos compatriotas en disposición y capacidad de trabajar están sin poder satisfacer la indispensable necesidad de sustento diario.

Inquieta en fin, las innumerables trabas por parte del Estado para quienes quieren emprender un negocio nuevo, por no decir para quienes ya están en alguna actividad y tal vez quieran crecerla, desaprovechando una capacidad infinita del sector empresarial privado de dar empleo productivo, producir nuevas cosas y contribuir así al mejoramiento del bienestar de nuestras gentes, objetivo en el cual todos, gobierno y sector privado, estamos empeñados.

¿Qué hacer?

Para la parte institucional pienso que hace falta que el gobierno diga con toda claridad cuáles son las reglas que regirán en adelante, quiénes deberán someterse a ellas y cuáles las consecuencias para quienes no las cumplan. Simultáneamente implementar las medidas o los proyectos que se requieran, mostrando el gobierno toda su decisión y toda su autoridad para mantener la mística viva en nuestro sistema democrático y libre.

En lo social y económico, el gobierno debería asumir el liderato, aun a costa de su desgaste político, para estructurar y poner en ejecución un programa serio, tendiente al incremento masivo del empleo productivo. Para ello no se debería apelar, como ha sido tradicional, a más“reuniones de concertación”, sino empeñarse en comprometer directamente el gobierno a los sectores involucrados a aceptar nuevos retos que permitan integrar a la gran masa de desempleados al desarrollo nacional.

La racionalización del gasto público será un imperativo, si queremos orden en casa. Para ello debería insistirse, con mucho énfasis, en los proyectos a presentar por el gobierno al Parlamento, como el máximo desafío tendiente a modernizar y volver eficiente al Estado. Con tal fin, los gremios económicos podrían formar grupos de trabajo y colaborar con el gobierno activamente.

En esta hora de tantas y variadas inquietudes, como las anotadas, es tiempo de aprovechar su excepcional liderato señor Presidente, para emocionar, como solo usted sabe hacerlo, y entusiasmar al país en un gran propósito nacional de desarrollo armónico dentro de “nuevas ideas” de esperanza en el porvenir y de compromiso de darse cada colombiano a su patria, todo lo que sea capaz, en lugar de que sigamos esperando a que el presupuesto del Estado sea la solución a todas nuestras desgracias.

Perdóneme señor Presidente, si he sido en algo impertinente, pero no ha sido esa mi intención, sino la de presentarle un panorama descarnado, como lo vemos muchos colombianos de buena voluntad.

Agosto de 1985

POSTULADOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

Propuestos por un grupo de Empresarios a la Junta de ANDI Bogotá

1. La libertad es lo fundamental en la economía de mercado.

2. Debe existir competencia. No debe haber monopolios. Las empresas no deben temer a la competencia interna ni externa.

3. No puede existir en esta época capitalismo sin responsabilidad social ni ambiental.

4. Debe mantenerse la estabilidad monetaria, no comulgar con emisiones monetarias, sean ellas para financiar los gastos del gobierno o el desarrollo empresarial.

5. No debemos aceptar presupuestos del Estado con déficit

6. No debemos aceptar una economía con inflación alta.

7. Debe haber libertad cambiaria. Respaldar con decisión una política de tasa de cambio en equilibrio.

8. Deben existir estímulos al ahorro, para poder realizar así suficientes inversiones productivas y se debe aprovechar el financiamiento externo para alcanzar un desarrollo productivo.

9. Los aranceles deben ser bajos. Los países no deben aislarse del comercio exterior y la integración no debe hacerse con base en burocracia, ni con “reglamentarismos”.

10. No transigir con el control del Estado sobre los precios.

11. La producción debe llegar a las masas y así ensanchar el mercado, aumentar el empleo y alcanzar mayor bienestar.

12. El Estado no debe actuar como empresario. Apoyar una política de privatizaciones en lo que toca con las empresas del Estado.

13. Combatir el Estado“gigante”que con exceso de reglamentaciones no deja desarrollar normalmente los negocios.

14. Como consecuencia de la aplicación de estos postulados debemos crear más empleo productivo.

15. Es imprescindible que haya estabilidad política, respeto a la ley, información veraz, confianza, autoridad, disciplina y gobernabilidad para que el país se desarrolle dentro de un clima de normalidad.

Noviembre de 1986

RACIONALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA

Memorando enviado al Presidente doctor Virgilio Barco Vargas

Los últimos años se han caracterizado por el “reglamentarismo” a través de la intervención cada vez mayor por parte del Estado, que acapara para si las responsabilidades en la ejecución de muchos programas fundamentales que normalmente deja inconclusos, en lugar de concentrar todas sus estrategias y energías en impulsar, orientar y controlar al sector privado, para que este sea quien logre que la producción fluya razonablemente, los servicios sean adecuados y así el bienestar de los colombianos mejore día tras día.

El sector público cada vez dificulta, estorba y entraba más a los sectores productivos y de servicios y ya en muchas áreas el deterioro del bienestar es palpable, especialmente en lo que toca a las necesidades básicas de seguridad, salud y educación. La seguridad social, que ha tomado el Estado bajo su directa responsabilidad, medida en logros, evidencia en fracaso. La crisis permanente que sufre nuestro sistema de justicia se debe mucho más a la falta de una organización administrativa que a la necesidad de las periódicas reformas de carácter penal que se intentan. Los servicios públicos, Ferrocarriles Nacionales, Puertos de Colombia, las Aduanas, el Inderena, la Administración de Impuestos, Catastro, la Aeronáutica, el INTRA, y así las

innumerables entidades públicas, son monstruos que se agigantan y que han llegado a ser prácticamente inmanejables.

Las empresas, y en general los servicios que atiende el Estado, son muestras palpables de instituciones que si bien tienen su fundamento y su razón de ser, carecen por lo regular de una organización administrativa eficiente que les permita cumplir con las funciones que les fijaron sus iniciadores, y por lo tanto alcanzar sus objetivos. Toda nueva empresa se pone a marchar con el respaldo de un organismo más, por lo regular no se liquida ninguno, muy dinámico en su iniciación pero que al cabo de algún tiempo acaba como todos los demás, carcomido por el comején burocrático de los mandos medios.

Lo cierto es que por su complejidad, la maquinaria del Estado no solamente ha entrabado su propio funcionamiento, sino que ha sido un freno preocupante para el desarrollo del país. En la práctica, su único objetivo hoy es oxigenar la creciente burocracia que nos está asfixiando.

Tenemos que darnos cuenta de que si queremos en verdad mejorar el bienestar de nuestras gentes, la única salida es incrementar radicalmente la producción y el empleo productivo. Y como corolario, la mejor forma de combatir la inflación es precisamente aumentando la producción, en particular con lo que toca a la parte agropecuaria y con los artículos de primera necesidad.

Pero para ello se impone inexorablemente que racionalicemos la administración pública, en forma tal que no siga siendo un estorbo. Lo primero que se requiere es definir en forma muy clara y prioritaria las reglas de juego que deben impulsar al país en los próximos años y dedicar todo el empeño a hacerlas cumplir. Con tal fin, valdría la pena hacer una pausa y pensar en un programa serio que tenga entre otros derroteros, los siguientes:

1. Lograr una legislación de emergencia por un periodo determinado, por ejemplo tres años, durante el cual se revise, se evalúe y se reestructure completamente la administración pública sobre programas verdaderamente prioritarios. Prioritarios en el sentido de concentrarnos a unas áreas sustanciales sin tratar de dar solución simultánea a todos los males que aquejan a la nación.

2. Integrar un grupo de trabajo del más alto nivel, con personas de suficiente experiencia pública y administrativa, para que estudie la razón de ser de cada uno de los organismos y requisitos que tiene o exige el Estado, revise su comportamiento, reestructure con el vigor requerido lo que valga la pena mantener, dentro del programa de prioridades señalado, y elimine aquellos que no tienen justificación verdaderamente fundamental. En pocas palabras, que lleve a cabo un proceso serio de desregularización.

3. Al cabo del tiempo señalado deberán desaparecer aquellas instituciones, requisitos o trámites que no fuesen expresamente reorganizados o ratificados.

4. Los empleados al servicio del gobierno que resultaren innecesarios, pasarán a una entidad determinada que les seguirá cubriendo los salarios, sin que sigan estorbando al desarrollo de la producción y del país. Allí tendrán la obligación de capacitarse dentro de determinados esquemas o entrarán a colaborar en un gran plan de alfabetización, o algo similar. Los organismos del Estado estarán obligados a proveer prioritariamente sus necesidades futuras de personal de esta fuente. Igualmente podrán hacerlo voluntariamente las Empresas privadas, estimuladas con un CAT para descontar de sus impuestos, equivalente a un año del salario del respectivo empleado, suma que automáticamente se economizará de pagar al erario público.

Las fórmulas, estas o cualquier otra, son fáciles de encontrar si existe un verdadero deseo de mejorar substancialmente la administración pública y de facilitar el desarrollo que el país requiere. Lo que hace falta es una decisión política seria y radical por parte del nuevo gobierno para que en vez de seguir impulsando el crecimiento del clientelismo y los excesos del “reglamentarismo” se propicie el que los colombianos nos volvamos más eficientes, dediquemos las energías a algo más constructivo, nos forcemos por incrementar muchísimo más el empleo productivo, demos un empuje sustancial a la producción; y como consecuencia de todo lo anterior aumentemos el bienestar general, anhelo de todos, pero que solo se logra si nos decidimos a trabajar y a administrar el país en una forma racional. Esta es una de las metas fundamentales que debería imponerse el nuevo gobierno desde su iniciación. Lograr una administración pública más eficiente.7

7 Nota del autor: Memorando enviado al Presidente Virgilio Barco en Noviembre de 1986. El gobierno, con el apoyo del Secretario General de la Presidencia, don Germán Montoya, organizó y puso en marcha con la Cámara de Comercio de Bogotá y su Presidente Ejecutivo Mario Suárez Melo, el Programa COLOMBIA EFICIENTE, el cual se desarrolló durante el resto del período del Presidente, para simplificar muchos trámites administrativos.

Nota del Editor: El programa Colombia Eficiente tenía como objetivo la modernización de la estructura general del aparato administrativo del Estado, por medio de la descentralización efectiva de sus funciones y responsabilidades. Así mismo, modernizar el funcionamiento interno de las entidades públicas por medio de su reorganización, del fortalecimiento de la planeación institucional y la simplificación de sus procesos. Por último, modernizar los procesos de la gestión pública por medio de los procesos de asignación y control presupuestal, la capacitación de los funcionarios estatales, la mejora de su bienestar y la participación ciudadana en el Estado.

Mayo de 1990

EL RETO PARA EL NUEVO GOBIERNO: HACER LA PERESTROISKA COLOMBIANA

Memorando entregado al Presidente electo Doctor César Gaviria, con un anteproyecto para reformar la retroactividad en las Cesantías

Nuestros problemas radican en la falta de una conciencia de prioridades, de eficiencia, de disciplina, de empeñarnos en concluir lo que emprendemos.

La carencia de tal conciencia hace que seamos y sigamos siendo un país subdesarrollado, no obstante tener los recursos suficientes para salir adelante. La verdad es que a lo largo de nuestra vida institucional, y en especial en las últimas cuatro décadas −en que el mundo ha apretado el acelerador del desarrollo−, hemos sido cada vez más dados a tomar decisiones a corto plazo con miras a solucionar necesidades inmediatas; y en no pocas veces, sin el suficiente análisis, tomamos las decisiones o las revocamos sobre la marcha movidos por la improvisación que impone el momento político que estamos viviendo.

Es así como nos hemos obligado a asumir nuevas responsabilidades para las cuales no hemos estado preparados. Los distintos gobiernos se han visto requeridos a extender su acción y su intervención en más áreas, sin detenerse a medir la capacidad del Estado mismo para hacer las cosas bien. Y hoy tenemos un Estado que es productor, financista y distribuidor de innumerables bienes y servicios: todo ello por lo general lo realiza sin ningún criterio de prioridad ni de excelencia.

Entre tanto, ese mismo Estado ha descuidado cosas tan trascendentales para la comunidad como son la educación, la salud, la seguridad, requisitos estos sustanciales precisamente para lograr el bienestar general y el necesario clima en que los negocios puedan desarrollarse normalmente.

Setenta años de revolución socialista, muestran que por el camino de la planeación centralizada no se logra la eficiencia, sino consolidar el poder de la burocracia para beneficio de ella misma. Nos lo confirma Gorbachov con su revolución de la Perestroika, con la cual trata de sacudirse las ataduras de la burocracia que lo asfixia.

Pero para nosotros no es solo un problema de burocracia sino de mandos medios incrustados por años en las empresas del Estado, con la única razón de entrabar las cosas e imponer trámites innecesarios para justificarse los sobresueldos invisibles que le permitan subsistir. El problema tiene que ver más con la falta de una clase dirigente estable, competente, comprometida en programas a largo plazo y en implantar tecnologías modernas que estén a nuestro alcance.

Desafortunadamente los dirigentes de las empresas del Estado duran muy poco, muchas veces su única meta es enriquecer su propia hoja de vida, sin permanecer el tiempo requerido para prepararse y para enfrentar los desafíos que debieron asumir.

Así por ejemplo, entre los años19 78 y 1988 la Empresa de Energía de Bogotá tuvo 5 gerentes, la de Teléfonos 7, la EDIS 10, etc. ¿Se podrá desarrollar un programa serio en periodos tan cortos? Por desgracia esa es la norma de nuestra Administración Pública. Dirigentes que llegan y se van sin tener tiempo siquiera de conocer las empresas, y mandos medios que se consolidan en la ineficiencia por falta de dirección.

El que las empresas tengan dueño es algo necesario. Que tengan a alguien que al tomar las decisiones sienta que estas pueden afectar su propio patrimonio y que asuman el riesgo. Que evalúen cuidadosamente la conveniencia de los nuevos desarrollos y estén permanentemente proyectando el futuro y adecuando las realizaciones a los requerimientos de la comunidad, con una tecnología que sea costeable, en un mercado en competencia y con una cultura moderna que busque el mejoramiento continuo, gracias a evaluaciones y correcciones permanentes para alcanzar así una calidad integral.

Es necesario descentralizar las decisiones y las responsabilidades del Gobierno, no solo para diluir riesgos sino para liberar al Estado de una carga excesiva que se ha impuesto al tener que atender simultáneamente a infinidad de campos. Y como la planeación global no es operativa y la capacidad del Estado es limitada, lo lógico es concentrar su acción en cosas prioritarias, en algo que haga bien y que sea modelo de excelencia.

La capacidad de poder atender diversidad de frentes, y de poder hacer todas las cosas bien, tiene indudablemente límites, como tienen límites los recursos económicos de que disponemos. Por ello no está bien que una vez invertimos o gastamos lo que hemos logrado ahorrar queramos seguir invirtiendo y gastando lo que no hemos ahorrado, a través de la emisión monetaria y por lo tanto apelando a la inflación, para poder lograr así el seguir atendiendo los innumerables frentes de acción que se ha impuesto el Estado. El gigantismo del Estado nos ha llevado a una situación en la cual los precios hoy crecen como espuma, con el consiguiente malestar de las gentes que no entienden por qué las cosas suben de precio día a día y ese malestar crece aún más cuando se descuida lo prioritario, como es el brindar a la comunidad educación, salud y seguridad; porque el Estado está distraído en atender otras cosas secundarias que definitivamente no hace en forma adecuada.

Es hora de hacer un alto y repensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo a medias y qué estamos haciendo mal. Es hora de repensar en qué cosas similares se han equivocado otros países y como están corrigiendo sus decisiones, sus objetivos y sus prioridades. Tenemos que hacer nuestra propia Perestroika, pensar en cómo ser verdaderamente eficientes.

Para ello se requiere de disciplina y de decisión política. Disciplina y decisión política para concentrarnos en lo prioritario. Lo secundario, o lo que sin ser secundario, o no, tiene el Estado la capacidad óptima de llevar adelante, debería dejarlo a otros, así esos otros, dentro de una sana competencia, los impulse el deseo del lucro. Hay que pasar a particulares muchas empresas o responsabilidades que el Estado no maneja bien y aquellos podrán, con su imaginación y su iniciativa, administrar mejor y con productividad. Se impone, como se está haciendo ya desde hace tiempo en otros países, hacer un programa para privatizar muchas de las empresas del Estado o de los servicios que hoy presta. Para empezar será necesario ofrecer amplias financiaciones para cubrir el valor actual de las empresas que se pongan en venta. A medida que se efectúen los pagos por parte de los particulares, el Estado dispondrá de recursos adicionales tanto por recaudo del principal como por el pago de los intereses para adelantar precisamente los programas prioritarios que debe impulsar, sin tener que seguir emitiendo, esto es, corrigiendo de paso la inflación permanente que hemos estado soportando.

Habrá que interesar a los particulares para que asuman el control de varias de las empresas del Estado que se pongan en un programa de privatización. Habrá que motivarlos positivamente, para lo cual se requerirá crear y mantener el clima propicio que induzca a las personas a trabajar, a tener ganas de hacer cosas diferentes, ganas de ganar dinero en áreas distintas al engorde de tierras o a los negocios financieros, o a todos aquellos otros que estimula la inflación y la especulación sin que realmente sean productivos.

Habrá áreas en que el capital extranjero deberá ser bienvenido, así en el pasado le hayamos cerrado el paso. No podemos darnos el lujo de despreciar la experiencia y la tecnología de empresas que definitivamente saben mejor de ciertos negocios por estar en ellos a través de una red mundial. Es quizás el caso del sector financiero. No hay duda de que los colombianos sabemos del manejo bancario, pero también es cierto que las organizaciones multinacionales abren puertas y tienen a la mano más rápidamente las nuevas tecnologías del mundo moderno que les permiten ser eficientes. Habrá capitalistas nacionales importantes que querrán ampliar sus negocios o asumir nuevas responsabilidades. Muchos de ellos son ya líderes empresariales, conocedores del medio, que saben de organización, de administración. ¿Qué mejor que compartir con ellos la responsabilidad de acelerar el desarrollo? Inclusive dentro de nuestra frondosa imaginación se podrá idear algo en el área impositiva para estimular la repatriación de capitales, con miras a la privatización de las empresas.

Pero tal vez lo más interesante para llevar a cabo un programa de privatización será fomentar la democratización del capital a través del ahorro popular. Es decir, desarrollar todo un programa de privatización de empresas del Estado, conjuntamente con un programa de “capitalismo popular”, que haga accesible a muchos la propiedad y sirva de sustento de nuestro sistema de libertad y de democracia. Esto se logrará mediante el apoyo, el impulso y la promoción decidida a unos fondos de ahorro y empleo financiados con las cesantías, con la idea de solucionar de paso los problemas de la retroactividad y del empleo.

Naturalmente que habrá que reforzar los mecanismos de control y vigilancia por intermedio de la Comisión de Valores y la Superintendencia de Sociedades, posiblemente refundiendo sus funciones en una sola entidad más fuerte, como medida de eficiencia y además concentrando su atención en aquellas empresas que manejan ahorro público.

Educación y salud. Y si creemos en la privatización de las empresas para buscar la eficiencia ¿por qué no pensar también en privatizar la educación en la medida en que ello sea posible? Hoy el gobierno tiene más de 200.000 maestros, que no puede ya el gobierno ni el Ministerio manejar en forma adecuada. Es algo que está fuera de su capacidad de vigilancia y control. Ni siquiera se sabe cuántos maestros están actualmente en la nómina. ¿No será más eficiente que el Estado estableciera un control estricto sobre los programas y sobre las escuelas privadas y otorgara becas en ellas hasta cierto valor, todas las que fueran necesarias, a todo aquel que las requiera y cumpla los requisitos, sin necesidad de recomendaciones políticas?, ¿no será mejor esto que estar en permanente conflicto con los sindicatos de maestros oficiales, sin poder concentrar su atención en el desarrollo de los programas mismos?, ¿no será éste un programa que demandará muchísimo menos recursos a los que hoy estamos desperdiciando?

Algo parecido podrá hacerse con la salud, comenzando con el Seguro Social, para permitir que el Estado pueda concentrarse en tener mejores hospitales, en brindar un mejor servicio a los más necesitados. Las Cajas de Subsidio Familiar u otras entidades, en competencia con el ISS, podrán asumir, en buena parte, los riesgos de enfermedad., especie de seguros generales de salud, creadas con tal fin y manejarlas en forma más eficiente, directamente por los patronos y por los trabajadores.

En fin, el campo para reprogramar y buscar la mejor utilización de nuestros recursos a través de la eficiencia de las empresas y los servicios del Estado, en un programa de privatización es inmenso, y hacia ese objetivo debiéramos orientar todos nuestros mayores esfuerzos. La responsabilidad del desarrollo no debe ser solo del Estado o de unos pocos, sino del mayor número de colombianos que sea posible comprometer para que pongan su inteligencia y su trabajo en el logro de un mayor bienestar para todos.8

8 Nota del Autor: En este gobierno se hicieron muchas de estas cosas. La nueva Constitución permitió la reestructuración o la liquidación de varias Entidades y hubo voluntad política para realizar muchos cambios en el gobierno del Presidente César Gaviria.

Diciembre de 1991

EL PORQUÉ DE LA APERTURA

Conferencia en la Universidad Javeriana

El mundo ha dado una colosal e inesperada voltereta en los dos o tres últimos años. Ha sido esta una revolución sin muertos, sin disparos, en la cual ha acabado por imponerse la economía del bienestar, la economía del mercado. Así, las Democracias han ganado la Guerra Fría que se inició en la década del cuarenta, o lo que es lo mismo, la Tercera Guerra Mundial del siglo.

El Comunismo se derrumbó porque no tenía doctrina económica. Su fundamento era una utopía: no permitía la movilidad de las personas en el trabajo, ni la libertad de educación. Los precios eran políticos sin ningún criterio de costo. La ley de la oferta y la demanda era ignorada.

Como consecuencia, lo militar pasó a un segundo plano. El pacto de Varsovia ha desaparecido. La OTAN ha perdido importancia. Lo que importa ahora es lo económico y lo político. Los bloques en formación con poder económico y político. Poder sobre los recursos.

En adelante el concepto de seguridad será diferente. Inclusive en relación con el tercer mundo. Ahora lo que interesa son los problemas inherentes al narcotráfico, al terrorismo, al medio ambiente, al racismo, a la emigración, etc.

Demasiado importante será la emigración, ya que los países desarrollados tendrán que abrir sus mercados para adquirir mercancías con alto contenido de mano de obra producidas en las naciones de menor desarrollo, como una medida de emergencia para contener el enorme caudal de personas que a ellos está tratando de llegar. Y les seguirá llegando, quiéranlo o no, en busca desesperada de empleo. Es la nueva estrategia de Estados Unidos en relación con Méjico, su vecino de amplias fronteras. Y es en parte la razón del impulso dado por los organismos internacionales a la apertura.

Mientras tanto las naciones de avanzada se las ingenian para recuperar los ingresos que perderán con el intercambio de mercancías, a través del desarrollo de los servicios, la venta de tecnología y los mayores rendimientos de sus inversiones en los países subdesarrollados.

El liderato en el futuro va a depender, más que de las armas, de la capacidad económica, de los servicios y de la tecnología. Allí es donde estará la fortaleza de las grandes potencias.

Por eso el gran desafío de la comunidad empresarial en el momento actual está en la internacionalización o globalización de la economía.

Apertura, integración, modernización, son recetas de moda que buscan la mutua dependencia de las naciones, de acuerdo con sus ventajas comparativas.

Ya se dibujan tres grandes bloques económicos en diferentes continentes:

El Viejo Continente va hacia una nueva Europa: la Comunidad Europea, con Alemania como líder indiscutible. Su reto inmediato será acabar con sus barreras aduaneras, en un futuro próximo tener una moneda común y reconstruir los países del centro y del este europeo, los que vienen del comunismo, en lo económico y en lo político.

En segundo lugar está el mercado de la Cuenca del Pacífico, con Japón9 a la cabeza. En este momento tiene ya una preponderancia en el comercio mundial, por todos conocida. Curiosamente en ambos mercados las dos potencias que perdieron la guerra, son las que juegan hoy un papel más destacado. Y no podemos descuidar a China, a India, a Indonesia…

Finalmente está el área de Libre Comercio de Estados Unidos con la integración de Méjico y de Canadá. Y ojalá que no muy lejos, esta integración cobije a toda América, como lo ha propuesto el Presidente Bush, y algún día ojalá tengamos una moneda común que evite las emisiones sin control y que permita tener unos términos de intercambio razonables, sin especulaciones cambiarias.

Quien en Colombia no se percate de esto que está pasando en el mundo moderno y no se prepare para los cambios que habrán de venir en el inmediato futuro, se quedará atrás.

En Latinoamérica siempre hemos vivido en permanente atraso. Dios quiera que en esta oportunidad no nos quedemos demasiado rezagados y logremos tomar el tren del progreso a su debido tiempo. No hace mucho estábamos ciegamente comprometidos con la Escuela de CEPAL, cuya tesis principal era la de la sustitución de importaciones; tesis que ahora es cosa del pasado. Es cierto que ésta última contribuyó a crear una infraestructura industrial en estos países, pero también es cierto que nos acostumbró a una sobreprotección que nos hizo indiferentes a nuestra ineficiencia, a la competencia, a la lucha por la subsistencia.

Esta Escuela nos enseñó a recostarnos en el Estado, a pasar los costos de la ineficiencia al consumidor, a calcular precios en función de márgenes fijos sobre costos, cualquiera que ellos fueran, sin importar que estos resultaran justos. Los precios no eran consecuencia de la competencia en el mercado interno. Tampoco el objetivo era producir para el mercado externo. A su vez los trabajadores se acostumbraron a exigir sin medir las consecuencias, ya que todos los sobrecostos en que se incurría los pagaba sin objeción el consumidor.

Todos: gobierno, empresarios y trabajadores nos volvimos paternalistas. El paraguas protector estaba en los aranceles, en las listas de previa o prohibida importación, en las excesivas reglamentaciones, en los subsidios o incentivos fiscales, etc.

Por eso también el productor era indiferente a exigir una tasa de cambio en equilibrio, a oponerse a la politización, a la corrupción, a los déficits fiscales. También lo tenía sin mayor cuidado el mal estado de la infraestructura, de las carreteras, de los ferrocarriles, de los puertos.

Nuestra tradición ha sido la de un país con los centros de producción alejados de las costas. Aislado. Autosuficiente. Poco amigo de la inmigración de técnicos extranjeros, del capital externo, de las nuevas tecnologías. Al fin y al cabo así ha sido España hasta su reciente ingreso a la Comunidad Europea y nosotros lo heredamos por simple tradición.

Todo esto generó, en el país, una mayor concentración de la riqueza, aunque en verdad ella ha provenido más de los negocios especulativos en la tierra y en el sector financiero.

A partir del año 1968 se hicieron algunas correcciones con altibajos. Se llegó a la devaluación gota a gota, se impulsaron las exportaciones. Se creó Proexport. Se diseñó el Plan Vallejo. Apareció el CAT convertido luego en CERT. Inclusive se llegó a idealizarnos como el Japón de Suramérica.10

También es cierto que paralelamente, el contrabando se ha venido incrementando aceleradamente, en muy buena parte causado por la prohibición a las importaciones, por las altas barreras aduaneras, por el dinero de la droga que se filtra por toda la economía, como las goteras de agua en una casa. Las mercancías del exterior han saltado esas talanqueras en los casos en que las diferencias de los precios y las calidades han sido muy acentuadas entre el mercado interno y el externo.

Hay que ser conscientes de que la apertura en que nos hemos embarcado ahora y que no tendrá ya retroceso, generará una dura competencia a que no hemos estado acostumbrados.

La gerencia de hoy tendrá que cambiar su rutina de trabajo y enfrentarse a mejorar los costos, las calidades, la tecnología, la capacitación de su personal. A ello tendrá que dedicar mucho tiempo. El que antes pasaba en las oficinas públicas pidiendo permisos, llenando formularios, dando justificaciones, pidiendo favores, o comprando funcionarios. Este sistema de reglamentar en exceso para luego cerrar los ojos a las excepciones, ha sido la razón principal de la gran corrupción que hoy sufrimos.

Quien se prepare bien y afronte este desafío tendrá las de ganar, si lo hace con inteligencia, con un estricto control de costos, con una adecuada evaluación de las oportunidades.

Habrá líneas de negocios que de todas maneras no serán competitivas y tenderán a desaparecer. Tendremos que acostumbrarnos a algo que no conocíamos y es a cerrar negocios ineficientes. Pero en otros campos podremos fortalecernos dependiendo de nuestro ingenio, de las ventajas competitivas y de las facilidades que nos del gobierno; por ejemplo recursos para hacer una oportuna y necesaria reconversión industrial.

Tendremos que hacer también un esfuerzo grande conjuntamente con el gobierno para preparar más técnicos en carreras intermedias y menos profesionales de corte tradicional.

Los Fondos de Cesantías, y a corto plazo los de la Seguridad Social, jugarán un papel importante en la generación de los recursos necesarios para atender las nuevas inversiones que se requieran, logrando de paso la democratización de la sociedad anónima, de acuerdo con nuevas reglamentaciones que tendrán que venir para facilitar este proceso. También estarán llamados a proveer fondos para la privatización de las empresas del Estado, logrando así que estas sean en parte propiedad de los trabajadores.

Ante el gran desarrollo de los países de Oriente, ya va dejando de ser negocio producir en los países desarrollados manufacturas con alto contenido de mano de obra, y se están volcando las empresas americanas, por ejemplo, a países de Asia o de Centroamérica para atender desde estos, donde existe mano de obra buena y abundante, la demanda del mercado internacional por sus marcas. Nuestros gerentes al ver languidecer su negocio tendrán que moverse rápido y hacer replanteamientos para tratar de convertirse en socios de empresas extranjeras, distribuir sus productos por intermedio de ellas, o fabricar componentes, o artículos, con alto contenido de trabajo nacional.

Habrá pues que reorganizar las empresas y los empresarios tendrán que poner todas las energías en ser competitivos para conservar los mercados internos y para conquistar los externos.

Pero para avanzar se requiere también en forma radical “desregularizar” el país. Somos amigos de reglamentar todo y ello sólo logra entrabar los negocios. Hacerlos ineficientes. Incrementar los costos. Hay que quitar todas las trabas innecesarias. Abolir todos los permisos inútiles. Suspender todos los trámites ante oficinas y superintendencias que no tengan una razón de ser sustancial o no sean prioritarios.

Tendremos también que privatizar muchas empresas ineficientes del Estado. Muchos servicios que se prestan en forma irregular, con sobreprotección del gobierno, como los puertos, los ferrocarriles, las comunicaciones, algunos servicios públicos, la seguridad social. La estrategia de la privatización tiene dos objetivos: ser más eficientes y fortalecer las finanzas del gobierno.

Parece no haber dudas sobre las ventajas teóricas de la apertura en sí. Ella es una necesidad del mundo de hoy. Sin embargo algunos en Colombia sostienen que esta debe hacerse prioritariamente de adentro hacia afuera; es decir, poniendo el énfasis en las exportaciones antes que en las importaciones. Y no dejan de tener cierta razón. No es lógico exponer nuestra producción a la competencia abierta o al dumping internacional sin tener mecanismos adecuados y operantes para defendernos. Hasta ahora la manufactura nacional se ha desarrollado con ineficiencias por falta de recursos y de mercado. Hay que reconocerlo.

No hay que olvidar que los grandes productores a nivel mundial, en las ventas marginales que nos hagan, ya tienen todos sus costos indirectos cubiertos; luego lo que reciban por encima del costo directo será todo utilidad, además hay que tener presente la costumbre en muchos países como el Japón, en los cuales el precio en el mercado interno subsidia en alguna forma lo que cobran en la exportación.

Por otra parte, “el desarrollo exitoso de las economías asiáticas recién industrializadas obedece más a la intervención y orientación de los gobiernos que a las políticas de mercado libre”, según un estudio del Instituto de Ciencia Política de Washington, escrito por el economista Sthephen C. Smith, profesor asociado de economía de la Universidad de George Washington. En este estudio se demuestra que los gobiernos de Corea, Singapur, Taiwan y Tailandia intervinieron activamente en las políticas industriales y apuntaron hacia la promoción de las exportaciones para impulsar sus economías. “En lugar de insistir en que los países en desarrollo sigan un rumbo de plena liberalización del comercio a fin de recibir ayuda, préstamos, o ayuda para reducción de la deuda”, agrega Smith, “los organismos internacionales tienen que entender con más exactitud cómo se han utilizado esas políticas industriales dirigidas y luego promover un nuevo modelo para el crecimiento impulsado por las exportaciones”.

“En lugar de dejar sencillamente que operen los mercados”, alega Smith, “estas repúblicas de Asia alteraron deliberadamente los incentivos de precios a fin de promover las manufacturas que requerían conocimientos y tecnología cada vez más avanzados. Tales políticas forzaron a los productores nacionales a mejorar su tecnología y las destrezas de su fuerza laboral, lo que hizo que sus economías fueran aún más competitivas”.

Debiéramos pues enfrentarnos a una apertura gradual, exponiéndonos en un principio a una competencia similar, como la de los mismos países latinos que tienen problemas parecidos a los nuestros. En un match de boxeo lo lógico es enfrentarse primero a un contendor de categoría similar y no a los pesos pesados porque podríamos salir lesionados.

El proceso de apertura tiene un costo para el país en su etapa inicial. Para las empresas que ven afectados sus mercados y en consecuencia sus precios y sus ingresos. Para los trabajadores que inicialmente sienten disminuir el ingreso real de los salarios y aumentar el desempleo.

Lo importante es que la situación durante la implementación no se torne crítica y no nos vayamos a sumergir en una crisis inmanejable.

Es cierto que hemos venido preparándonos en este proceso de apertura desde el año 1989. Primero se aceleró la tasa de devaluación y llegamos a tener un peso subvaluado en cerca del 18%. Es decir se logró tener a través de la tasa de cambio un subsidio para las exportaciones y una protección para la producción nacional que amortiguó el impacto de la desgravación arancelaria y que evitó el incremento acelerado de las importaciones. De allí que las exportaciones hayan crecido en forma acelerada en los últimos años; no así las importaciones.

Sin embargo esta protección ha desaparecido dadas las varias y recientes medidas del gobierno nacional que ha vuelto a revaluar el peso.

Para hacer desarrollo y para hacer apertura, es requisito indispensable que haya estabilidad y congruencia en las decisiones que se tomen. Y qué condiciones extrañas no interfieran en el proceso. No le debemos tener miedo a la apertura en sí. Hay que tenerle miedo, pavor, a la interferencia de factores extraños como está ocurriendo hoy en Colombia. A la especulación financiera debido a la diferencia exagerada entre el interés dentro y fuera del país, lo cual conduce a que llegue el “capital golondrina” ansioso de utilidades; para ello habrá que forzar rápido la baja de los intereses internos. Por otra parte, a las diferentes tasas de cambio en el mercado que incentivan la sobre-facturación de las exportaciones, la subfacturación de las importaciones y el contrabando masivo. Y qué decir del dinero de la droga, algo así como el lastre de una carga pesada que está suelta en un barco. Este solo factor distorsiona totalmente los términos del intercambio comercial.

Es necesario también que haya una estrecha concertación entre el gobierno y el sector privado. En una economía cerrada, como la que teníamos hasta ahora, el sector privado y el gobierno estaban enfrentados permanentemente en la búsqueda de ventajas para distintos grupos de influencia de acuerdo con las circunstancias.

En una economía abierta, el Estado y el sector privado deben ser socios y obrar en estrecho acuerdo para hacer frente con éxito a la competencia de fuera que es el enemigo común de las empresas y del trabajo nacional.

Pero para poder hacer concertación entre el sector privado y el gobierno es requisito previo que haya concertación dentro de las diferentes agremiaciones empresariales, donde se discutan las ventajas y desventajas, las fortalezas y las debilidades de nuestra producción y se lleven entonces las conclusiones a las discusiones con el gobierno. Habrá pues necesidad de reintegrar al sector empresarial en una cúpula donde haya más estudio, y más solidaridad sobre lo que realmente le conviene al país.

En todo esto el sector empresarial tiene que tomar un liderazgo fuerte para impulsar este proceso en la forma adecuada, a fin de alcanzar las metas a que se comprometa, con una responsabilidad y una solidaridad a la vez, que no puede eludir.

9 Nota del autor: En lugar de Japón, el líder asiático es China en la actualidad.

10 Nota del Editor: Durante el gobierno de Belisario Betancur se expidió la Ley 48 de 1983, mediante la cual se estipularon nuevas pautas de orientación en el comercio exterior. Entre ellas, se implementaron los Certificados de Reembolso Tributario-CERT como un mecanismo adicional de estímulo a las exportaciones, mediante la devolución total o parcial los impuestos pagados por los exportadores. Su última modificación se realizó en el 2008 para beneficiar al sector textil, de confecciones, maderero y sus manufacturas, manufactura de hierro, acero, aluminio y zinc, entre otros.

Febrero de 1992

QUÉ HACER CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Intervención en el Foro de INCOLDA Sobre la Seguridad Social con el Presidente de la Comisión Séptima del Senado doctor Álvaro Uribe Vélez y con el Ministro de Trabajo doctor Luis Fernando Ramírez

La Seguridad Social involucra dos tareas diferentes: la salud de los trabajadores y el régimen de pensiones.

La primera demanda unas obligaciones cuyos resultados se conocen a corto plazo y en la segunda esos resultados solo se ven después de 20 o más años, cuando las personas encargada de dirigir las instituciones y de hacer los pagos serán otras muy diferentes a aquellas que hicieron los recaudos, invirtieron los dineros o formularon las políticas.

Como responsables de realizar esta labor tenemos en Colombia al ISS, para el sector privado. Y más de mil cajas que pagan pensiones para el sector público. La muy crítica situación económica y la calidad de los servicios de todas estas entidades, especialmente de las del sector oficial, es por todos conocida.

No es pues hora ya de insistir en un catálogo de buenas intenciones solicitando que el ISS o las Cajas de Previsión modernicen sus sistemas administrativos, limiten sus gastos burocráticos, eviten el despilfarro de sus reservas económicas, se substraigan en su manejo de la inconveniente injerencia política, humanicen sus servicios médico asistenciales, ejerzan un estricto control de gastos y filtraciones, etc.

Si no tomamos medidas valerosas tarde o temprano volveremos a caer en los mismos vicios de antes porque los errores del sistema son estructurales. Y cada vez los problemas serán mayores y casi imposibles de resolver.

La primera decisión que debería adoptarse, sin vacilar, en cualquier reforma que se haga, será la de separar en forma radical no solo en lo administrativo y en lo financiero, sino en lo institucional las dos funciones fundamentales de la Seguridad Social: salud y pensiones.

Y debe ser en forma institucional, pues desde la reforma del doctor López Michelsen se ha aceptado la tesis general de la separación sin que en la práctica haya tenido cabal cumplimiento, ya que hasta hace algún tiempo seguían ocurriendo transferencias de fondos de los riesgos económicos para cubrir déficits de la salud, o para asumir parte de los gastos de administración, lo cual creó una peligrosa e incierta promiscuidad.

Cada área de la Seguridad Social debe tener la total autonomía y la autosuficiencia financiera de la misma, pues sus objetivos en el tiempo son radicalmente diferentes.

SALUD

Un servicio de salud eficiente es un derecho que tienen todos los trabajadores, porque además lo están costeando con parte importante de su salario. Más aún, es un derecho de todos los colombianos. Lo cierto es que en el caso del Instituto de Seguros Sociales no se está cumpliendo a cabalidad con los objetivos para los cuales fue creado.

En relación con los servicios de enfermedad, ellos no son hoy satisfactorios, ni lo serán, así se haga un esfuerzo excepcional por mejorarlos, como lo está intentando con especial decisión la actual directora de la institución.

Con excepción de Ecopetrol, el ISS es hoy la empresa más grande del país con 33.000 funcionarios y un presupuesto de mil millones de dólares. Ya de hecho el ISS se ha convertido en una institución inmanejable. No cometamos el error de agrandarlo aún más, como el mismo instituto lo está proponiendo.

De allí que además de la separación de los riesgos de salud de los económicos, es fundamental estimular la competencia, para lograr una adecuada atención a los usuarios.

Por ello se ha recomendado reiteradamente que el ISS siga prestando los servicios médico asistenciales pero en competencia, en forma tal que aunque la afiliación al sistema de salud siga siendo obligatoria, el asociado libremente pueda ingresar o retirarse del organismo que le presta mejores y más oportunos servicios.

Debe ser el usuario directamente el que en primera instancia vigile y controle el sistema mediante su decisión individual de afiliarse, permanecer o desafiliarse de la institución donde le resulte satisfactorio tomar el amparo.

Lo ideal es crear varias Cajas de Salud, no demasiadas, similares a las Cajas de Subsidio Familiar, que operen en competencia. No demasiadas porque se atomizaría el sistema y nos iríamos al otro extremo. Una alternativa podría ser la de hacer posible la afiliación al sistema privado de Medicina Prepagada como una alternativa.

El ISS continuará operando, con la ventaja de contar ya con muchísimos afiliados, pero tendrá que hacer un esfuerzo para competir en calidad y en servicio si pretende que no se desafilien en un futuro parte de los que ya tiene por decisión individual de estos y no de las empresas y logre a la vez que ingresen nuevos en un futuro. Recordemos que la nueva Constitución pone énfasis precisamente en la participación de los ciudadanos y de allí que no deba existir una camisa de fuerza con una clientela cautiva, obligada a permanecer en entidades ineficientes como está ocurriendo.

En esta propuesta, la prestación de los servicios medico asistenciales será asumida simultáneamente por el ISS y por cajas de salud privadas o por compañías de Medicina Prepagada. Dirigidas aquellas exclusivamente por trabajadores y empresarios para la administración de estos riesgos, pero con la estricta orientación y control del gobierno.

De esta manera, además de la competencia, una reforma de fondo será separar la administración de la vigilancia, en este servicios fundamental para los Colombianos.

Como responsable de fijar las políticas, el gobierno definirá las cotizaciones y las condiciones mínimas de servicio que deben cubrir necesariamente las cajas de salud. Este servicio mínimo amparará a todos los trabajadores por igual, independientemente del monto de su aporte, sin perjuicio de que en forma voluntaria para los afiliados las cajas ofrezcan a quienes utilicen sus planes normales, otros diferentes con primas adicionales.

Por reglamentación las cajas no deberán hacer discriminaciones odiosas con quienes pidan ingreso. Para los trabajadores independientes o para que quienes lo soliciten, se podrán ofrecer “paquetes de servicio” especiales. Y en un futuro no muy lejano, para los estratos bajos de la población, podrá el gobierno a través del Ministerio de Salud cubrir los aportes patronales para los planes de Salud Básica con los numerosos recursos que llegará a recibir por su participación en el sistema de juegos de azar, si es que se logra organizar en forma transparente, sana y eficiente su operación y su recaudo.

Estas Cajas no tendrán a su cargo la prestación directa de los servicios de salud, sino que se limitarán a un manejo financiero, a manera de una compañía de seguros. Esta alternativa será más eficiente a la permanencia exclusiva del sistema actual, por cuanto no estará sujeta a la injerencia política ni tendrá los problemas administrativos asociados a la prestación de los servicios médicos.

En tal caso los servicios médico asistenciales serán solicitados, excepto quizás para el caso del ISS, en forma individual, por el trabajador a una cualquiera de las organizaciones o cooperativas médicas que se constituirán, las cuales crearán la infraestructura necesaria y realizarán acuerdos con clínicas u hospitales ya establecidos o con grupos de profesionales que se organicen para ofrecer estos servicios.

La propuesta descrita además de amparar más eficazmente a los afiliados tiene la ventaja de extender fácilmente la cobertura, pues no requiere para ello de complejas inversiones en el área de la salud, sino que se utilizaran al máximo y en forma eficiente los recursos humanos y la infraestructura física existentes. Como es sabido, la Seguridad Social solo llega hoy al 45% de los asalariados, esto es el 20% de la población total del país.

Estos mismos derroteros podrán seguirse en relación con las Cajas de Previsión y los empleados oficiales o quienes coticen a ellas. Algunas cajas podrán seguir operando, pero el empleado deberá igualmente tener la libertad de permanecer donde le den una atención eficiente o afiliarse individualmente a una cualquiera de las Cajas que se creen, con la obligación de la entidad oficial de hacer el aporte oportuno que le corresponda.

RIESGOS ECONÓMICOS: INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

Para asumir las obligaciones actuales y futuras en el área económica, hoy a cargo del ISS y para independizarlas de éste como se propone, se debería crear el Fondo Nacional de Pensiones, manejado igualmente por empresarios y trabajadores con la orientación y la estricta vigilancia por parte del gobierno.

Inicialmente se constituirá con los recursos provenientes de las reservas que para tal fin tiene el ISS. En compensación deberá asumir todos los compromisos existentes con los jubilados y con la clase trabajadora. El déficit resultante mientras el sistema se ajusta deberá estar a cargo del Presupuesto Nacional.

Vale la pena analizar y destacar en este punto, la propuesta del gobierno de limitar para los nuevos aportantes y para los actuales menores de 40 años el pago máximo a una “pensión básica”, equivalente a un salario mínimo, o sea proporcionar a los afiliados, un ingreso mínimo o de subsistencia. Solo que esta Pensión Básica deberían recibirla en su momento todos los aportantes, aun los que reciban la “Pensión Complementaria”.

Debería establecerse en esta forma y únicamente para la“Pensión Básica”un sistema simple de reparto y no de capitalización, lo cual significará que cada año se hará una proyección del costo de los riesgos del año siguiente y con base en tal proyección se fijarían las cuotas a cargo de trabajadores y empresarios en la proporción de una tercera y dos terceras partes respectivamente.

Simultáneamente se deberá respaldar la afiliación obligatoria de todos los trabajadores con ingresos superiores al salario mínimo a los Fondos Privados de Pensiones y Cesantías, para que, mediante un sistema de capitalización individual similar al que existe en forma exitosa en Chile, los aportes de patronos y trabajadores contribuyan a la formación de los ahorros individuales destinados al pago de una “Pensión Complementaria” de jubilación, acorde con los ingresos que el trabajador haya tenido a lo largo de su vida laboral.

En términos generales y con algunas salvedades, es la excelente propuesta formulada por el Señor Ministro de Trabajo a la Comisión sobre Seguridad Social a fines del año pasado la cual debiéramos acoger y respaldar.

Sus principales ventajas se fundamentan en:

La eficiencia que brindaran los Fondos Privados gracias al sano principio de la competencia.

La posibilidad de que cada trabajador escoja libremente el Fondo que quiera o se pueda trasladar a otro, si esa es su voluntad.

El poder conocer regularmente el valor de sus ahorros con certeza, sus rendimientos y con qué recursos cuenta para su vejez.

Desarrollar el sentido de propiedad para los aportantes. u El contar al fin con un sistema que tenga plena credibilidad ante la opinión pública.

Lo más trascendental, el poder disponer de una enorme fuente de ahorro popular para impulsar el desarrollo del país.

En fin, lo importante es que los dineros recaudados se inviertan en empresas productivas de bienes y servicios eficientes. Entre otras cosas, allí estarán importantes recursos para lograr la privatización a través de la capitalización popular de muchas de las empresas del Estado.

Lo grave será que estos Fondos o parte de ellos se desviarán a la inversión en papeles del Estado, con destino a cubrir déficits operacionales del gobierno. Porque entonces el sistema económico estará haciendo una desinversión, con un peligro inminente de acelerar la inflación y volveríamos a enfrentarnos al fantasma que hoy sufrimos del fracaso.11

11 Nota del Autor: Después de este seminario se organizaron dos viajes con 14 parlamentarios y 28 líderes sindicales a Chile y de allí nació la Ley 100 de 1993 que reorganizó y reglamentó todo lo referente a la Seguridad Social en los riesgos de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales pero hoy, después de más de 17 años, aun presenta fallas visibles en materia de salud por exceso de reglamentaciones, falta de control, abuso en las tutelas y en los fallos jurídicos que han desfigurado el sistema y debilitado la parte financiera; y diferencias entre los dos sistemas de pensiones, que deberán ser analizados y corregidos para que el sistema no colapse. Estamos en mora de realizar una reforma a fondo, sin interferencias de sectores beneficiados.

Mayo de 2007

FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD EXTERNA

Memorando al Ministro de Hacienda doctor Oscar Iván Zuluaga

No dudo de que la situación económica en Colombia en los últimos años ha mejorado de manera substancial, pero aún quedan nubarrones negros, con problemas serios por resolver, como el déficit fiscal que va para largo, en buena parte por causa de la reforma a la Constitución. En épocas de bonanza, entendemos que hay que ahorrar y tener un superávit para cuando lleguen las dificultades. Pero además tenemos un problema aun mayor que no hemos sido capaces de resolver a pesar de todo el esfuerzo hecho por el Banco de la República, por el Gobierno Nacional y por los diferentes centros de opinión del país, y que será mucho más complejo en un futuro cuando ingresemos más de lleno a la corriente del comercio internacional. Para resolverlo, creo que tenemos que salirnos del esquema tradicional. Y es que nuestra producción, especialmente nuestra mano de obra, son cada vez menos competitivas a nivel internacional. Ya se vio el efecto el año pasado cuando subió el Producto Bruto 6.8% y el empleo bajó aproximadamente 6.3%, según El Tiempo de marzo 22. ¿Cuál fue la razón? Tan simple debe ser, que nadie acierta a dar una respuesta lógica.

En el mismo año nuestras importaciones de la China crecieron en 425% para llegar a 2.010 millones de dólares en los registros oficiales, pero si se tuvieran en cuenta los rumores sobre subfacturación, contrabando, etc., las importaciones pudieron ser por lo menos de otro tanto. Ese drama amenazador que cada vez nos lleva a una situación más crítica no es otra cosa que la revaluación del peso frente al dólar, y no hablemos del euro. Desde diciembre del 2002 hasta hoy el peso se ha revaluado en 31% y en lo que va del 2007 en 12%. Es decir, nuestros artículos se han vuelto más costosos a precios internacionales, cuando a la vez el salario mínimo se ha incrementado desde entonces no menos de 30%. Estos dos hechos hacen que estemos perdiendo competitividad en los mercados internacionales y que aparezcamos en las estadísticas con un incremento en el ingreso per cápita muy importante, cuando la verdad es que la gente sigue viviendo en condiciones no tan espectaculares.

A mediados del año 2001 nos visitó el economista canadiense Robert Mundell, premio Nobel de Economía y defensor de la“dolarización”. En ese entonces hizo la salvedad de que en Colombia había que resolver primero el problema del déficit fiscal. Anteriormente había venido al país otro premio Nobel alemán con la misma tesis de la “dolarización”y había sido uno de quienes la recomendó en Argentina. En reuniones varias que hicimos en el ICP en ese entonces se decía que la “dolarización” en Ecuador iría a ser un fracaso, pero con el paso del tiempo la realidad no parece ser tan alarmante, a pesar de los errores en materia económica en que han incurrido, además los precios de sus productos han mejorado en más de 30% en relación a los nuestros por esta sola razón. En cambio en Argentina fracasó la paridad con el austral, pero por causas de la indisciplina en el manejo económico, la malversación de recursos, etc. Hace seis años cuando discutíamos con don Hernán Echavarría sobre la conveniencia de la “dolarización del peso”, él nos decía que no era partidario porque la experiencia del país era que había que dejar una válvula de escape para poder recurrir con cierta regularidad a devaluar a fin de corregir las relaciones de intercambio, por los desajustes ocurridos con los errores en el manejo de la economía a que estábamos habituados, y que no era aconsejable entonces renunciar a esa útil herramienta. La cosa es que ahora la situación es la contraria y no sabemos cómo salir del problema. De allí la pregunta ¿si se hubiera “dolarizado el peso” en el 2002, cuando el cambio estaba por ahí cerca de $ 2.865, no estaríamos más tranquilos hoy?

Entre otras cosas el Banco de la República no tendría que estar emitiendo pesos para comprar dólares en el mercado abierto. Sencillamente la gente tendría sus recursos en dólares. En este momento en Colombia la abundancia en exceso de dólares provenientes de la informalidad de la droga nos sigue golpeando en forma seria, y es así como este terrible mal es el mayor causante de la “revaluación del peso”. Es algo como “una carga suelta en un barco”, sin ningún control, que de acuerdo a las circunstancias hace que la economía se “tambalee”, aun cuando el manejo monetario parece marchar en forma aceptable. Esta situación ha venido a agudizarse en los últimos tiempos con las privatizaciones oficiales, con la venta de negocios privados a extranjeros y con las inversiones golondrina y venezolanas, entre otras. Es así como nos siguen llegando más y más dólares que obligan a emitir más y más pesos y si no los gastamos al mismo ritmo, acabamos necesariamente revaluando la moneda. Si estuviéramos dolarizados, no pasaría nada, la gente mantendría estos recursos en dólares sin monetizarlos o los invertiría, como el caso de Panamá, a donde llegan dólares por montones de toda procedencia y nada pasa.

El problema es tratar de buscar una salida razonable que le ayude al país a “recoger” los dólares que andan sueltos, sin tener que emitir pesos. Pero, ¿para qué recogerlos? Hasta ahora ni el Banco, ni el Gobierno han logrado una solución satisfactoria. Tal vez si pudiéramos volver a pensar en “dolarizar nuestro peso” o mejor en eurizarlo, el manejo de las dificultades que estamos teniendo sería menos complejo. Acaso, ¿casi todos los países de la Comunidad Europea no están bajo el manejo de una sola moneda? A medida que haya apertura en el comercio internacional se hará más necesario tener un menor número de monedas para evitar las frecuentes oscilaciones entre ellas, facilitar el intercambio y tener una mayor estabilidad.

En nuestro caso, el primer paso tendría que ser corregir el actual déficit fiscal y luego buscar la forma de facilitar que las relaciones de intercambio se acercaran a lo que teníamos hace algún tiempo, para no quedar en desventaja permanente en nuestra capacidad de competir con otros países. Indudablemente no sería nada fácil una solución de este tipo por el carácter político que conlleva, pero de todas maneras sería interesante analizar y debatir esta posibilidad desde el campo académico, pues a medida que pase el tiempo y el mundo se globalice, se apreciará mejor su conveniencia.

Febrero 4 de 2008

CARTA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Con motivo de su participación en la celebración de los 20 años del Instituto de Ciencia Política

Para mí fue trascendental y muy emocionante su participación en la celebración de los 20 años del Instituto de Ciencia Política, no sólo por su presencia sino por su magistral intervención sobre lo que representó Don Hernán Echavarría Olózaga para Colombia a lo largo de toda su vida, ya que fui testigo de ella al tener la fortuna de permanecer muy cerca de él por más de 50 años.

Así mismo, fue de especial importancia en su intervención la referencia que hizo al gobierno del doctor César Gaviria, no solo en relación al revolcón que le imprimió a la economía, sino también como usted muy bien lo anotó, a los cambios profundos que realizó en la política laboral, la seguridad social, la retroactividad en las cesantías y en muchas cosas más que los medios han tratado de ignorar con el paso del tiempo y que fueron y han continuado siendo fundamentales en la creación de empleo, de ahorro y en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras gentes durante los últimos 15 años. Por algo el Instituto ha estado tan cerca de ese y del actual gobierno. En lo personal, permítame agradecerle el reconocimiento que usted muy amablemente ha hecho en varias oportunidades a mi aporte en la solución de estos problemas.

Ojalá que con la ayuda de Dios, en este difícil momento que vivimos en Colombia, dos de las cabezas que mejor conocen al país y que más influencia tienen se pongan de acuerdo en señalarnos los caminos más adecuados para despejar el futuro, de ser posible mediante una coalición de las diferentes tendencias liberales y progresistas en la unión de una sola fuerza que con la firmeza necesaria siga adelante con los programas de la Seguridad Democrática y que defina la conveniencia de una reelección de uno de los dos máximos líderes que tenemos, o que se encuentre una figura nacional nueva, comprometida y conocedora de nuestros problemas y que no sea impuesta por los medios de comunicación. Sin duda contamos con figuras excepcionales que podrían conducir al país, como Luis Alberto Moreno, Oscar Iván Zuluaga, Luis Carlos Villegas, Rodrigo Rivera… y seguramente otros más, pero son personas que necesitan hacerse conocer a tiempo de la opinión pública antes de que llegue la hora de las decisiones.

Permítame Señor Presidente transmitirle estas inquietudes personales que son las mismas preocupaciones de muchos colombianos porque el futuro apremia y el tiempo se acaba. Usted ha logrado resultados formidables durante sus dos períodos pero es indispensable que se mantenga una continuidad en los propósitos y en las acciones fundamentales de su gobierno, y siento que usted y el Expresidente Gaviria tienen la voluntad y la capacidad para plasmar un acuerdo en torno a lo que más convenga al país.

Febrero 22 de 2009

REUNIÓN CON MOTIVO DEL TERCER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE DON HERNÁN ECHAVARRÍA O.

Instituto de Ciencia Política

Qué falta la que nos hace y que pérdida tan grande para el país ha sido la partida de don Hernán, el 22 de febrero del 2006. Personalmente tuve la fortuna de conocerlo, 54 años antes, el 11 de noviembre de 1951, cuando me entrevistó para ingresar a Corona. Desde entonces tuve el privilegio de permanecer a su lado hasta poco antes de su muerte.

No era una persona normal; era una persona excepcional; privilegiada; carismática; superior al medio; con conocimientos profundos en los más diversos temas; emprendedora; con gran espíritu empresarial; de bajo perfil; respetuosa de la opinión de los demás; con especial sensibilidad social; siempre colocaba los intereses nacionales por encima de los propios; supo aprovechar al máximo todas estas cualidades y fortalezas que Dios le proporcionó para hacer muchas cosas en bien de los demás.

Paisa. Educado en la cultura europea, en ese momento bajo influencia del marxismo. Regresó en plena crisis al país a mediados de los años treinta como administrador de Pepalfa. Representó luego a los “Echavarría flacos” en Coltejer como gerente de ventas y fundó con su familia a Echavarría Cabo, transformada en Cabarría. De allí emigró a la capital. En la década de los cincuenta participó como accionista y director de Semana y en el desarrollo de los negocios de Colcerámica en Bogotá en unión de sus hermanos, Elkin, Norman, Felipe y Alice, unión esta que fue la característica de la familia a lo largo de sus vidas. Y como algo no normal para ese entonces, la dirección de la nueva organización Corona, la delegaron en un grupo de profesionales jóvenes, con autonomía e independencia en lo administrativo. Se destacó entonces como un gran empresario, cuya función principal era la de trazar estrategias, promover ideas, dar apoyo y motivar a los directores de la compañía. Además, le quedaba tiempo para viajar en busca de nuevas ideas y experiencias que contribuyeran a mejorar el país.

A la vez fue un estadista que como pocos conocía, comprendía y se interesaba por los problemas y por el desarrollo de Colombia, dentro de una cultura social, con especial preocupación por la pequeña empresa. Siempre tenía una solución a la mano con ideas simples que se volvían realidad en corto plazo, sin misterios, sin rodeos, sin dilaciones. Fue ministro de obras de López Pumarejo, de Comunicaciones de Lleras Camargo, embajador en Washington de Lleras Restrepo y presidente de la Comisión de Valores de Turbay Ayala. Pero su preocupación mayor estaba en la educación. Fue así como participó activamente en la fundación de la Universidad de los Andes, Eafit, del Norte, el Cesa, Icesi, Incolda, de la Sociedad de Economistas, la Academia de Economía, Fedesarrollo, Profamilia, Fundación Natura, Escuela Mecánica Colombo Alemana de Barranquilla, Radio Sutatenza de monseñor Salcedo, entre otras. Además impulsó la fundación de este Instituto de Ciencia Política, en su afán por poner a pensar a la clase dirigente en soluciones a los problemas nacionales, y en la necesaria modernización de los partidos políticos. Participó también en la creación de la Corporación para la Excelencia de la Justicia, cuyo fin era desarrollar legislación que permitiera agilizar y sistematizar los procesos, bajo la dirección de un Consejo Superior Administrativo compuesto por los presidentes de las Cortes y por una gerencia ejecutiva. Esta idea suya que alcanzó a operar por poco tiempo desafortunadamente fue cambiada por la constituyente de 1991, que decidió en su lugar conformar una nueva Corte, el Consejo Superior de la Judicatura, con trece magistrados permanentes y todo el aparato administrativo que eso conlleva.

Además de ingeniero mecánico de Manchester, fue economista del London School of Economics, cuyos estudios con lo más granado de la época le permitieron profundizar en las teorías de Keynes como ningún otro colombiano de entonces, en función de las cuales escribió en 1948 su primer libro Empleo Pleno y Otros Temas, que casualmente me sirvió de texto en mis estudios de economía. Escribió luego El Sentido Común de la Economía, un libro clásico, entonces y hoy, que todos conocemos y cualquier persona puede entender. ¡Qué difícil es poder escribir así de fácil! Con el mismo estilo publicó El problema del Cambio, Macroeconomía de América Cafetera, El Sentido Común en la Reforma Agraria, Cómo hacer la Apertura Económica, Macroeconomía y Partido Liberal, La Crisis Colombiana de los 90, La Inflación. Miseria y Progreso, El Hueco Negro, además de innumerables folletos, conferencias y artículos de prensa en todos los temas de actualidad como el marxismo, la seguridad social, el problema demográfico, las FARC, la apertura, microorganismos efectivos – EM., etc.

Precursor y permanente defensor de la economía de mercado, de la iniciativa individual, de la democracia y de la libertad. Filosofía que promulgó con vigor y que era su excepcional riqueza intelectual, en la cual tenía algunos temas favoritos, aunque no siempre fue suficientemente comprendido en la profundidad y en la fuerza de sus razonamientos a pesar de la claridad de sus ideas. Una de esas tesis, sobre la cual remachaba periódicamente desde los años cincuenta, fue en relación con el problema del cambio. El insistía, con razón, en que había que tener una moneda competitiva, como lo practica hoy exitosamente la China, para desarrollar el empleo en forma en que fuera competitivo con el de otros mercados. De allí su interés de sus últimos días por conocer y divulgar los planteamientos sobre el tipo de cambio real competitivo y estable y su influencia sobre el empleo, que lo llevó a patrocinar la venida del economista argentino Roberto Frenkel como su último invitado en INCOLDA, a dar una conferencia en junio 24de 2005, a la cual asistió ya enfermo, 8 meses antes de su muerte.

Otro tema que hacía vibrar a don Hernán se relacionaba con la tenencia y el gravamen a la tierra. Permítanme tomar sus propias palabras para recordar algunas de sus insistencias al respecto, que nos repetía una y otra vez:

En Colombia la clase dirigente está viviendo del incremento en el precio de la tierra. Con eso pueden vivir toda la vida sin trabajar, y les va mejor”… ¿para qué tiene usted una finca?, ¿para descansar en ella o para trabajarla? A uno le dicen que en la sabana de Bogotá no vale la pena sembrar porque una hectárea vale 20 millones. Y entonces ¿para qué la tiene? Pues porque no cuesta nada mantenerla. Por ello es que Colombia sigue siendo un país semifeudal.

Si la clase dirigente estuviera invirtiendo más en activos reales de producción y menos en propiedad raíz, tendríamos menos gente sin trabajo y nuestro pueblo no tendría el nivel de vida tan bajo. ¿Si no hay empleo, cómo puede haber mercado?

Solamente cuando se consiga que la inversión en empresas productivas sea mejor negocio que invertir esperando la valorización de tierra, se podrá logar la industrialización y la modernización de la economía.

La reforma a la tenencia de la tierra se puede lograr simplemente cobrando con seriedad un impuesto catastral sobre el valor comercial y exigiendo que las transacciones se registren por su valor real.

Finalmente, como algo muy de él, traigo el recuerdo de la última entrevista que le hizo un periodista. Le decía don Hernán: “Escúcheme bien joven. A mis 93 años estoy muy enfermo, no tengo mucho tiempo y aunque no lo crea estoy muy ocupado, así que arranquemos ya”.

Así era. Franco. Contundente. Sin rodeos.Vigoroso. Sin tapujos. Era él el guardián que nos alertaba sobre los peligros que muchos no preveíamos o que no queríamos ver.

Que esta recordación del Instituto de Ciencia Política nos sirva para tenerlo siempre muy presente en lo que él era como persona y en sus profundos planteamientos. Los invito a que hagamos el máximo esfuerzo para que su ejemplo y sus ideas se consoliden y perduren en el tiempo, como herencia invaluable de un patriarca y tratemos de realizar su ideal: que Colombia tenga una economía moderna con empleo y con justicia social.

Julio 23 de 2009

MIS VIVENCIAS EN LA ANDI

Asamblea de Bogotá –Orden al Mérito Empresarial “José Gutiérrez Gómez”

Debo reconocer que mi vinculación a la ANDI a través de la junta de Bogotá me ha dado una de las mayores satisfacciones a lo largo de mi vida empresarial, pues me permitió tener una visión macro de la problemática de Colombia en función del panorama mundial y participar en el aporte de soluciones que si en un momento pudieron ser discutibles, con el paso de los años han mostrado su razón de ser. Hoy, al concederme la Orden al Mérito Empresarial “José Gutiérrez Gómez”, aprovecho esta ocasión para consignar algunas de mis vivencias, relativas a épocas más lejanas, pues las recientes son conocidas por todos.

Mis primeros contactos con la Asociación fueron con el inolvidable José Gutiérrez Gómez, Presidente de la ANDI, a quien dadas sus dotes personales Alberto Lleras quiso llevar más tarde a la Presidencia del país, distinción que el discretamente rehusó. Volví a estar cerca en 1958 cuando con la ayuda del gobierno americano, gracias al programa del punto IV de la Alianza para el Progreso, se dictaron en Bogotá y en Medellín los primeros seminarios de administración científica, los cuales dieron origen a la fundación de “INCOLDA” y de “Eafit”.

También participé en 1964, cuando la ANDI propició la creación en Antioquia de las cajas de subsidio familiar, siguiendo las recomendaciones de las encíclicas papales. Entonces Colcerámica, de la cual yo era gerente, fue la primera industria en Cundinamarca en acoger esta idea para establecer directamente el subsidio.

Sobra decir que desde entonces empecé a asistir a las asambleas de la ANDI y que han sido contadas las ocasiones en que he estado ausente de ellas. Recuerdo especialmente la del año 1964 en Cartagena, cuando un grupo de amigos, entre los cuales estaba el recordado Luis Escobar, dejamos una constancia histórica sobre la necesidad de participar más abiertamente, a nivel nacional, sobre los problemas de los industriales, la cual en ese momento no fue compartida por los asistentes pero que pronto dio resultados.

Al año siguiente, 1965 en Barranquilla, se hizo una profunda reforma en los estatutos liderada por Bogotá, que abrió la Asociación a una mayor participación de los empresarios de todo el país y se creó la Junta de Dirección General compuesta por los presidentes y vicepresidentes de las ocho seccionales, que sería la responsable de dirigir y de trazar las políticas, que hasta ese entonces era una función de la Junta Nacional de Medellín. Al año siguiente ingresamos a la Junta Local y fuimos escogidos como presidente y vicepresidente José Gómez Pinzón y el suscrito y como tales, nos correspondió asistir a las primeras reuniones de la Junta de Dirección General. Algún tiempo después se aprobó una nueva reglamentación estatutaria según la cual ningún miembro de las diferentes juntas podía permanecer por más de dos años continuos, aunque podía volver a ser elegido al año siguiente, con el fin de dar mayor participación a diferentes afiliados.

En 1968, con la participación de Jaime Aguilera, quien era vicepresidente de divulgación, Jai-me Lizarralde, Jaime Córdoba, Jorge Posada y Luis Escobar, realizamos una excepcional campaña sobre la empresa privada, que muchos aún recuerdan con simpatía, tendiente a concientizar a la opinión pública y a todo aquel que tuviera algún negocio como contratista, tendero, peluquero, taxista, constructor, cafetero, costurera, accionista, etc., con la idea: “SEAMOS SOLIDARIOS, YO TAMBIÉN SOY UN EMPRESARIO, CON DERECHOS Y OBLIGACIONES”. Campaña que debía continuar desarrollando otros temas tales como: Las grandes empresas nacieron pequeñas. La industria eleva el bienestar del pueblo. Cuánto gana la industria y en qué gasta sus ingresos. El trabajo es prosperidad. La industria desarrolla otros sectores. La riqueza pública es consecuencia de la riqueza privada. Los controles exagerados entraban los negocios. Para crecer la industria necesita incentivos. Por qué es necesario ahorrar. El consumidor es quien debe decidir que quiere.

Otro aspecto bien importante: La necesidad de agrandar el ponqué de la producción nacional, para que la gente tenga a su disposición más bienes y servicios; para dar más empleo; para abaratar costos; para lograr menores precios; para permitir que el Estado reciba una tajada mayor a través de impuestos y contribuciones; para que las empresas ganen más y puedan invertir en nuevas plantas

o en nuevos procesos y así el consumidor mejore permanentemente su bienestar. Desafortunadamente, al agotarse los recursos fue necesario suspender este proyecto en espera de poder reanudarlo en algún momento, cosa que hasta hoy no ha ocurrido, pero su conveniencia se mantiene y pudiera ser de mucha utilidad para crear mayor conciencia y solidaridad de la opinión pública con la actividad empresarial.

En el gobierno del presidente Carlos Lleras tuvimos un enfrentamiento con él y con su ministro de trabajo, el Tigrillo Noriega, en un debate de la Sociedad de Amigos del País, en mayo de 1968, porque el gobierno impulsaba en el Congreso un proyecto que ya había sido aprobado en dos debates, que pretendía trasladar todas las cesantías de los sectores privado y público al Fondo de Ahorros para financiar a diferentes instituciones del Estado. Afortunadamente y gracias a nuestra intervención, por delegación de José Gómez, se logró que se negara para el sector privado y se destinara solo para vivienda en el sector público.

Vale la pena recordar en tiempos de los presidentes de ANDI Luciano Elejalde y Luis Prieto, las visitas de estudio que hicimos con grupos de empresarios a Brasil, a Argentina, a Perú, a Ecuador y más tarde a Centro América y a Cuba, para conocer sus problemas empresariales y las soluciones que ellos les daban. De allí resultaron ideas y experiencias valiosas. De los viajes a Chile recuerdo una visita poco tiempo después de asumir el poder el presidente Salvador Allende, cuando nos entrevistamos personalmente con él, con parlamentarios, con políticos, con empresarios, etc. y logramos visualizar lo que les iría a ocurrir en los años siguientes y, a la vez, analizar cómo podríamos evitar que ello sucediera en Colombia.

En 1974 la junta de la ANDI-Bogotá participó activamente con INCOLDA, a través del comité industria-universidad, en la fundación del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con la especial colaboración de Fabio Echeverri, Hernán Echavarría, Ignacio Aguilar, Héctor Prada, Gilberto Arango, Alberto Samper y Jaime Lizarralde.

En intervención del presidente de Coltabaco, Darío Múnera y del suscrito, como expositores en la asamblea de la ANDI reunida en Medellín en 1977, tratamos el tema del empleo y las prestaciones. Para ese entonces ya habíamos constituido en Bogotá un comité para diseñar un anteproyecto sobre una posible reforma a la retroactividad de las cesantías y a la estabilidad en el trabajo. En él participamos con Luis Francisco Cuervo, José Alejandro Cortés, Horacio Múnera, que recuerde. El trabajo lo presentamos al presidente Misael Pastrana, quien trató de aplicarlo con base en el artículo 120 de la Constitución pero manteniendo la retroactividad y por ello hubo que descartarlo. Igualmente insistimos con Rodrigo Marín, Ministro del Trabajo del presidente Turbay y con el presidente Belisario Betancur, sin resultados. Luego con el presidente César Gaviria, quien lo acogió de inmediato y nuestro proyecto quedó plasmado en la ley 50/90.12

En 1991 la Junta de Dirección Nacional, por recomendación de Carlos Arturo Ángel, creó una comisión para proponer ideas sobre cómo modernizar la Asociación. De esta surgió una reforma de estatutos que resultó muy significativa para atraer más a los empresarios de las diferentes seccionales e involucrarlos en la discusión y en la solución de sus problemas comunes, especialmente ante la apertura al comercio exterior que se iniciaba. Con satisfacción recuerdo mi sugerencia sobre una idea que había presentado desde 1971 y que sí fue acogida en esta oportunidad, la de convertir los tímidos comités sectoriales que existían en verdaderas Cámaras, lo cual dio un gran dinamismo a la Asociación, que hoy ya cuenta con más de 28 Cámaras Sectoriales que operan con especial eficiencia y que han unido y consolidado al sector empresarial en su asociación más importante y representativa.

Durante el Gobierno de César Gaviria, siendo Ministro de Trabajo Luis Fernando Ramírez, se nos ocurrió la idea de enviar a Chile una misión de 14 parlamentarios encabezada por el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Álvaro Uribe Vélez, para analizar los desarrollos de la seguridad social en ese país. Después de un cuidadoso estudio en esa visita se logró estructurar el sistema pensional en la Ley 100/93.13 En esa oportunidad se contó con la colaboración excepcional del ex-ministro chileno José Piñera, del embajador Francisco Posada de la Peña, del Instituto de Ciencia Política y de INCOLDA.

En el 2003, gracias al empeño de Luis Carlos Villegas y después de varios años de intentarlo, se logró coronar otra idea que abrigábamos de tiempo atrás, la de cambiarle el nombre a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES por el de ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS – ANDI. Siguiendo con ANDI porque fue el sello que nos dio renombre y que simboliza todo el prestigio de la Asociación en sus años de existencia, que son los 65 que ahora celebramos y que esperamos que cumpla muchos más para bien del país, de su desarrollo, del empleo y del bienestar de todos los colombianos.

Hasta aquí un poco de historia. Antes de terminar permítanme recordar a una persona ya ausente, de quien me alimenté en la savia de su inteligencia, en su amor por Colombia, en el respeto que tenía por los demás: don Hernán Echavarría. De él aprendí a ser un apasionado de la economía de mercado, de la iniciativa individual, de la democracia y de la libertad, filosofía de la cual tenemos que seguir siendo guardianes permanentes. También aprendí de él la urgencia para Colombia de mantener una moneda sana, competitiva, que le permita generar agresivamente el empleo y el desarrollo económico necesarios para acelerar su crecimiento, tal como hoy lo practica ejemplarmente China, al haber logrado vincular a la formalidad en un corto tiempo a más 300 millones de personas. En esto siento que existe una falla seria en nuestra política cambiaria revaluacionista, igual que la que existe al no ponerle un piso a la tasa de cambio, que evite la volatilidad que produce la especulación cambiaria que venimos padeciendo.

Nos hace falta igualmente en este momento tratar de incrementar nuestras reservas de divisas en previsión de que la situación económica se complique en un futuro. De otro lado, mis colegas los economistas que nos visitan no se cansan de alabar las políticas monetarias a que hemos estado sometidos. Pero me pregunto, ¿por qué no aplicaron esas altas tasas de interés en sus países? Y, ¿no será que parte importante de nuestra recesión se debe a la alta dosis de medicina a que fue sometida nuestra economía para frenar el crecimiento que con tanto esfuerzo estábamos logrando?

Finalmente, quiero manifestar mi preocupación por el futuro que nos puede sobrevenir si no se despeja el panorama político y su incidencia en la estabilidad de las instituciones, por la cerrada oposición de las minorías que solo critican sin proponer soluciones, por la desorientación en que frecuentemente caemos en razón de la falta de objetividad de los medios de comunicación, por la profunda corrupción a que nos induce la demanda externa por las drogas, por la fragilidad de nuestra justicia que en innumerables ocasiones no es ni pronta ni transparente, y por el no claro apoyo al mantenimiento decidido a la política de seguridad democrática. Mi invitación es a que no seamos meros espectadores en esta encrucijada y hagamos un gran esfuerzo mancomunado para lograr que Colombia mantenga en el futuro el rumbo de democracia, de libertad, de seguridad y de desarrollo de los últimos tiempos.

12 Nota del Editor: La Ley 50/1990 introdujo reformas importantes al Código Sustantivo del Trabajo, en particular en lo referente a la creación de los fondos de cesantías para los trabajadores; la implementación de los contratos a término fijo, el empleo temporal y formas de subcontratación. Así mismo, dictó las disposiciones para el salario integral en Colombia y flexibilizó los procesos laborales en el país.

13 Nota del Editor: La Ley 100/93 creó en Colombia el actual sistema de seguridad social y salud con el objetivo de lograr la equidad, la calidad y la cobertura para los ciudadanos por medio de la solidaridad y la eficiencia. Actualmente funciona bajo dos sistemas de aseguramiento: el régimen subsidiado para aquellas personas que no tienen los recursos necesarios y, el régimen contributivo para las personas con capacidad de pago.

Agosto de 2009

ENTREVISTA PARA LA REVISTA ANDI

P: ¿Cómo ve usted hoy la situación actual de crisis, de recesión, en el país?

R: Igual que en las disminuciones de la actividad económica en el pasado, espero que en los próximos meses superemos las dificultades de orden económico que hoy tenemos. Lo importante es conocer sus causas y tratar de solucionarlas en el menor tiempo. La crisis financiera externa de los países desarrollados los ha llevado a una seria recesión que lógicamente nos ha afectado en el volumen y en el precio de nuestras exportaciones, y en el caso del comercio con nuestros países vecinos nos afecta por la alta dependencia que ellos tienen del petróleo. También traemos algunos problemas de tiempo atrás en la estructura de nuestro comercio exterior. Para el año 2008 la balanza comercial nos dejó un superávit de US 8,975 millones en el comercio con Venezuela, Estados Unidos y Ecuador. En igual lapso la balanza con tres países: China, México y Brasil fue negativa en US 7,631 millones (ver documento Reflexiones sobre el Empleo). El hecho cierto es que todo el gran esfuerzo exportador que hemos hecho se ha ido en buena parte en importar artículos que deberíamos haber estado en capacidad de producir competitivamente y hubiera sido mejor utilizar esos excedentes en equipo y en materias primas.

P: ¿A qué se debe que no los fabriquemos competitivamente, en lugar de importarlos?

R: Pienso que hemos tenido una política equivocada en los últimos siete años tratando de mantener un tipo de cambio bajo con una revaluación cercana al 23%. Si el cambio fuera más alto, no solo dejaríamos de importar muchas cosas superfluas sino que además nuestra producción sería más competitiva que la de otros países. A la vez nos permitiría dar más empleo a nuestras gentes, que bien lo necesitan. Esa es la política actual de la China, la que le ha permitido integrar a la formalidad a más de 300 millones de personas. Pero a veces preferimos un dólar barato: el gobierno, porque quiere mostrar un bajo endeudamiento externo en pesos o un mayor ingreso per cápita; los importadores de mercancías por razones obvias y a muchos otros porque se les facilita el poder viajar al exterior.

P: Usted ha identificado la educación como una prioridad para que el país tenga mayores posibilidades de crecimiento. ¿En qué estamos fallando?

R: Sin duda es fundamental tener más y mejor educación y esa debería ser una de nuestras mayores preocupaciones como empresarios. Nuestras metas deben estar enfocadas al futuro. En el presente, estamos dedicando nuestros escasos recursos educando muchos administradores, abogados y otros profesionales en carreras humanistas que son deseables pero no prioritarias. Por ejemplo, tenemos matriculados en Colombia en programas de administración cerca de 339.400 personas, cosa estupenda si un buen número de ellos llegara a promover sus propios negocios. Pero desafortunadamente el país no ofrece tantas oportunidades en la práctica y la mayoría acaban ingresando a la burocracia donde se dedican a refinar nuevas formas de intervención o de control, que día a día frenan la operación normal y productiva de los negocios.

P: En forma más concreta, ¿dónde cree que los empresarios deberían concentrar sus esfuerzos para sofisticar nuestras exportaciones, que no fuera solo en base a la competencia con países de bajos salarios?

R:El gran esfuerzo que deberíamos hacer los líderes del sector privado, de la universidad y del gobierno sería unirnos en un férreo compromiso, como nos lo recomendaba hace poco Carlos Caballero Argáez, para “dar prioridad y estatus a la investigación en ciencia y tecnología, es decir, a la generación deconocimiento…”yalavez,fortalecer los organismos necesarios que den el impulso y la prioridad a su desarrollo, con el fin de lograr la consagración a esos objetivos de un mayor grupo de nuestras mentes más privilegiadas, para lograr nuevos avances y descubrimientos prácticos que nos permitan convertirnos a nivel internacional en un proveedor sobresaliente de tecnología, de inteligencia y de servicios, tal como lo han hecho Taiwán o Irlanda en los últimos tiempos.

P: ¿Será que nuestros jóvenes están preparados para llevar a cabo la categoría de investigaciones que nos permitan llegar a ser proveedores de programas de investigación y tecnología?

R: La educación formal para nuestros jóvenes ha avanzado en su preparación, pero sin duda nos falta muchísimo. Al respecto, es interesante ver y adoptar un programa que existe para los niños de escuela primaria de escasos recursos económicos: “OLPC -ONE LAPTOP PER CHILD” desarrollado por el grupo del Media Lab del MIT. y su finalidad es simplemente crearles oportunidades educativas, facilitándoles un computador personal de bajo costo (US 200) conectado a Internet, con contenidos y software diseñados para dar una enseñanza global, entretenida y orientada al auto aprendizaje. Así los niños se conectan entre sí y con el mundo, con un futuro mejor en el momento en que por su edad ellos tienen más posibilidades de comprender, de absorber, de analizar y de interesarse por aprender e investigar. Esta sería una forma eficaz de empezar a preparar a los niños para llegar a ese gran programa de investigación en ciencia y tecnología de que hablábamos.

P: Finalmente, ¿cómo analizaría usted el país político?

Nuestros líderes políticos deberían tener también su mente puesta en el futuro, en estudiar otras experiencias que nos permitan tratar de construir un país mejor. Desafortunadamente desperdician muchos recursos y mucho tiempo hablando de lo que ya pasó, de lo que ya no se puede cambiar y cuando tratan sobre el presente la mayoría de las veces es para criticar o para oponerse a las propuestas del gobierno; en pocas ocasiones lo hacen para mejorar verdaderamente y en forma realista los proyectos en curso o en presentar ideas mejores. El hecho es que en el país político prevalecen el inmediatismo, el protagonismo…. Qué bueno fuera que los valiosos recursos que reciben los municipios por transferencias o regalías, los políticos los invirtieran en educación en lugar de gastarlos en coliseos, velódromos, ciclovías, ingenios yuqueros, parques de agua o piscinas con olas…

Septiembre de 2009

ORACIÓN A LOS GRADUADOS DEL CESA

Hace 35 años, el 29 de agosto de 1974, se formalizó el Acta de Constitución del CESA con la firma de 38 destacados empresarios, encabezados por el expresidente Carlos Lleras Restrepo y por don Hernán Echavarría Olózaga. En estos siete lustros la institución ha experimentado un proceso permanente de logros en el mejoramiento continuo y en la superación de no pocos obstáculos, lo cual le ha permitido alcanzar una posición destacada dentro del sector académico de la administración de empresas, pero no es suficiente con estas satisfacciones. Nos faltan aún muchos caminos por recorrer y muchos programas por mejorar o por realizar. Por ejemplo, pienso que necesitamos formalizar una alianza con una entidad académica de primer orden del exterior, que nos involucre más en la problemática de la administración del mundo actual. Lo importante es tener la decisión de asumir nuevos desafíos y llevarlos a cabo sin vacilación. Y lo más importante aún es mantener siempre muy claro nuestro objetivo inicial y fundamental “Formar los mejores líderes empresariales de Colombia”. Por algo será que de tiempo atrás, y ahora lo ratifica una encuesta de la Revista Dinero, los egresados mejor remunerados son los del CESA, los que hoy están más en contacto con la realidad nacional, lo cual implica preparación y responsabilidad.

En ese empeño nos solidarizamos con la acertada entrega que de nuestro futuro desarrollo le ha hecho el Consejo Directivo al nuevo rector, doctor José Manuel Restrepo. De él esperamos mucho, quizás demasiado y para lograrlo va a requerir del apoyo, de la participación y de la exigencia de todos los que formamos parte de esta comunidad, incluyendo la de los egresados que son nuestra razón de ser, nuestro producto final, la joya de nuestra institución, que tenemos la obligación de refinar cada día. De verdad requerimos de ustedes, que ahora terminan el ciclo académico, que sigan siendo parte viva de la institución, que no la ignoren, que no la abandonen, que nos ayuden en su mejoramiento permanente con sus constructivas recomendaciones. Por ello quiero volver al inicio de esta charla, de donde nació la constitución del CESA, y al recordarlo, que me permitan recalcar a nuestros egresados un poco de nuestra pequeña historia, para que la sientan, para que la vivan y para que la transmitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos y nos acompañen en un compromiso de superación de nuestros desafíos en el porvenir.

Se iniciaba el año 1974, cuando con Ignacio Aguilar, gerente de la ANDI en Bogotá; Héctor Prada, gerente de INCOLDA; y con el apoyo entusiasta de Gilberto Arango y del comité Empresa-Universidad de la ANDI, entre quienes se destacaban Jai-me Lizarralde y Alberto Samper, nos trazamos el compromiso de convencer a ese grupo de 38 empresarios en la idea de fundar una escuela para formar “Generales en la Administración del más alto nivel”, con los más avanzados estudios en lo teórico, pero también con mucho énfasis en lo práctico y en el conocimiento de los problemas del país, a través de congresos, seminarios, conferencias, visitas y prácticas en las empresas auspiciadoras. En ningún momento el interés se centró en tener un alto volumen de egresados sino en lograr la excelencia y en que otras universidades imitaran después el ejemplo y las experiencias del CESA. De los firmantes, 26 hicieron un aporte financiero tendiente a constituir el “Fondo para la Educación Administrativa”que sirvió como respaldo para el arranque y para asegurar la subsistencia de la institución.

Como filosofía, el CESA decidió desde un principio poner especial énfasis en una formación sólida, integral, humanista, basada en la ética y en la moral. En una disciplina de confianza y en una educación personalizada, que les permitiera a los egresados un desempeño fundamentado sobre principios claros en la orientación y en la dirección de sus actividades, para que lograran ejercer su profesión con éxito, con dignidad, con sensibilidad social y con honradez.

El organismo máximo del CESA lo constituye el Cuerpo de Electores compuesto por 100 personas, entre fundadores, empresarios, profesores y egresados sobresalientes. Quienes tienen la función y la responsabilidad de apoyar de veras a las institución, de vigilar que se cumpla la filosofía que le imprimieron sus fundadores y de elegir el Consejo Directivo. Ahora pienso que en su constitución nos quedó haciendo falta una pequeña Junta o Consejo Superior, que coordine a los electores en el cumplimiento de esos objetivos y sea como el ángel de la guarda formal de la Institución. Lo cierto es que nos hemos alejado de nuestros fundadores, incluyendo a la Asociación de Empresarios y hoy estamos en mora de corregir esas omisiones.

El 24 de febrero del 75 se iniciaron las clases en las instalaciones de INCOLDA en el piso 30 del Edificio de Seguros Tequendama. Y un año más tarde, el 23 de enero, se logró la aprobación definitiva por parte del gobierno. Tres semestres después de la iniciación de clases las instalaciones se trasladaron al edificio de la Organización Corona, en la calle 24 con carrera 7; y en enero de 1978 se mudaron al barrio La Merced. Para ingresar al primer semestre se presentaron 60 aspirantes y se matricularon 25 alumnos, de los cuales terminaron 13 en junio de 1979, hace precisamente 30 años. Miguel Ángel González fue el primer Director de Estudios hasta julio de 1975 y cuatro meses después Marco Rocha asumió la Dirección y permaneció en ella a lo largo de 32 años.

La misión del CESA resume muy bien lo que es la Institución:

Formar los mejores líderes empresariales, dotados de espíritu emprendedor, capaces de agregar valor a sus empresas, creativos, éticos y comprometidos con la generación de desarrollo económico, político y social, de acuerdo con los valores que profesa el CESA, para hacer de Colombia una nación justa, competitiva y que viva en paz.

Hasta aquí tienen ustedes el marco de la institución en la cual se han estado preparando durante estos últimos semestres, absorbiendo los conocimientos y las teorías más modernas que han de ser las herramientas que esperamos les servirán para enfrentar las nuevas experiencias y responsabilidades que ahora asumirán. Pero la aplicación en la vida real de esos conocimientos, teorías y herramientas no será tan sencilla ni tan lógica como tal vez lo sintieron en la universidad. Las circunstancias y el ambiente serán con frecuencia diferentes ante la necesidad de tener que afrontar imprevistas dificultades o comportarse ante situaciones o personas no siempre lógicas o razonables. Lo corriente será interactuar con cuatro públicos diferentes, con intereses distintos, a veces enfrentados e igualmente importantes: los clientes que siempre tendrán la razón y que requieren de una atención esmerada y eficiente; los accionistas que estarán pendientes de los mejores resultados de su inversión y de la proyección del negocio en el futuro; los trabajadores que esperan un trato cordial y unos salarios justos, acordes con sus necesidades; y la comunidad que demanda el pago de impuestos, gravámenes, contribuciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones entre otras muchas cosas. Si se pretende ser exitoso en la gestión empresarial, habrá que alcanzar y mantener la armonía de los diferentes intereses dentro de un justo equilibrio.

Otro desafío al cual deberá estar atento el recién egresado es la competencia de otros profesionales, que en algunas ocasiones será feroz o, por lo menos, tendrá que estar preparado para hacerle frente y salir airoso si quiere mantenerse en su puesto, sobresalir y progresar. Quien se quede vegetando en espera de que el maná le caiga del cielo o que gracias a los abolengos familiares o a las conexiones todo le venga como anillo al dedo, sufrirá en su vida profesional muchas decepciones y correrá el riesgo de permanecer en el mismo recodo del río estirando la caña donde ya no pica la pesca. En el mundo de hoy prima el propio esfuerzo, la preparación y fundamentalmente los resultados logrados, en un medio en permanente cambio.

Las cualidades que contribuyen a alcanzar ese éxito en nuestro comportamiento profesional es en lo que quiero hacer especial énfasis, en forma sencilla y casi paternal con base en mis propias experiencias.

Lo primero es ser conscientes de las fortalezas y de las debilidades que nos caracterizan, para saber aprovechar las oportunidades cuando ellas se presenten, para salir a buscarlas si no aparecen o para superar nuestras fallas o las amenazas en el momento en que se dejen sentir, unido esto a un permanente aprendizaje con responsabilidad de las labores que se nos encomienden, e insisto, en una clara y oportuna identificación de los errores en que se pueda estar incurriendo, en el entendido de que errores siempre existirán, lo importante es saber cómo capitalizar las experiencias. Para los recién egresados me atrevería a pensar que a veces conviene ser un poco inquisidor, un“tris”irreverente con humor, pero en especial les recomendaría que no se compliquen en la aplicación de teorías enredadas o demasiado sofisticadas y en su lugar que se esfuercen por practicar lo positivo, lo sencillo, lo auténtico, lo sincero, lo creíble, lo claro, lo que irradie confianza. Y algo a lo que a veces no se le da la suficiente importancia: que practiquen siempre una bien entendida austeridad.

Otra cualidad que hoy es indispensable para un buen administrador es ejercer un auténtico liderato, entre otras razones para integrar un equipo que logre las metas, con mística, con tenacidad, con verdadera pasión y ello combinado con iniciativa, con sentido común, con cabeza fría. Es muy importante para el verdadero líder que tenga rumbo, que tenga foco, que sepa y conozca en detalle el negocio en que se está moviendo, dentro de la visión, la misión y los objetivos trazados por la empresa.

Así se tenga todo lo anterior, para alcanzar el éxito hay que gozar el trabajo y velar porque siempre exista una especial claridad en los conceptos y en la transmisión de las comunicaciones. En este punto que parece tan simple, fallan con especial frecuencia las organizaciones más importantes y los ejecutivos más preparados, por ser algunas veces demasiado prepotentes, o por no saber decir las cosas con la sencillez y con la claridad necesaria para que cualquier persona pueda entender exactamente el mensaje que se quiere transmitir. Algo que también es indispensable que practique un buen administrador es la medición regular de las metas que se trace, que no es otra cosa que medir el desempeño real del negocio en un periodo, y conocer exactamente a qué se deben las desviaciones, con sistemas que permitan realizar mediciones y análisis fáciles, en relación al presupuesto, a los resultados del año anterior, o en comparación con el comportamiento de otros negocios similares. En la vida todo es susceptible de ser medido, solo se requiere de constancia, de malicia, de mucho olfato. Recuerdo mis tiempos de profesor de presupuestos en que mis alumnos no me calificaban bien, porque preferían limitarse a seguir de memoria lo que decía el libro y a vaciar unos números para presentar el trabajo, en lugar de desarrollar el programa pensando en todas las posibles variables. Y lógicamente se molestaban porque al final les detectaba errores

cuando las cifras no cuadraban, con el argumento de que lo importante era que habían entendido el procedimiento. Desafortunadamente así piensan algunos ejecutivos, saben cómo hacer el trabajo, dominan el procedimiento, pero no piensan y no es suficiente con solo saber, sino que es necesario dominar los detalles y las cifras para presentar las proyecciones en forma tal que puedan traducirse, al final, en resultados ciertos.

Como lo manifestamos al principio, el CESA se propone ofrecer a las empresas y al país unos administradores excelentes en todo sentido, pero tan importante como eso, buscamos, ambicionamos y queremos que ustedes tomen riesgos y estén dispuestos también a crear, a desarrollar y a hacer crecer sus propios negocios y empresas y que a través de ellos brinden la oportunidad a nuestros compatriotas de tener más empleo, de ofrecer nuevos y más abundantes servicios y aportar mayores contribuciones a la comunidad.

Siento que he tocado muchos temas importantes, pero vale la pena hacer énfasis en las cinco prioridades que deben sobresalir en nuestra vida profesional, y que cubran todos esos aspectos. Lo primero, será ganarse un liderato en todo sentido empezando por el aprecio, el cariño, la confianza, en una palabra con la amistad, desde el portero hasta el gerente. Segundo, desarrollar y aplicar el sentido común en toda su amplitud. Tercero, llevar a feliz término las responsabilidades encomendadas con verdadera pasión. Cuarto, fijar programas y medir, repito, medir regularmente y con obsesión los resultados. Quinto, todas nuestras actuaciones deben estar enmarcadas dentro de la ética y la moral y ser realizadas con total honradez.

Una reflexión final: el hogar y la familia son el refugio seguro a donde llegamos con tolerancia a reposar todas las noches después de cada agotadora jornada. Es lo más valioso que tenemos y que debemos conservar. Y es lo que de verdad nos queda al final del crucero por la vida. Nunca olviden eso.

Queridos egresados del CESA, con la ayuda de Dios les deseo éxitos, suerte y buena mar en este maravilloso crucero que hoy emprenden.

Octubre de 2009

CARTA AL MINISTRO DE HACIENDA DOCTOR OSCAR IVÁN ZULUAGA

El hecho de que tengamos una de las mayores revaluaciones en relación con otros países de nuestra órbita significa una competencia grande para nuestra producción nacional no solo en el mercado local sino para las exportaciones y por lo mismo, un estímulo al desempleo y al subempleo que de por sí son mayores en cerca del 50% en relación con nuestros vecinos. Parecería como si no pudiéramos evitar este grave problema nacional y tranquilamente comenzamos a parecernos a una economía petrolera dependiente cada vez más de los ingresos por extracción de productos minerales. Lo cierto es que recibimos una abundancia de dólares que debemos tratar de recoger y encausar con sentido común, para evitar entre otras cosas que ella se convierta en algo así como “una carga suelta en un barco” que nos haga naufragar.

Me atrevería señor Ministro, a sugerirle estudiar la posibilidad y la forma de ponerle un piso a la negociación del precio del dólar en el mercado, sin tener que emitir. Algo así como $ 2.100 ó 2.20014 por dólar para comenzar. Y organizar la compra en pesos, a través de los bancos, para una determinada oferta de dólares, por medio de un papel del gobierno debidamente diseñado, pagadero a un plazo determinado -por ejemplo cinco o más años – con un interés, que se negocie libremente en la bolsa. ¿Quién acabaría comprándolo? Pues los inversionistas atraídos por el interés más el descuento adicional que lograrían en el precio. Lo importante es ajustar bien las características del papel para hacerlo interesante y de paso lograr tener un mecanismo para frenar en el mercado la caída del precio del dólar y así evitar la volatilidad que está generando la especulación cambiaria que hemos padecido en los últimos años. Y ¿qué se haría con tantos dólares? Pues varias cosas como:

Pagar deuda externa.

Reemplazar la colocación de nuevos préstamos externos. 

Financiar en parte el plan vial en infraestructura de carreteras.

Mantener un fondo en divisas en el exterior para eventualidades, como en cierto modo lo tienen la China y otros países. Si ellos han podido manejar los excesos de liquidez generada en sus balanzas cambiarias, ¿por qué nosotros lo dudamos?

14 Nota del Autor: Las cifras son aproximadas. Habría que calcularlas de acuerdo a los rendimientos del mercado.

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EL DESEMPLEO

Y algunas de sus arandelas…

Uno de los problemas más serios que tiene Colombia es el de la falta de empleo productivo. La clase política en su preocupación por darle una solución a este problema, lo maneja a través de una burocracia improductiva, −lo que llamamos “clientelismo”−, que lo que ha hecho es entrabar y estorbar el desarrollo normal de los negocios, con un exceso de reglamentarismos, que asfixian y estrangulan la economía.

Siendo realistas, muy pocas veces se han hecho análisis profundos de cuáles son las verdaderas necesidades de empleo productivo, con el fin de aportar soluciones prácticas. Por lo general, se han buscado salidas fáciles, como la de establecer nóminas paralelas o la de crear empleos masivos de tramitadores que se la pasan estampando sellos o emitiendo certificados. Parece como si al país no le importara desgastarse en algo tan absurdo, improductivo e innecesario; cuyo mayor logro es permitir alimentar la creciente corrupción, que a pesar de cumplir con requisitos que demandan entidades con las mejores intenciones, no presentan resultados satisfactorios, ya que su desempeño depende en buena medida de los mandos medios, que se entronizan en las posiciones y que mantienen a mano el parágrafo de la ley que les permite confundir a un nuevo jefe que llega con el ánimo de mejorar las cosas.

Así por ejemplo, una entidad cuyo objetivo es la protección de los colombianos en cuanto a alimentos, drogas e insumos, −y que funciona en unas modernas instalaciones de la capital −, se encuentra a reventar por la cantidad de formularios, certificaciones, conceptos y permisos que de cada expediente debe conservar. Ni tampoco hay espacio para la cantidad de empleados haciendo trámites con criterio prevenido, para lo cual se curan exigiendo certificados y constancias de no acabar, antes de autorizar el ingreso al país de donaciones que ofrecen enviar naciones o entidades amigas, a fin de colaborar en calamidades o catástrofes, pero que al final muchas veces no llegan porque, en opinión de esos mandos medios, podrían estar contaminadas por productos transgénicos, −o por cualquier otra impredecible razón−, sin importar que entre tanto, muchas de nuestras gentes se mueren de hambre.

Este problema se agudizó a mediados del siglo XX, entre otras cosas por una explosión demográfica cercana al 3% que nos acosó por esa época, por el incremento en el promedio de vida del ser humano en los últimos años y por la entrada de la mujer en el campo del trabajo remunerado, entre otras muchas razones.

También ha contribuido la forma como nos enredamos tratando de hacer complejo el diario trajinar, como por ejemplo en la liquidación del sinnúmero de prestaciones paternalistas que, en aras de la protección al trabajador, lo que han logrado es parcelar el salario que este recibe, quitándole la responsabilidad de manejar sus ingresos y de planificar su futuro. De paso hacen complejas las labores del empleador y ahuyentan al emprendedor que vacila en decidirse por iniciar nuevos negocios o quehaceres.

Veamos algunos ejemplos simples:

CESANTÍA

Son dos prestaciones que en el fondo tienen su razón de ser. Primero fue la Cesantía y su nombre lo decía todo: el trabajador estaba protegido en el momento en que quedara cesante y, luego, se permitió la posibilidad de destinar su valor a la consecución o a la mejora de la vivienda, pero con el tiempo se desvirtuó con los incrementos inflacionarios y acabó por ser un sobrepago equivalente en un momento dado a más del 25% de los ingresos del trabajador, en cuantías inciertas que iban camino de causar la quiebra de las empresas. Al fin se corrigió la forma de liquidación, al equivalente de un sueldo mensual extra pagadero en febrero, pero quedó un pequeño error que no se previó y fue que el trabajador podía solicitarla cada año sin mayores requisitos; en consecuencia, se convirtió en un ingreso regular que solo permanece en los Fondos de Cesantías por poco tiempo. La pregunta es ¿por qué entonces no incluirla de una vez dentro del salario y evitar así los recaudos, los pagos incluyendo intereses y la costosa operación administrativa de los mismos Fondos? En la práctica es el simple ejemplo de un trabajo innecesario que se hace como muchos otros, recargando aún más la ya pesada e inútil rutina diaria. O ¿por qué no reglamentarla de nuevo para que esta prestación solo pueda aplicarse a programas de vivienda y para que el trabajador pueda entonces utilizarla para subsistir en caso de retiro del empleo?

SANCIONES POR DESPIDO

Con esta situación sucede algo similar. Fue necesario reformarlas con la ley 50/1990 y posteriormente con la ley 789 de 2002, para que fueran más razonables en su cuantía. Pero lo lógico sería eliminar las sanciones por despido de una vez y hacer que el empleador a cambio consigne al trabajador en su misma cuenta de cesantías, una suma cercana al equivalente a medio salario por año adicional, a manera de seguro de desempleo; que sin importar si renuncia o es despedido, el interesado puede llegar a retirar el 50% de lo que estaba devengando, mientras se lo permita y le alcance su propio ahorro acumulado. Que será mayor mientras más tiempo permanezca en su puesto, como un premio al esfuerzo que le representa observar un buen comportamiento. No podría ser un pago con base en la solidaridad, porque entonces los que se lucrarían serían los vagos.

PARAFISCALES

Los parafiscales tienen cierta razón de ser, pero en la práctica el recaudo no debería tener el trato de un impuesto del 9% al trabajo. Los empresarios por su voluntad establecieron el subsidio familiar equivalente al 4% del valor de la nómina, como un aporte a un fondo para distribuir entre todos los hijos de sus trabajadores, −la verdad es que el programa no resultó efectivo por propiciar la explosión demográfica en la época−. Entonces los Fondos o Cajas destinaron parte substancial, cerca de un 90% de sus ingresos, para financiar otros programas como ciertos suministros en almacenes especializados, centros vacacionales, atención a la salud de los niños, programas parciales de vivienda, seguro parcial de desempleo, etc.; algunos de ellos discutibles por ser parciales con el aporte de todos y especialmente el de los almacenes, pues estos ya tiene vida y patrimonio propio y no deberían requerir de ingresos frescos en forma permanente.

Después llegaron otros impuestos a la nómina como el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3% y el del Sena 2%. Para financiar estos programas en un futuro, lo recomendable sería que se acudiera a aportes razonables a través del presupuesto nacional o como un cobro mayor por IVA. Y por otra parte, con excepción del Sena, habría que hacer un estudio serio de si los inmensos recaudos del 7% restante por Parafiscales, sí justifican mantener como prioridad todos y cada uno de estos programas frente a otras necesidades.

Finalmente, como muchas de las empresas que se crean hoy en el país, más las que llegan del exterior, tienen un alto contenido en tecnología; a la hora de la verdad los puestos de trabajo que se crean son muy pocos, por lo cual las nuevas inversiones, nacionales o extranjeras, no están generando suficientes empleos productivos para bajar del 12.2% el desempleo que ya tenemos. Por eso es urgente, apremiante, no da más espera y es indispensable, redoblar esfuerzos para lograr implantar un verdadero programa, un plan o una política que sea efectiva para solucionar esta cada vez más grave situación que atraviesa Colombia.

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EL CENTRALISMO

¿Y dónde van a vivir y a trabajar mis hijos?…

Decíamos en 1963:

Una de las razones por las cuales nuestro desarrollo es cada día más complejo, es por la tendencia cada vez más pronunciada a concentrar los problemas y la solución de ellos en una pocas personas y en una determinada región…. La centralización aumenta a medida que crece la intervención del Gobierno en las actividades económicas.

El hecho es que en la primera mitad del siglo XX cerca de un 70% de la población del país vivía en el campo, pero poco a poco, a medida que llegó la civilización, se fue desplazando a las poblaciones, y de estas pasó a las ciudades medianas y luego a las mayores. También ha estado presente una peregrinación de desplazados por la violencia o por los campesinos que abandonan el campo, −en buena medida, gracias a las ayudas que ofrece el gobierno inducidas en parte por grupos de abogados que se lucran de esos auxilios−. Pero allí no pararon esas migraciones. La Capital del país absorbió buena parte del territorio y muchas gentes siguieron la peregrinación a otros países como EE.UU, España, Venezuela, etc., en busca de un trabajo y de un mejor vivir para su pareja e hijos. A la vez las grandes ciudades como Barran-quilla, Cali y el mismo Medellín, perdieron parte de sus encantos y de su pujanza; desaparecieron o se marchitaron muchas de las empresas con innumerables accionistas que fueron importantes en esa época. Otras de carácter familiar, que eran un refugio para los hijos, pasaron a formar parte de conglomerados extranjeros. Colombia se concentró pues en Bogotá, sede del Gobierno central, del poder, de la política, del presupuesto, de los negocios. Y en Bogotá están puestos los ojos para quien quiere levantar “una chanfa” que le permita educar la familia… o hacer dinero.

El resto del país ahí va, a un ritmo más lento y más dependiente de los poderes centrales. Pero ciertamente le hace falta a la gente mucha energía para sacudirse de una vez y salir adelante, entre otras cosas para que:

El principio constitucional de Núñez de la Centralización Política se fortalezca con la centralización en el control y con la descentralización en la ejecución.

La provincia vuelva a tener vida propia, se redistribuyan entre las diferentes regiones, no solo las rentas, sino también muchas de las responsabilidades, de las funciones, de las inversiones, de los gastos, de las iniciativas que hoy son monopolio del centralismo. Los municipios debieran responsabilizarse de atender directamente la salud a través del Sisben y la educación primaria y secundaria, fortaleciendo de paso los ingresos de Catastro y del Situado Fiscal. Los departamentos deberían dar especial atención a la educación universitaria y técnica. Así las regiones cuidarían mejor las transferencias que reciben y harían los recaudos de sus rentas con más esmero y con la participación de sus gentes, los invertirían en forma eficiente en la satisfacción de las necesidades de sus moradores y en una más cercana educación de sus hijos.

Se determine la forma como varios organismos rectores de la actividad pública operen en forma descentralizada para las regiones, igual que un sinnúmero de industrias y de negocios se sitúen más cerca de sus mercados locales y de exportación, con ayuda, naturalmente, de incentivos tributarios y de otra índole.

La mayoría de las decisiones relacionadas con las regiones se tomen localmente, en los niveles más bajos de la administración que sea posible, para fortalecer y estimular la estructura de las regiones; a la vez para desarrollar y aprovechar la capacidad de decisión de sus gentes.

Pongamos en ejecución, con disciplina y constancia, verdaderos planes de control a nivel nacional y regional, en los cuales no se toleren más despilfarros, ni más gastos suntuarios o déficits presupuestales. A la vez que se fomente el ahorro público en épocas de bonanza para poder invertir cuando lleguen las crisis. Así desterrar definitivamente las inversiones de las regalías en obras faraónicas y superfluas como coliseos, velódromos, ciclovías, ingenios yuqueros, parques de agua, piscinas con olas, etc. En su lugar fomentemos la ciencia, la innovación, el desarrollo tecnológico, la generación de conocimientos, en una estrecha colaboración con la universidad regional y el sector privado, en procura de convertirnos en destacados exportadores de inteligencia y generadores de emprendimiento. En este orden de ideas es importante anotar que las regalías no deben transferirse únicamente a los entes territoriales que las generen; estas deben llegar a todos los departamentos y municipios, con un orden de prioridades que incluya el nivel de prosperidad o de atraso de las regiones, lo cual significa nuevas acciones redistributivas para luchar contra la inequidad.

Nos empeñemos en un programa serio de desregularización en todo aquello que no sea ni sustancial, ni necesario, ni útil, ni práctico; insistiendo simultáneamente en profundizar y en mantener un estricto control sobre lo prioritario. Para ello se requerirá de una legislación excepcional de emergencia y de una muy férrea decisión política.

Con un sistema político más descentralizado cada región debería poder valerse por su propio esfuerzo para administrar más eficientemente y en forma independiente sus propios recursos, en una sana competencia con las restantes regiones del país, dejando de lado las prácticas proteccionistas y paternalistas de las cuales hemos dependido por tantos años, en una lucha por lucrarse de una tajada mayor del patrimonio nacional.

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LA REVALUACIÓN

¿Y será malo tener un dólar barato?…

Entender cómo opera el comercio exterior y el flujo de pagos que se deriva de él −y manejarlo con sentido común−, ha sido un verdadero dolor de cabeza para Colombia por mucho tiempo. Así, por los años cincuenta, los recursos de moneda extranjera eran pocos en relación con nuestras necesidades de importación. Ante la escasez se apeló a la improvisación de políticas que estableció sistemas de cupos con grupos de licencia libre, previa o prohibida prohibida importación, etc. Con el resultado de que quien tenía más poder de intriga se quedaba con un mejor reparto de divisas, lo cual les permitía lograr utilidades excepcionales. Este problema se fue agudizando hasta la crisis cambiaria del año 1966, cuando el Presidente Carlos Lleras sancionó el Estatuto Cambiario, Ley 444, que implantó la devaluación “gota a gota” que, como sabemos, despejó los problemas cambiarios por mucho tiempo.

Sin embargo, en la primera década del nuevo siglo −y en particular en los últimos años−, las cosas se han presentado un tanto más complejas, prácticamente a la inversa, ante los déficits del gobierno, la pérdida del poder adquisitivo del dólar en los mercados internacionales; y ante la aparición de una creciente disponibilidad de divisas provenientes del negocio de las drogas, que llegó al país en mala hora, y que se ha infiltrado como las gotas de agua, en forma imperceptible y descarada por todas las rendijas de nuestra economía. Por estas razones, principalmente, ha aparecido una creciente revaluación de nuestro peso, aproximadamente 4% en promedio anual, entre enero de 2003 y enero de 2011, dada la abundancia de dólares, cuando años atrás eran escasos.

Lo anterior ha significado que nuestras exportaciones se hayan encarecido y, por lo mismo, la competencia con lo importado se ha vuelto cada vez más difícil. Así, en igual periodo, México en lugar de revaluar −como nosotros− ha devaluado cerca de 18% y Argentina 34%, ocasionando que muchas de las cosas que nosotros producíamos para el consumo interno ahora las importemos. Además durante los años anotados, el salario mínimo se incrementó 65% en pesos, pero como el dólar se ha revaluado 35%, el costo de nuestra mano de obra exportada se ha encarecido a enero de 2011 en 148%. ¿Cómo poder competir así?… Sin embargo, muchos de nuestros funcionarios públicos y colegas economistas no se percatan de que la revaluación es una de las razones fundamentales para el agudo desempleo que hoy padecemos.

Si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, en los cuales prima un desempleo de aproximadamente 8% en agosto de 2010 el nuestro se encontró en un 12.2%, más de 50% por encima.  De allí también que uno de los porcentajes más bajos de exportación en relación al PIB lo tenga Colombia. ¡Y qué decir de los países asiáticos! En especial China, país que practica una férrea política devaluacionista que le permite hacer y mantener competitivas sus exportaciones y por lo mismo su mano de obra; asimismo, gracias a ello ha incrementado su clase media en más de 300 millones de personas, además tiene el inteligente manejo en el mercado internacional de unos inmensos ahorros como resultado de esta estrategia. Por el contrario, nuestras autoridades monetarias no han podido encontrar cómo lograr impulsar seriamente nuestro comercio exterior y alcanzar una relativa estabilidad cambiaria. Solo intentaron comprar tímidamente −y con dudas− unos cuantos dólares en el mercado, pero pronto se asustaron y anunciaron el fracaso de la medida, para volver a probarlo de nuevo.

Pienso que a nuestra política le ha faltado ponerle un piso al valor de la negociación del dólar, para estabilizar la brusca oscilación en el precio de esta divisa. Y para ello, en el pago por concepto de dólares que hagan las entidades financieras en el mercado, −diferente a las importaciones, exportaciones e inversiones−, entreguen un bono o papel, en pesos o en dólares con el respaldo del Gobierno Nacional, a cinco o más años de plazo, con un interés determinado y negociable en las bolsas de EE.UU. y de Colombia. Con los recursos en divisas se podría, entre otras cosas, pagar deuda externa, financiar el desarrollo de la estructura vial del país, o crear un fondo en divisas que robustecería nuestras reservas.

A veces nuestras autoridades monetarias nos confunden al vendernos la idea de que no ven tan malo tener un dólar barato, el cual nos permite alcanzar un mayor ingreso per cápita, mostrar un endeudamiento menor, facilitarnos viajar frecuentemente al exterior y que podamos adquirir un sinnúmero de artículos importados. Como está sucediendo actualmente, pues antes fabricábamos en el país y ahora traemos de China, México, Brasil, otros países de Asia, etc., contribuyendo a un mayor desempleo de nuestras gentes. Más aún, hay colegas que sostienen que debiéramos emprender ya una gran cruzada de incremento a la productividad, lo cual estaría bien, si no fuera porque en el momento actual ello contribuiría a empeorar más nuestras cifras de empleo.

Pero por si eso fuera poco, ahora nos llega una bonanza minera y de hidrocarburos, con más de dos terceras partes de las inversiones extranjeras que están ingresando al país, que en 11 años pueden proporcionarnos exportaciones por 55 mil millones de dólares, conduciéndonos casi anestesiados a sufrir la “enfermedad holandesa”, si no se toman medidas adecuadas y prontas, como el proyecto de la llamada “regla fiscal”, con el que se busca lograr un mejor orden en el manejo del gasto público y el ahorro de una parte de los ingresos que generará la bonanza para poder utilizarlos cuando nos llegue la escasez.

Si no somos capaces de encontrar y aplicar una solución a la “revaluación”, iremos a un irremediable mayor marchitamiento de nuestras industrias de exportación y a las que hoy compiten en el mercado nacional con los productos importados. Por otra parte, mientras el peso se ha revaluado entre enero de 2003 y enero de 2011 en 35%, −es decir que las cosas importadas cuestan menos−, el salario mínimo en pesos se ha incrementado en 61%. Esto significa que la mano de obra de nuestras exportaciones se ha hecho 148% más costosa.

***

Qué ironía... ¡cómo cambia el mundo! Ahora, en función del empleo los países desarrollados, con China en vía de ocupar en segundo lugar, se empeñan sigilosamente en refugiarse en una política devaluacionista, mientras los países subdesarrollados, como Colombia, nos ufanamos de ser revaluacionistas.

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LA EDUCACIÓN

No dejemos para mañana lo que debemos hacer ya…

CARTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DOCTORA MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

FEBRERO 28 DE 2011

Ciertamente fue trascendental el Foro “El reto de los empresarios frente a la innovación y la calidad en educación como estrategias de competitividad y equidad” promovido por el CESA y el ICP el pasado 21 de febrero, con la participación central de Andrés Oppenheimer. Es una pena que usted no haya podido estar presente, porque el tema tratado tocaba la fibra más íntima de sus programas: la necesidad de una mejor calidad en la educación. Pero su participación al inaugurarlo fue especialmente interesante para los participantes por formular e insistir precisamente en este tema que usted ha destacado desde antes de posesionarse del Ministerio. Lástima que en su intervención nos quedamos con la expectativa y el deseo de que nos contara en qué va el proyecto que se acordó entre el gobierno y el Consejo Privado de Competitividad en su Foro de noviembre pasado, en el cual el sector empresarial se comprometió a aportar cerca de un millón de dólares para financiar el estudio que permitiría identificar las áreas en que se puede y se debe avanzar en un verdadero mejoramiento y en las cuales se comprometerían los sectores privado y público para trabajar hombro a hombro en un programa similar al que se desarrolló inicialmente en Israel y ahora en Brasil, como lo relató agudamente Oppenheimer en su libro y en la conferencia.

Entre los innumerables aspectos para lograr ese mejoramiento hay uno que destaqué en el almuerzo al cual nos invitó posteriormente el CESA. Se trata de la necesidad de extender el tiempo de estudio en las escuelas, no solo en días año sino, y lo más importante, en volver a implantar en un todo la jornada completa de estudio de ocho horas al día que existía en el pasado y que fue recortada a la mitad, pensando quizás en forma ingenua que de esa manera se podría repartir nuestra pobre educación. Lo cierto es que actualmente existen infinidad de escuelas en todo el país que solo laboran media jornada y el resto del tiempo permanecen ociosas mientras los jóvenes pasan el resto del tiempo vagando, expuestos a muchos peligros. Para muestra el caso de Subachoque, aquí no más en la Sabana…

Otro aspecto también ligado directamente con la calidad fue el que expresé en una entrevista que concedí a la revista de la ANDI, cuando me otorgaron la Orden al Mérito Empresarial “José Gutiérrez Gómez”, hace poco más de un año. Hacia énfasis entonces en el esfuerzo que estamos obligados a hacer los líderes del sector privado, de la universidad y del Gobierno, para que unidos en un férreo compromiso demos prioridad y estatus a la investigación en ciencias y en tecnología, es decir, a la generación de conocimiento… y a la vez, fortalecer los organismos necesarios que den el impulso y la prioridad a su desarrollo, con el fin de lograr la consagración a esos objetivos de un mayor grupo de nuestras mentes más privilegiadas, para lograr nuevos avances y descubrimientos prácticos que nos permitan convertirnos a nivel internacional en proveedores sobresalientes de tecnología, de inteligencia y de servicios, tal como lo ha logrado Taiwán, entre otros países, en los últimos tiempos.

En este orden de ideas, como lo propuso Rodrigo Arboleda en el Foro, sería muy interesante adoptar en Colombia un programa que ya existe en 40 países con más de dos millones de usuarios (y que por lo tanto no se trata de un experimento), para los niños de escuela primaria de escasos recursos:“OLPC -One Laptop per Child” desarrollado por el grupo del Media Lab de M.I.T y cuya finalidad es simplemente el de inclusión social, de equidad social, el de eliminación del aislamiento, de crearles oportunidades educativas, facilitándoles un computador personal de muy bajo costo (U$ 200 aprox.) con conectividad a Internet, con contenidos y software diseñados para dar una enseñanza global, entretenida y orientada al autoaprendizaje. Así los niños, con sus propios computadores estudian, hacen sus tareas en la casa, inclusive con la participación de la familia, se conectan entre sí y con el mundo, con un futuro mejor en el momento en que por su edad ellos tienen más posibilidades de comprender, de absorber, de analizar y de interesarse por aprender a investigar. Más que obtener mejores calificaciones en tests de matemáticas, lenguaje o ciencias, lo que se está buscando es desarrollar un nuevo perfil de ciudadano que sea capaz de aceptar los retos que países como China, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, inclusive la India, para no hablar de Finlandia, están poniendo al resto del mundo. Esa es la esencia de la charla de Oppenheimer, esa es la esencia de lo que Arboleda y su grupo están tratando de hacer. Es por eso que el CESA-ICP los invitó juntos para que compartieran con el Gobierno y con nosotros esas experiencias y desafíos, de manera que podamos preparar a los niños para que se pueda llegar algún día a ese gran programa de investigación en ciencia y en tecnología de que hablamos antes. Indudablemente, lo razonable es llegar en primer término a quienes se inician en la educación primaria antes que en el bachillerato, como lo proponen quienes tienen otros intereses… Cuánto tiempo hemos perdido ya en discusiones estériles…

Finalmente, es muy importante tener presente que existen actualmente instituciones interesadas del sector privado en facilitar y en donar estos equipos a niños de la Costa Atlántica y del Vichada mediante la formación de un fideicomiso (“trust fund”). Al acoger el Gobierno Nacional este proyecto, como se ha propuesto, se podría comprometer a sectores dirigentes del país conscientes de la necesidad inaplazable de mejorar la educación, para que se involucren con aportes voluntarios e importantes para facilitar el acceso a este programa a los niños de las regiones en que ellos de alguna forma se encuentren vinculados y estén interesados en fomentar su progreso.

Es el momento de despertar y de encender ese entusiasmo y ese interés que todos llevamos por dentro para lograr unidos: Gobierno y sector privado, la transformación de la educación en Colombia, bajo la dirección de su Ministerio y quizás con la participación de la Primera Dama de la Nación.

ANEXO

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ, AL DOCTOR FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ EN LA ENTREGA DE LA ORDEN AL MÉRITO EMPRESARIAL “JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ”

Bogotá D. C., 23 de julio de 2009

Celebro el merecido homenaje que la Asamblea Seccional Ordinaria de Afiliados de la ANDI Bogotá, le tributa al doctor Francisco Mejía Vélez, como reconocimiento a su trayectoria empresarial y a sus invaluables méritos en el liderazgo para el desarrollo social nacional.

El doctor Mejía Vélez ha demostrado con su talante de persona leal a sus principios, con su disciplina de trabajo y con sus ejecutorias, el porqué la dirigencia empresarial es elemento esencial del capital social de un país y requisito indispensable para conquistar altos niveles de satisfacción de las necesidades colectivas. Fiel representante de esa afortunada simbiosis de gente de empresa y de gente cívica que desde hace muchos años ha dibujado el perfil del dirigente antioqueño, el doctor Mejía Vélez ha sido un hombre visionario que se ha desempeñado con brillo en el sector privado. Así lo confirman casi dos décadas al frente de la Organización Corona, su contribución a la creación del INCOLDA y del Colegio de Estudio Superiores de Administración-CESA, su participación, junto con otros ilustres compatriotas, en diversas juntas directivas, entre ellas, la de la ANDI Bogotá que presidió.

Colombia respeta y quiere a su clase empresarial, de la cual es emblema el doctor Francisco Mejía; por su mística, entusiasmo por la Patria y fe en el país; y por otro mérito, no menos relevante, la conciencia de su papel social y su sentido de solidaridad como factor de bienestar para todo el pueblo.

La Orden al Mérito Empresarial José Gutiérrez Gómez que hoy se le impone al doctor Mejía, no es un gesto protocolario, sino ocasión para revitalizar y expandir el buen ejemplo: el del trabajo honrado, el de la iniciativa inversionista con responsabilidad social y el de la generosidad.

Reciba en este día mi fraterno abrazo de felicitación, y un saludo de compatriota y amigo, que le ruego haga extensivo a los integrantes de la ANDI Bogotá, a los asistentes a la Asamblea y a todos los suyos.

Álvaro Uribe Vélez

Tabla de contenido

Portada

Portadilla

Créditos

PRÓLOGO

LA DEVALUACIÓN Y LA ECONOMÍA COLOMBIANA

LA DESCENTRALIZACIÓN: UNA NECESIDAD

EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

CORRECCIÓN MONETARIA

LA CUESTIÓN SOCIAL

CARTA AL SEÑOR PRESIDENTE BELISARIO BETANCUR CUARTAS

POSTULADOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

RACIONALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA

EL RETO PARA EL NUEVO GOBIERNO: HACER LA PERESTROISKA COLOMBIANA

EL PORQUÉ DE LA APERTURA

QUÉ HACER CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FRENTE A LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD EXTERNA

CARTA AL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

REUNIÓN CON MOTIVO DEL TERCER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE DON HERNÁN ECHAVARRÍA O.

MIS VIVENCIAS EN LA ANDI

ENTREVISTA PARA LA REVISTA ANDI

ORACIÓN A LOS GRADUADOS DEL CESA

CARTA AL MINISTRO DE HACIENDA DOCTOR OSCAR IVÁN ZULUAGA

EL DESEMPLEO

EL CENTRALISMO

LA REVALUACIÓN

LA EDUCACIÓN

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR ÁLVARO URIBE VÉLEZ, AL DOCTOR FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ EN LA ENTREGA DE LA ORDEN AL MÉRITO EMPRESARIAL “JOSÉ GUTIÉRREZ GÓMEZ”

Contraportada